Hermano de perredista secuestra y no pasa nada
Rubén Cortés
En 2010, el entonces Procurador capitalino Miguel Mancera demostró al Poder Judicial local que Feliciano Sánchez, hermano del ex alcalde perredista de Cancún, Geg Sánchez, dirigía secuestros a través de teléfonos celulares, desde el Reclusorio Norte, donde estaba preso por secuestro desde 2008.
Ayer, el actual Procurador del DF, Jesús Rodríguez Almeida, volvió a entregar al Poder Judicial a… Feliciano Sánchez, porque éste siguió secuestrando, otra vez mediante teléfonos desde su celda, ahora en el Centro Varonil Santa Martha Acatitla, adonde había sido trasladado en 2010.
Rodríguez Almeida probó que, en su más reciente plagio, Sánchez, a quien llaman El Chanoc, exigió tres millones de pesos para no matar al dueño de una tortillería de la delegación Álvaro Obregón, y mandó a que lo torturaran durante cinco días y bajó la cifra del rescate a 95 mil pesos.
Antes, plagió a una mujer, comerciante de Tepito, por cuyo rescate obtuvo alrededor de 100 mil pesos.
Y, en febrero de 2008, Mancera había difundido una grabación que evidenció el estilo de El Chanoc para amedrentar a sus víctimas:
-El Chanoc: No te quiero alarmar mi’jo, pero te conozco a la perfección, te lo puedo asegurar.
-Victima: Híjole, pues es que, le reitero, no tengo dinero…
-El Chanoc: Usted va a ser su propio juez y su propio verdugo, te lo vuelvo a repetir: si no nos reúnen la cantidad, a donde estés con tus familiares te voy a echar unas granaditas y cada puta granada de fragmentación 80 metros a la redonda no queda más que puro polvo compadre.
-Víctima: Sí señor
-El Chamoc: Yo le repito si usted piensa que esto es un juego, lo invito a que cuelgue, no se vaya a arrepentir, que cada quien haga lo que tiene que hacer, conmigo no se juega.
Es decir, los dos Procuradores capitalinos desde 2008 realizaron su trabajo en el caso de este secuestrador: investigaron, reunieron las pruebas del delito, integraron las averiguaciones y lo acusaron de secuestro y delincuencia organizada. Sin embargo, la procuración de justicia no puede hacer más. ¿Por qué?
Porque la Cámara de Diputados aprobó el 2 de marzo (315 votos a favor, 6 en contra y 7 abstenciones) un dictamen para que los centros penitenciarios del país anulen las señales de telefonía móvil, radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen… pero el gobierno federal no la aplica.
El bloqueo debe ser operado por autoridades distintas a las cárceles y monitoreado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en colaboración de los concesionarios de las redes públicas de telecomunicaciones.
De poco vale entonces tener buenos policías, como acreditó Mancera antes y acredita Rodríguez Almeida ahora, si el gobierno no aplica la ley.
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