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Lunes 18 de Diciembre de 2017

Ayotzinapa: ¿Es inocente el Estado?

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Raúl Tortolero

Las recientes investigaciones del denominado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sobre el caso Ayotzinapa, al contrario de lo que algunas lecturas superficiales han mostrado, no se centran ni se limitan, por supuesto, en detallar algo que no sucedió, pero que la PGR en la voz de su ex titular Murillo Karam, en su momento aseguró como “verdad histórica”: que los normalistas desaparecidos habían sido incinerados en el basurero de Cocula.

El informe del GIEI no es, ni por mucho, un “contrainforme”, una respuesta enfrentada con las investigaciones o conclusiones del gobierno federal, sino que es la suma de diversos esfuerzos de expertos sin un compromiso con nadie, sino en todo caso, con la verdad, le pese a quien le pese.

El documento redactado por el GIEI, como sabemos, consta de más de 550 páginas, y es dudoso que los que descalifican de entrada estos esfuerzos independientes, las hayan leído en su totalidad.

Sin embargo, algo que sí puede concluirse a partir de la investigación de los expertos, es que los cuerpos representantes de “el Estado”, tuvieron una pobre intervención a favor de alumnos normalistas que poco después estaban siendo perseguidos a balazos, y serían torturados, asesinados, y al final, muchos de ellos, desaparecidos a la fuerza, sin que se pueda asegurar aún, en dónde están.

El informe de los expertos independientes señala, por ejemplo, que existió una vigilancia sobre los normalistas, previa a su llegada a Iguala, de parte de la “policía federal, estatal y el Ejército”, autoridades que conocían que se trataba de estudiantes de Ayotzinapa “en actividades de boteo y toma de autobuses”, entre las 17:59 y las 20:00 horas del 26 de septiembre de 2014.

Si las autoridades federales y estatales tenían a la vista y estaban monitoreando las actividades de los normalitas desde las 5 de la tarde, ¿por qué no hicieron nada para detener la violencia que ocurrió poco después contra ellos? Se hubieran podido evitar, muy posiblemente, en caso de haber actuado estas autoridades conforme a la ley, haciendo uso de sus atribuciones y siendo responsables, los asesinatos que tuvieron lugar, y la desaparición posterior de las más de cuatro decenas de jóvenes estudiantes.

Siempre según el informe del GIEI, el caso Ayotzinapa no es sólo, por desgracia, lo más visible, el destino de los 43 normalistas desaparecidos, sino algo mucho peor. ¿Por qué? Porque las víctimas directas fueron 180, muchas de ellas son jóvenes e incluso menores de edad. Hubo –dice el documento-, “6 ejecutados extrajudicialmente, más de 40 heridos, 80 víctimas de persecución y atentados, más de 30 sufrieron ataques contra la vida, y 43 normalistas fueron detenidos y desaparecidos forzosamente”.

Y colateralmente, además, hay cerca de 700 familiares de las víctimas directas, que han tenido que enfrentar todo lo derivado de un evento tan brutal como lo ocurrido en Guerrero hace ya casi un año.

Lo que sí está claro es que todo ataque contra los jóvenes normalistas fue absurdo, fue desproporcionado, ya que se ha comprobado que no iban armados, y tampoco irrumpieron ni boicotearon ningún evento político, como se aseguró en algún momento, ni agredieron a la población.

Asimismo, otro punto que documenta la irresponsabilidad del Estado, es el uso inapropiado que se le dio a la información derivada del C-4, ya que hubo comunicación entre todas las fuerzas de seguridad (policía municipal, estatal, federal y Ejército), según el informe de los expertos, en la que fueron alertados de la violencia que estaba teniendo lugar, y sin embargo no se puede hablar de acciones para brindar seguridad a la población ni a los normalistas en específico. Tenían la información de lo que ocurría, tenían monitoreo lo que hacían los normalistas, y no intervinieron para evitar cualquier desenlace fatal…

Todas estas irregularidades en la forma de actuar de los cuerpos de seguridad en los días de los hechos, dejan mucho qué pensar sobre su capacidad y eficacia, pero sobre todo, sobre su voluntad para aplicar la ley sin distinciones, para brindar protección a la sociedad, para evitar la violencia, para evitar una tragedia de proporciones históricas, que dejará una huella en los mexicanos conscientes.

Por último, cabe preguntar, qué es lo que ha hecho ese mismo Estado que se pretende “inocente” en todos los niveles, para desmantelar la red de narcotráfico que ha salido a la luz, cada vez más con mayores detalles, y que opera desde Iguala, desde muchas zonas de Guerrero, hacia Estados Unidos, con el trasiego de heroína, a veces a través de los buses de una compañía u otra.

Todo eso ha ido quedando documentado, sí, pero ¿qué acciones ha emprendido el gobierno federal desde hace un año, después de un año entero, en coordinación con el estatal y los municipales, para desactivar este tráfico de estupefacientes, y poner tras las rejas a quienes ejercen una violencia brutal para llevar a cabo el comercio de sus drogas?

Es la hora de luchar.

@raultortolero1

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