Defender lo indefendible
Raúl Adorno
El Partido Revolucionario Institucional está literalmente mandando al diablo a las instituciones, al defender al gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, porque se muestra soberbio y retador ante una resolución que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), máximo órgano jurídico de nuestro país.
Esta posición va en contra del discurso del PRI, que siempre ha demandado al PRD y, en particular, a Andrés Manuel López Obrador a acatar las decisiones institucionales del país, y en esta ocasión quiere mandar al diablo a la SCJN, misma que en un procedimiento especial, conoció del caso, y mediante una investigación elaboró un dictamen, en el cual determinó que existieron violaciones graves a nuestra Carta Magna, a la Constitución del estado, así como a garantías individuales y los derechos humanos, donde resultó responsable Ulises Ruiz.
Tan propio el Revolucionario Institucional, siempre llamando a respetar el Estado de Derecho y de las leyes emanadas de nuestra Constitución, y ahora pretende defender al mandatario oaxaqueño, quien a ojos de mucha gente es un gobernador autoritario y caciquil, que violentó garantías individuales, se excedió en el uso de la fuerza y atacó con lujo de violencia al movimiento popular de la APPO.
El PRI está obligado a acatar las leyes y si bien la resolución de la Corte no tiene carácter vinculatorio, sí tiene el peso moral suficiente como para obligar a la Cámara de Diputados a iniciar un proceso de juicio político, pero para ello será determinante el aval del tricolor que hoy representa la primera minoría con sus 237 diputados.
Esta es la oportunidad del PRI de demostrar que en verdad ha cambiado, que su rostro no sigue siendo el de los gobernadores tercermundistas y bananeros, que imponen su ley por medio de la fuerza y la represión.
Sin embargo, parece que no tienen ninguna intención de llevar a juicio político a Ulises Ruiz, por el contrario, están dispuestos a defenderlo a capa y espada, sin importar que sea uno de los representantes más vivos de aquel viejo priismo que ahora pretenden disfrazar con un rostro joven como lo es el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto.
De mantener la actitud de defender lo indefendible, el PRI deja claro que detrás del mensaje supuestamente renovador y moderno, están escondidas las viejas estructuras autoritarias que lo mantuvieron en el poder político, pero que a final de cuentas se convirtieron en los instrumentos que desgastaron su organización política y social, que los expulsó de Los Pinos.
Para los partidos del PAN y el PRD obviamente la resolución de la SCJN fue adecuada y pertinente y aunque tardía debe acatarse por la Cámara de Diputados e iniciar el proceso para fincarle juicio político al gobernador Ulises Ruiz.
Desde el punto de vista del ex ministro Juventino Castro y Castro, diputado del PRD, la decisión de la SCJN tuvo un éxito parcial, porque si bien fue atinada su resolución en torno al gobernador de Oaxaca, quedaron debiendo con el ex presidente Vicente Fox, y su secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, y el ex procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca.
Menciona que no es posible que se haya exonerado a Vicente Fox y sus secretarios, cuando cometieron violaciones a la ley en los mismos hechos de Oaxaca y en las mismas circunstancias que el gobernador oaxaqueño.
Contra la posición de los priistas de minimizar la resolución de la Corte, el legislador consideró que no es aceptable que la resolución de la SCJN sea tomada como una simple opinión o sugerencia, porque la determinación de la corte debe ser tomada por las autoridades correspondientes como base para iniciar una investigación y, en su caso, fincar responsabilidades contra los funcionarios que violentaron la ley.
Debe continuar la averiguación previa de este conflicto que se desarrolló de mayo de 2006 a enero de 2007, a fin de tener la certeza de la responsabilidad del gobernador Ulises Ruiz y de comprobarse su culpabilidad debe haber un juicio político en la Cámara de Diputados para retirar el fuero del funcionario y sea presentado a las autoridades competentes, expuso Castro y Castro.
En lo anterior no están solos los perredistas, pues cuentan con el apoyo del presidente de la Comisión de Gobernación, el panista Javier Corral Jurado, quien recordó que existen ya demandas de juicio político en contra del gobernador Ulises Ruiz, por lo que la resolución de la Corte permite darle seguimiento a éstas.
“A mí me parece muy importante y trascendental la resolución. Muy contundente y solida. Por lo tanto no veo manera de cómo la Cámara de Diputados no pudiera o debiera inmediatamente darle seguimiento”, declaró el legislador.
Resaltó que la resolución de la SCJN deslinda de manera precisa la responsabilidad en los ámbitos local y federal. “Ha sabido enumerar las violaciones a las garantías individuales”, dijo el panista.
Por lo tanto, abundó Corral Jurado, lo que sigue es desahogar el procedimiento ya instaurado en las comisiones de esta cámara de juicio político en contra de las autoridades señaladas en la resolución de la SCJN.
Pero ni el PAN ni el PRD tienen la representación legislativa para hacer efectivo el juicio político en contra del gobernador de Oaxaca, sino que sería responsabilidad del PRI darle el cauce legal a la investigación que realizó la SCJN, pero al negarse a hacerlo, el PRI se da un balazo en su propio pie, porque con la defensa a Ulises Ruiz, muestra a la ciudadanía cuál es la verdadera cara del Revolucionario Institucional de hoy, del pasado y de siempre.
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