¿Reforma imposible?
Santiago Levy.
Alberto Aguirre M.
El azoro cundió entre el auditorio, cuando Santiago Levy sentenció que el problema central de la economía mexicana está lejos de ser la tasa de ahorro de la población o el flujo de inversión. “De hecho, ahorramos e invertimos más que el promedio de América Latina y que Estados Unidos”, sentenció el vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo hace seis semanas, en un foro convocado por la Coparmex que tuvo lugar en el Club de Industriales.
De la sorpresa, los empresarios presentes pasaron a la incredulidad, cuando el ex subsecretario de Hacienda sostuvo que tampoco hay un problema por el empleo en México, ya sea por la falta de creación de fuentes de trabajo o la carencia del mismo. Todo lo contrario. “En México se crean muchos empleos y la tasa desempleo es baja. También trabajamos más horas que el promedio de países de la OCDE”, subrayó.
Y entonces, ¿dónde está el problema? “El problema central es que se invierte en empresas de baja productividad y se crean empleos de baja productividad”, apuntó Levy, quien con sencillez y contundencia, estableció que el reto para la economía mexicana en los próximos años radica en la reconversión de los empleos de “baja productividad”, que dicho sea de paso son la amplia mayoría, a empleos de alta productividad.
La informalidad –insistió– es una fuente muy importante de pérdidas de productividad. Las empresas informales generalmente viven en la ilegalidad y mantienen tamaños chicos, no explotan economías de escala o de alcance, invierten poco en adoptar nuevas tecnologías o capacitar a sus trabajadores, tienen escaso acceso a crédito, tienen procesos productivos sencillos.
El experto se refirió a su campo de especialización, que no es otro que el de la seguridad social. No es que haya omitido lo referente a las necesarias reformas fiscales o en materia energética, pero tampoco peca de ignorancia, pues las distorsiones en el sistema de seguridad social son la principal causa del problema.
Un sistema asimétrico que privilegia a los no asalariados y castiga a los asalariados y a sus patrones. Y es que además de que los trabajadores formales pagan un IVA generalizado en la puerta de la fábrica –que no sería otra cosa que el impuesto sobre la renta– además deben pagan otro IVA con exenciones en la puerta de la tienda (no etiquetado, pero usado en parte para financiar la seguridad social), mientras que los trabajadores informales no pagan ningún IVA en la puerta de la fábrica, y pagan un IVA igual al que pagan los formales en la puerta de la tienda.
¿Y si esos impuestos desaparecieran?, planteó Levy en esa comida ante los afiliados a Coparmex de todo el país. Y sin más, propuso establecer un “sistema de seguridad universal” al que pudieran suscribirse tanto los trabajadores asalariados y los no asalariados, que les brindaría la protección médica (el paquete IMSS) y el acceso a una cuenta de ahorro para el retiro y un seguro de invalidez y vida con la cobertura que recibe un trabajador que gana dos salarios mínimos.
Este paquete de beneficios se financiaría con un nuevo impuesto para la seguridad social universal (CSSU) que se cobraría al mismo tiempo que el IVA y eliminando todas las exenciones, con una tasa única de 16%.
Los trabajadores además tendrían acceso seguro de riesgos de trabajo igual al que reciben los trabajadores afiliados al IMSS; contribuciones complementarias para pensiones de retiro, y de invalidez y vida, y una pensión mínima de retiro garantizada, después de 25 años de trabajo.
¿Un despropósito? De ninguna manera, si se observan las corridas financieras presentadas por el experto. Esta reforma al sistema de seguridad social generaría genera ahorros por casi 44,000 millones de pesos que servirían para amortiguar el impacto de la eliminación del impuesto estatal a la nómina y la absorción del pasivo laboral del IMSS, por parte del gobierno federal, dos medidas complementarias que darían sustentabilidad financiera a un nuevo esquema de esta naturaleza.
Los servicios de salud serían provistos por el IMSS y los gobiernos estatales. Además, los recursos públicos para la salud pasarían de 260,000 millones a 395,000 millones de pesos, un aumento de 52%, equivalente al 1.1% del PIB. Para los trabajadores informales, el aumento per cápita sería del 106%.
Las pensiones de retiro, y las pensiones permanentes por invalidez y vida y riesgos de trabajo seguirían operando a través del sistema de rentas vitalicias. El número de trabajadores ahorrando para una pensión de retiro aumentaría de 13 a 39 millones y el número de trabajadores asalariados con derecho a una pensión de invalidez y vida o de riesgos de trabajo aumentaría de 13 a 26 millones.
EFECTOS SECUNDARIOS
GESTOS. Con la representación presidencia, el secretario de Energía, Jordi Herrera, acudió al Tercer Informe del gobernador de Campeche, Fernando Ortega Bernés. Una decena de mandatarios estatales arroparon al priista y entre ellos resaltó el aliancista Rafael Moreno-Valle, de Puebla, quien dio otra muestra de que su relación con el priismo vive sus mejores momentos, lo mismo que Luis Castro Obregón, presidente nacional de Nueva Alianza. Ambos saltaron de sus asientos, cuando el gobernador Ortega se refirió elogiosamente al “presidente electo” Enrique Peña Nieto, quien hará del próximo –según su dicho– el sexenio de la infraestructura. Fue casi un acto reflejo, una expresión jubilosa de la multitud congregada en el centro de convenciones de la capital campechana a la que tardó en sumarse el funcionario calderonista. Después de unos eternos segundos, Herrera se levantó de su asiento y aplaudió con fuerza.
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