Acceso a la información, clave contra corrupción y autoritarismo
José de Jesús Orozco, presidente de la CIDH.
México, 11 de junio (Notimex).- El acceso a la información es un mecanismo de control y vigilancia del Estado, clave en el empoderamiento de los ciudadanos contra la corrupción y el autoritarismo, aseveró el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José de Jesús Orozco.
Al participar en la mesa “El derecho de acceso a la información a la luz de la reforma en materia de derechos humanos”, Orozco Henríquez señaló que cuando hay transparencia y acceso a datos, los ciudadanos tienen la posibilidad real de participar de manera más efectiva en las decisiones que afectan sus vidas.
En este contexto indicó que el derecho de acceso a la información es una pieza clave y reviste real importancia para que los diversos sectores de la sociedad puedan ejercer sus derechos, como el de las mujeres con la salud sexual y reproductiva.
El funcionario participó en un encuentro organizado por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), para conmemorar el 10 aniversario de la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Durante este acto el secretario general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón, destacó a su vez la existencia en el país de un sistema de transparencia y acceso a la información, así como de oficinas y portales virtuales para tal fin.
Sin embargo también hay un panorama que presenta asimetrías, desequilibrios y carencias notables, además de que se dan con frecuencia resistencias políticas que implican acciones claras contra los organismos garantes de la transparencia.
El académico subrayó la importancia que debe darse a una eventual reforma a la ley en la materia, y en este sentido “el Congreso de la Unión ha hecho caso omiso a la propia obligación que se autoimpuso de hacer dicha reforma”.
Consideró que el reto que tienen los órganos garantes de la transparencia a niveles federal y estatal, así como los órganos jurisdiccionales, es dar una interpretación integral a los derechos fundamentales de educación, información, vida privada y protección de datos personales.
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