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¿Qué pasa con la Ley de Amparo?

Enviado por en 31/10/2012 – 00:13

Alejandro Zapata Perogordo

Después de realizar hace más de un año reformas de gran calado en materia constitucional, particularmente en los temas de Derechos Humanos y en Juicio de Amparo, ambas de avanzada y protectoras de las libertades, estas quedarían truncas, mochas y sin efecto práctico alguno si solamente se constriñen a permanecer dentro del ámbito jurídico como simples declaraciones, aspiraciones o directrices programáticas, destinadas a ser ideales inalcanzables. Es por esa razón que resulta fundamental ajustar los mecanismos protectores para la práctica y ejercicio de esos derechos.

El sistema mexicano cuenta con una gran institución jurídica, motivo de orgullo y ejemplo adquirido en muchas naciones: “el Juicio de Amparo”, también llamado Juicio Constitucional, de Garantías y ahora de Derechos. Está inmerso en nuestra cultura y se ha mantenido incólume a través de los años. Cada vez que alguien tiene problemas inmediatamente viene a nuestra mente, ya sea el personaje más humilde o bien el connotado pudiente y poderoso, el acudir a solicitar un “Amparo”. En la mayoría de las ocasiones hasta se desconocen sus tecnicismos, pero no su eficacia probada, para evitar los excesos de la autoridad.

Pues bien, el juicio de amparo, tiene un sostén procesal: la Ley de Amparo. De poco sirven las reformas constitucionales, si ahora no se reforma y se adecua a las nuevas circunstancias la Ley de Amparo.

Sobre este particular existen puntos a destacar, por su importancia y trascendencia, además por los alcances que las propias reformas constitucionales establecen. En principio, se cambia la tutela de la Carta Magna, mediante la cual otorgaba las garantías, por el concepto original de la protección a los derechos humanos. Todas las Garantías Individuales eran Derechos Humanos, pero no todos los derechos humanos se consideraban garantizados, sino solo y únicamente aquellos en que expresa o implícitamente se derivaran de la carta fundamental.

También se adicionan y contemplan en la protección los derechos humanos establecidos en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ello incluye no solamente los tradicionales de Igualdad, Propiedad, Libertad y Seguridad, sino también la proyección de los mismos en sus diferentes generaciones de Derechos Humanos. También se contemplan aquellos derechos de carácter colectivo y se cambia el interés jurídico por el legítimo, es decir, ya no necesariamente debe existir un vínculo de afectación directa para solicitar la protección, sino basta que se pueda dar esa posibilidad para estar en condiciones de pedir el amparo.

Se cambian las reglas del Amparo para efectos, que es aquel donde el juez federal considera existieron vicios de procedimiento y ordena la reposición del mismo. Esta circunstancia en la práctica ocasiona la dilatación de la justicia, extraviándose los principios de ser expedita y con prontitud.

Parte medular consiste en la transformación de la llamada Fórmula Otero, pues el amparo solamente beneficia a quien lo promueve y en consecuencia sus efectos protectores son individuales, circunstancias que en ocasiones, cuando de leyes se trata, se convierten en verdaderos absurdos al señalar que una norma es contraria a la Constitución, pero su ámbito de inaplicabilidad única y exclusivamente se reduce a quien solicitó el amparo. En consecuencia la reforma toca lo concerniente a estos casos para con determinados mecanismos se corrija o se declare inaplicable de manera general la ley.

Existen mucho más detalles en relación al tema que nos ocupa, simplemente he señalado aquellos que considero de mayor importancia, para darnos una idea de los cambios y su profundidad que implica la trascendencia de la reforma constitucional y por su supuesto la eminente necesidad de adecuar la Ley de Amparo, trabajo que esperamos con optimismo tenga vida en las próximas semanas.

La nueva Ley de Amparo, se encuentra en calidad de minuta ante la Cámara de Diputados y, su aplazamiento sigue causando dificultades en la administración de justicia, por lo que resulta una cuestión apremiante su aprobación.

En lo que a Libertades y Derechos se trata, ya no podemos esperar más, urge en todos sentidos no solo su ejercicio y práctica, sino las seguridades y protección para llevarlas a cabo.

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