Muertos que le heredan a Peña
Rubén Cortés
Menuda tarea va a endosar Felipe Calderón a Enrique Peña: exigir a la Casa Blanca explicaciones y justicia por los 27 connacionales que fueron asesinados durante el gobierno del presidente panista por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
Porque es imposible jugar con los datos. A lo largo del sexenio de Calderón Estados Unidos abusó a sus anchas contra los migrantes mexicanos: en 2008 se registraron contra ellos cinco agresiones, 12 en 2009, 17 en 2011 y 15 de enero a septiembre pasados.
El asunto adquiere categoría de problema de Estado, tanto que el Senado se vio obligado ayer al gobierno de Calderón a darle seguimiento al crimen más reciente en contra de un mexicano: la muerte a tiros del niño José Antonio Elena Rodríguez a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza.
José Antonio fue ultimado hace una semana en Nogales desde el lado estadounidense, cuando el agente le disparó 14 tiros y le metió ocho en la espalda, porque “sintió su vida amenazada” cuando el joven supuestamente le disparó piedras a 30 metros de distancia.
Aunque Los Pinos ha guardado un silencio lamentable. Era de esperar una llamada del presidente a Barak Obama para exigir de manera inapelable la extradición del asesino… o por lo menos garantías de que será detenido y juzgado por el asesinato de José Antonio.
Un poco más de energía sería digna de elogios, pues ya de por sí Estados Unidos ha actuado con una displicencia notoria ante este gobierno en los asesinatos de mexicanos en la frontera, como sucedió en 2010 con el caso de Adrián Hernández Güereca, de 15 años.
Hernández Güereca fue abatido de un tiro en la cabeza en el lado mexicano, al igual que José Antonio, pero el Departamento de Justicia no levantó cargos contra el asesino porque “carecía de jurisdicción debido a que el occiso murió en territorio mexicano”.
Lo peor fue que “el lado mexicano”, entendiéndose por “el lado mexicano” el gobierno de Calderón, aceptó sin protestar la decisión del Departamento de Estado, ni insistir en la extradición del agente asesino, lo cual resulta una contradicción aborrecible.
Sí, porque el gobierno de Calderón extradita sin mayores miramientos a Estados Unidos a narcotraficantes mexicanos sin juzgarlos aquí antes: gesto que supondría una reciprocidad por parte de Estados Unidos, pero ésta jamás se ha visto.
La actitud que debería de haber tenido México ha sido asumida, en cambio, por la Naciones Unidas, que urgió a Estados Unidos en repetidas ocasiones para que facilite y coopere con la investigación de las muertes de inmigrantes mexicanos en la frontera.
Pero nuestras autoridades actuales optaron por la salida más fácil: dejar los muertos a las próximas.
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