Diego Enrique Osorno
Julio Castrillón era un joven de 16 años aparentemente normal hasta que mató a Ana Nassar. El 29 de enero del 2002, después de invitarla a su casa, Julio le dio varios golpes con una mancuerna para hacer ejercicio, dos de ellos, los que acabaron por quitarle la vida, en la nuca. Una vez muerta, el joven arrastró al baño a la jovencita de 13 años y siguió atacándola con un cuchillo.
Después de cortarle el dedo índice derecho, habría de meterla en una caja de plástico y llevarla al patio de su casa, para enterrarla. En la casa de la colonia residencial de Monterrey, donde había ocurrido todo esto, se encontraba también una joven indígena de San Luis Potosí que laboraba como sirvienta y los dos hermanos de Julio. Las pesquisas indicaron que nadie había visto, ni escuchado nada.
Al día siguiente Julio llamó a la casa de Ana para buscarla e insinuar que no la había visto el día anterior. Para ese entonces, los padres de la chica, unos reconocidos médicos, ya habían pedido la ayuda de la policía para dar con el paradero de su hija.
Sería el psiquiatra de Julio, el que ayudaría a comenzar a esclarecer este suceso que durante un año estaría en las portadas de los periódicos y en los contenidos de los noticieros de televisión, cimbrando a la sociedad regiomontana del siglo XXI. Julio le había contado lo que ocurrió al psiquiatra, pero asegurándole que todo se había tratado de un sueño. Pocos días después de la confesión, el joven fue arrestado y el cuerpo de Ana fue encontrado enterrado en el patio de la casa de la familia Castrillón.
Durante el desarrollo de las investigaciones (cuyo avance o retroceso daban puntual seguimiento decenas de periodistas), se inventaron mil cosas para tratar de suavizar el caso contra Julio o para agravarlo. Su familia, de abolengo e integrante distinguida del Partido Acción Nacional, llegó a insinuar que la jovencita Ana lo había provocado, y algunos de sus más fieros detractores, a acusarlo de ser un adorador de sectas satánicas.
El padre de Julio, del mismo nombre, había sido diputado federal y era por entonces un funcionario del Gobierno estatal, encargado, paradójicamente, de cuidar la educación pública en el estado. Respaldado en un principio por su partido, Castrillón padre también sería indiciado y detenido momentáneamente junto con su esposa, para luego ser liberados.
En cambio, el joven Julio, después de confesar el crimen, sería sentenciado a permanecer 5 años en el Consejo Tutelar de Menores, algo que a algunos sectores locales había provocado mucho malestar, ya que hasta de la pena de muerte se había llegado a comentar en algunos foros.
A su salida, el 30 de enero de 2007, Julio, con constantes invocaciones a Dios, hablaba ante los medios de comunicación que todavía daban un estridente seguimiento al caso. A ellos, Julio les decía: “Quiero reconocer que cometí un pecado y quiero pedir perdón a todos los que salieron afectados por mis idioteces; pero ahora nada más queda mirar adelante y gracias a Dios por una nueva oportunidad”.
Después de eso, el joven deslizaba la posibilidad de convertirse en un misionero cristiano, para luego marcharse a su casa, la misma en donde había asesinado y enterrado a la joven Ana Nassar.
Cuatro años después, otro joven estremecería de nueva cuenta a la ciudad. En este caso se trataba de Diego Santoy Riveroll, un chico de familia acomodada, proveniente de Tijuana, que había acabado a cuchillazos con la vida de dos niños, hermanos de su novia, a la cual también había intentado matar.
Este joven asesino tenía todo lo que cualquier adolescente podía aspirar: era atractivo, tenía dinero, estudios, una familia que lo apoyaba y una hermosa novia. Finalmente, estas características, sumadas a que las víctimas de Santoy eran los hijos de una conocida conductora de televisión en Monterrey, harían del brutal caso, una telenovela.
