Mr. Aquino
Alberto Aguirre M.
En los últimos días, aunque por vías indirectas, ha sido posible tener conocimiento de los servicios foráneos contratados por la oficina de Enrique Peña Nieto para resolver algunos litigios en curso.
Por intercesión del joven internacionalista Diego Gómez Pickering, cercano colaborador de Luis Videgaray, el priista contará con la asesoría de la firma Chlopak, Leonard, Schetcher & Associated, uno de los lobbistas más reputados (y caros) en Washington D.C., quien tendrá la tarea de difundir “propaganda positiva” durante las próximas semanas.
Esta contratación –confirmada por la publicación, hace una semana, del contrato respectivo– podría considerarse como la primera erogación del equipo de transición, aunque oficialmente todavía no haya sido autorizado su presupuesto por la Secretaría de Hacienda.
Los priistas hicieron otra contratación de lujo, recientemente. Firmaron a Christopher L. Ludmer, un joven abogado recién asentado en San Diego, California, para representar a Erwin Lino, secretario particular de Enrique Peña Nieto, y a los voceros del mexiquense, David López Gutiérrez y Roberto Calleja, en la demanda interpuesta por el empresario mexico-americano José de Aquino, por un presunto fraude cometido a finales del año pasado.
Formado en la Armada estadounidense, donde alcanzó el grado de Teniente y se ubicó como asistente principal del abogado de la Secretaría de Marina, Ludner ejerció en Pennsylvania y en Georgia, antes de radicarse en California. En su abultado currículum, presume haber representado a “jefes de Estado y altos funcionarios y políticos extranjeros en litigios estatales y federales que involucraban más de 50 millones de dólares en demandas civiles relacionadas con campañas políticas, donativos a campañas y publicidad”.
La demanda interpuesta por Aquino contra Lino, López y Calleja persigue una indemnización de 56 millones de dólares por las pérdidas que el empresario mexico-americano habría sufrido a finales de año pasado, cuando supuestamente fue contratado para distribuir los contenidos de una campaña propagandística del PRI y Peña Nieto en Estados Unidos.
Ludmer entró en acción de inmediato y de manera contundente: ya demostró en la Corte que ninguno de los tres integrantes del equipo de Peña Nieto está enlistado en el contrato que se adjuntó a la demanda y que demostraría los dichos de Aquino.
“Es principio general de derecho que ningún incumplimiento de contrato podrá ser argumentado en contra de una persona que no forma parte de dicho contrato”, estableció, para luego asentar que legalmente, no existió deber fiduciario alguno entre los priistas y el propietario de Frontera Television Network, quien por lo demás en los últimos tres lustros ha acumulado un largo historial de litigios en las cortes del área de San Francisco, especialmente en la Corte Suprema del Condado de San Bernardino. No sólo se trata de su intervención en subastas de bienes raíces, sino también de algunas disputas de índole civil, pero también cargos penales.
En esos legajos fue posible ubicar al menos seis seudónimos utilizados por el empresario mexico-americano – entre ellos: José Luis Ponce, José Luis Ponce de Aquino, José Deaquino, José Diaquino, José Luis Ponce de León y José Aquino– por lo que, para efectos prácticos, sus demandados se refieren a él simplemente como “Mr. Aquino”.
Ayer, el CEN del PRI difundió un comunicado para adelantar que el representante legal de Aquino se retiraría del caso, ante “a raíz de graves inconsistencias en la demanda presentada por su cliente”. Ese boletín informativo iba acompañado por una carta, redactada en inglés, del despacho de abogados Kaplan Ludmer, quienes junto con Michael Pancer fueron comisionados para representar los intereses de Erwin Lino, David López y Roberto Calleja ante las cortes de Estados Unidos, en lo concerniente a la demanda entablada por el empresario mexico-americano contra Alejandro Carrillo Garza-Sada.
La misiva fue enviada hace 10 días a la oficina de Maxwell Agha, el abogado del dueño de Frontera Television Network. Se trata de un exhorto para desincentivar al litigante de proseguir en la reclamación, so pena de ser sujeto de responsabilidad, conforme a la Rule 11, a las Normas Federales de Procedimiento Civil en Estados Unidos.
A juicio de los defensores de los priistas, la demanda está mal sustentada y a todas luces resulta excesiva, al querer vincular a Lino, López y Calleja con el crimen organizado (racketeering, es el término en inglés). Y no solo eso, sino que al querer enjuiciar in proper “al próximo presidente de México” en cortes estadounidenses, quedó demostrado el objetivo frívolo y de hostigamiento del señor Aquino. En respuesta a esa misiva, de acuerdo al comunicado 248 del CEN del PRI, Agha, informó que renunciaría a continuar brindando asesoría legal al demandante.
Entre la cúpula priista existe absoluta confianza en la tarea de su equipo de abogados. Tan es así, que los voceros priistas agasajaron a los reporteros que cubrieron la campaña de Enrique Peña Nieto con una extenuante comida, el pasado jueves. Ni el huracano chubasco pudo evitar el festejo.
EFECTOS SECUNDARIOS
INFORTUNIO. El helicóptero AW 119 Grand, matrícula XA-UQH, siniestrado la madrugada de ayer en Jiquipilco, fue una de las aeronaves de la empresa Eolo Plus utilizadas para la transportación del candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, durante su campaña presidencial. La flota de helicópteros de esa compañía dedicada al transporte ejecutivo, adquirida recientemente al fabricante canadiense AgustaWestland, abarca dos aeronaves ligeras, de doble hélice, y otros cuatro 119 Ke, de modo que solo puede atribuirse el accidente a las condiciones meteológicas. El comandante de la tripulación, Miguel Ángel Rodríguez El Rambo tenía formación militar y era bastante apreciado en su gremio. A sus deudos, así como a la familia del joven empresario Juan Armando Hinojosa García, el más sentido pésame.
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