Vuelta a los cuarteles
Alberto Aguirre M.
Más que la marcha de la economía, el combate a la corrupción, la eliminación de los monopolios o la mejora del sistema educativo nacional, el tema más importante actualmente es la seguridad. Eso lo saben los candidatos a la presidencia de la República y lo padecen todos los días, tanto los gobernadores como los oficiales del calderonismo vinculados al gabinete de “orden y respeto”.
Mientras avanzan las campañas y los presidenciables recorren el país –con una holgada agenda, como resulta notorio– la Secretaría de Gobernación, que encabeza Alejandro Poiré Romero y un bloque de gobernadores priístas negocian la renovación de los convenios en materia de seguridad que asegurarán la paz y tranquilidad en buena parte del territorio nacional, en lo que resta del sexenio.
Se trata, ni más ni menos, de extender los operativos especiales de las Fuerzas Federales en Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Coahuila y Veracruz, además de reimplantarlo en Michoacán. Guerrero –entidad gobernada por el perredista Ángel Heladio Aguirre Rivero– y Morelos –donde es gobernador el panista Marco Antonio Adame–se incorporarían a la lista de entidades con las que negocia el subsecretario Obdulio Ávila Mayo, por instrucciones presidenciales.
Firmados a lo largo del 2011, estos acuerdos temporales implicaban el despliegue de tropas del Ejército mexicano en Nuevo León, Tamaulipas, la comarca lagunera y de marinos en Veracruz. En tanto que en efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública federal se hicieron cargo de los patrullajes en Guerrero.
Los Operativos Nuevo León y Tamaulipas Seguro han traído mayor seguridad a las familias, pues durante los poco más de 274 días de vigencia, han disminuido de manera importante los delitos del fuero común y del federal que más lastiman a la sociedad: el secuestro ha decrecido en un 42.8%, el robo a negocio con violencia ha bajado en un 76.5 %, el robo a casa habitación en un 48.24% y el robo a transeúnte cayó en un 72.74%.
La constante es que la fecha de caducidad de los convenios está próxima a cumplirse. Y éstos, quedaban necesariamente vinculados a una reconstrucción de las fuerzas de seguridad pública, ministeriales y judiciales a nivel estatal.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, nueve de cada 10 delitos son del fuero común. Por ende, las policías estatales o municipales estarían obligadas a atenderlos. Asimismo, nueve de cada 10 policías en el país están adscritos a corporaciones locales y mientras que los Federales ya están debidamente evaluados, sólo 30% de los agentes estatales y municipales han pasado por los controles de confianza.
Ante esta realidad, los gobernadores de todas las entidades solicitaron la renovación de los convenios. Y los negociadores del gobierno federal accedieron… siempre y cuando los nuevos acuerdos incluyan cuatro indicadores para el seguimiento y cumplimiento de metas y que son: el ejercicio de los recursos de fondos y subsidios federales transferidos al Gobierno del estado, la aplicación de evaluaciones en control de confianza a los elementos de las corporaciones de seguridad estatales, la implementación al 100% del primer módulo del esquema de Policía Estatal Acreditable (PEA) y la puesta en marcha de unidades especializadas en combate al secuestro.
Además, las entidades federativas deberán acelerar el paso en la implementación de la PEA, misma que cumple con el modelo nacional, formada por tres unidades: la de Análisis, de Investigación y la de Operación.
La PEA es una nueva policía que utiliza los más altos estándares para reclutamiento, selección, evaluación en control de confianza, formación, capacitación y equipamiento, para cumplir con las actuales condiciones de seguridad que requiere el país.
Pactada la extensión de los operativos especiales en esas seis entidades de la República, el subsecretario Ávila Mayo se enfiló a negociar un convenio de coordinación en materia de seguridad con Michoacán. Y alistó un operativo preventivo de seguridad Morelos Seguro, para reforzar las acciones que llevan a cabo las corporaciones de seguridad locales en el combate al delito y delincuencia.
EFECTOS SECUNDARIOS
URGENCIA. En la batalla entre Josefina Vázquez Mota y Elba Esther Gordillo, apenas se han dado los primeros escarceos y cada una va sumando aliados. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani exhortó a la presidenta vitalicia del SNTE a honrar su palabra y aceptar la aplicación de la Evaluación Universal. Apuntó que el acuerdo entre la Secretaría de Educación Pública y el SNTE para evaluar a los docentes, despertó la esperanza de una verdadera transformación de la educación en México. Asimismo, el CCE celebró la decisión del Gobierno del presidente Felipe Calderón de emitir un decreto para dar autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación lo que, señaló, constituye un avance importante en el proceso para examinar el desempeño de los maestros tanto en escuelas públicas como en privadas.
OTRO DEBATE. En seis días tendrá lugar el primer debate entre los candidatos a la gubernatura de Morelos. La organización del evento correrá a cargo del Consejo Estatal Electoral y la transmisión, en horario “prime time”, será por el 3 del Sistema de Radio y Televisión del Estado. De conformidad con el sorteo, los contendientes abordarán los temas de Desarrollo Económico, Educación, Seguridad Pública, y Desarrollo Social, en ese orden. El formato incluye la posibilidad de tener dos minutos de participación, minuto y medio para la réplica y minuto para contrarréplica. El primero en abrir el ejercicio será Amado Orihuela Trejo, candidato de PRI-PVEM-Panal, seguido por el abanderado del PAN, Adrián Rivera Pérez. Graco Ramírez Garrido, de la coalición de izquierdas, será el tercero, y culminará el candidato del PSD, Julio Yáñez Moreno.
Tags: Comarca Lagunera, guerrero seguro, Policías, PRI, Secretaría de Gobernación