Después de ser detenido en Oaxaca, cuando intentaba llegar a Guatemala, para refugiarse, Diego sería traído a Monterrey, donde su padre, un experimentado abogado, empezaría a insinuar la colaboración de la jovencita –aún herida por un cuchillazo en el cuello- en el crimen de los niños.
La querella legal, quedaría enmarcada por la verdadera guerra por el raiting entre las televisoras locales. Como la madre de las víctimas, Tere Coss, laboraba para Multimedios Televisión, los abogados del joven asesino verían en la competencia, Televisa y TV Azteca, la posibilidad de litigar mediáticamente a favor de Santoy, al grado de que, gracias a la publicidad obtenida, el asesino de los dos niños, sí, terminaría en la cárcel, pero con un fama que le permitía poseer hasta club de fans, así como la divulgación de su rostro en centenares de camisas.

No. Ya no son emprendedor, trabajo, dinero, industria, cerveza y progreso las palabras cotidianas, ni tampoco es el mito de la bonanza regiomontana el que hoy prevalece en esta ciudad. Aquí hay un nuevo mito, el del narcotráfico, y este tiene sus propias palabras, un nuevo vocabulario regio: cuerno de chivo, cárteles, balacera, coca, maña, sicario, guisos, Malverde, levantón, capo. Pero la principal palabra de esta temporada negra es, sin duda: “ejecutado”.
Parece broma (macabra), pero los reporteros de Monterrey dan por sentado que cada martes la noticia principal que darán sus periódicos será la del ejecutado del día.
No es gratuita la figuración. De las 84 ejecuciones registradas en Nuevo León hasta junio de 2007, por lo menos 20 han sido realizadas este día en el que se deben hacer las mayores ofrendas a la Santa Muerte, según sus seguidores.
Mario César Ríos Gutiérrez, un diputado local del PRI, también murió un martes, al parecer el día preferido por los sicarios de la mafia para cumplir sus trabajos en Monterrey, ya no en lejanos montes baldíos de la periferia de la ciudad, sino en plena Macroplaza.
Las inquietudes de la sociedad nuevoleonesa en torno a la problemática del narcotráfico se incrementaron a lo largo 2006, al ocurrir 55 ejecuciones, entre las que destacaron las de jefes policiacos estatales y municipales.
Entre los asesinatos de entonces estuvieron el del director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Marcelo Garza y Garza, así como los jefes de las policías de San Pedro Garza García, Sabinas Hidalgo, Linares y Santa Catarina.
El enfrentamiento más cruento de todos se registró la medianoche del 30 de noviembre, cuando sicarios de ambos grupos delictivos protagonizaron un tiroteo, donde perecieron miembros del Cártel de Sinaloa, entre ellos Miguel Angel Alanís Caballero, “La Chiva”.
En esos hechos, del estacionamiento de un centro comercial de la colonia Valle Soleado, en el municipio conurbado de Guadalupe, pereció una obrera inocente, que recibió un impacto de bala cuando el autobús de personal que la trasladaba cruzó por el lugar.
“Se trata de la pugna entre dos organizaciones criminales poderosas, la del Golfo y la del Pacífico y nos da una pena muy grande advertir que en esta guerra que ellos tienen, se afecta la vida de personas ajenas al crimen organizado”, declaró en su momento el gobernador.
La acción del crimen organizado en Nuevo León se agudizó a partir del 16 de agosto de 2005, cuando en un operativo, agentes federales detuvieron a integrantes de un comando armado liderado por José Luis Carrizales Coronado, “El Tubi”, a quien se vincula con el cártel de Sinaloa.
Los hechos ocurrieron en un restaurante del sur de la ciudad, donde el capo se encontraba en compañía de unas 15 personas, y donde también se arrestó al ex agente de la Policía Federal Preventiva (PFP), Francisco Esquivel Maldonado, “El Capi”.
Desde entonces, ejecuciones y hasta algunas personas decapitadas se registraron en Nuevo León, donde el año anterior culminó con 34 muertes relacionadas con el crimen organizado.
Para el 2006, la embestida se hizo patente, y el 13 de febrero en distintos hechos, fueron asesinados los jefes policíacos de los municipios de Sabinas Hidalgo, Javier García Rodríguez y de San Pedro Garza García, Héctor Ayala Moreno.
En Sabinas, a 78 kilómetros al norte de Monterrey, a las 15 horas de ese día, el jefe de la Policía Municipal fue privado de su libertad por personas armadas, al salir de la alcaldía, y más tarde fue encontrado muerto a balazos en un vado del arroyo Sabinas.
Poco después de las 19horas de ese 13 de febrero, Héctor Ayala Moreno, entonces jefe de policía de San Pedro Garza García, fue acribillado cuando circulaba en una camioneta Dodge Durango, matrícula RXJ 9880, sobre la avenida Díaz Ordaz, al poniente de la zona metropolitana.
Los sicarios interceptaron a Ayala Garza a la altura del puente Santa Bárbara, y le dispararon en al menos 10 ocasiones; una de las balas se le incrustó al lado izquierdo del cuello, provocándole la muerte.
El 5 de septiembre de este año, el embate del crimen organizado se patentizó nuevamente, al ser ejecutado de cuatro balazos el hasta entonces director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Marcelo Garza y Garza. El crimen se perpetró poco antes de las 21 horas frente a la Iglesia de Fátima, en la colonia Del Valle, municipio de San Pedro Garza García, cuando el jefe policíaco arribaba a una exposición de arte, donde estaba su familia.
La ejecución fue horas después de que Garza y Garza anunciara la rotación de agentes del Ministerio Público y comandantes de la Policía Ministerial del Estado (PME). Poco antes de su asesinato, Garza y Garza también había anunciado las indagatorias sobre un arsenal con armas de grueso calibre, encontradas en el municipio de San Pedro Garza García.
Una semana después, el jefe de la Policía Municipal de Linares, Enrique Barrera Nevárez, fue asesinado a balazos al salir de su domicilio, ubicado en esa población, a unos 140 kilómetros al sur de esta ciudad.
Posteriormente, el 23 de noviembre, el secretario de Seguridad Pública, Baltazar Gómez Trejo y el regidor del Partido Acción Nacional (PAN) de Santa Catarina, Osvaldo Rodríguez, fueron asesinados en una tienda de conveniencia.
En los hechos registrados en la colonia Rincón de las Palmas de ese municipio conurbado, resultó herida la también regidora María del Socorro Escamilla Alanís, mientras la síndico, Karina Cisneros, resultó ilesa.
El 29 de diciembre cerró con una persecución de policías contra supuestos narcotraficantes. Esa madrugada al menos seis heridos y cinco detenidos dejó el enfrentamiento entre los presuntos sicarios y efectivos de diversas corporaciones policiacas, tras la persecución en el primer cuadro de la ciudad, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Cuando empezó esta ola de ejecuciones, los funcionarios del gobierno decían en las cafeterías: ‘Déjenlos que se maten entre ellos. Esto es pleito entre cárteles’. Pero para los días de 2007, narcos ya no solo se mataban entre sí. También mataban al lavacoches, a la esposa del policía, al transeúnte, al comerciante, al buen policía y al desafortunado. Además, las ejecuciones ya no eran a escondidas, en el monte, sino en plena tarde en los restaurantes frecuentados, en el centro de la ciudad, en los barrios residenciales y en los centros comerciales.
Dice Jorge Villegas, el decano del periodismo en Nuevo León: “Hay seguridad si los ciudadanos dicen que la hay. Si la sienten en su entorno. Y los regiomontanos se sienten más inseguros que nunca en toda su historia”.
Y en Monterrey, por estos días, habría que saberlo, se acabó la paz.

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