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Lunes 18 de Diciembre de 2017

Las mujeres y la condena de la memoria

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Por Miryam Gomezcésar.

Las lecciones de las once mujeres de Atenco en la voz de Norma, Italia,Patricia,Claudia y Mariana, tienen que trascender a una sociedad urgida de orden y justicia.  Para un ser humano decidido como ellas, la impunidad no es tema.

Resueltas a  denunciar públicamente la tortura física, psicológica y sexual a que fueron sometidas por los elementos de la policía tras ser capturadas durante las manifestaciones de protesta en San Salvador Atenco y Texcoco, en el Estado de México a principios de mayo del 2006, cuando era gobernado por Enrique Peña Nieto, tras un largo peregrinaje, llegaron hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Hoy éstas mujeres imponen con un rigor extraordinario, la agenda.

La determinación que tome la CIDH sobre estos lamentables hechos será histórica aunque ya es un estigma imborrable para un régimen marcado por sus excesos, el acelere de la violencia criminal y una torpeza conductual acumulada que lo hacen tristemente célebre.

La condena de la memoria ha demostrado ser conveniente para un gobierno intolerante. “La represión impone miedo y una forma de romper el miedo es denunciar” explica una de las violentadas. “La memoria suele dormirse y nuestra tarea hoy aquí es justamente llamar a la memoria” dice otra de las mujeres en un video estremecedor por su contenido, subido a las redes sociales (https://twitter.com/ajplusespanol/status/931159937513697282).

En la misma grabación insertaron las palabras del entonces candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto,  durante un encuentro con estudiantes universitarios de la Iberoamericana, cuando le reclamaron el hecho, aclaró: “Tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz…”.

Pero en condiciones de pobreza, denunciar en este país es igual a protestar en el desierto sin garantía de éxito y transitar bajo el acoso de los responsables de los hechos violentos como alucinación, una amenaza constante.

Aunque el gobierno ha preferido omitir sus errores y crear una versión propia sobre determinados hechos violentos alevosos contra ciudadanos en los que se pone en duda el Estado de Derecho en el país, casos no aclarados como los 43 normalistas desaparecidos, las ejecuciones extrajudiciales de migrantes en San Fernando, Tamaulipas; los 22 ejecutados en Tlatlaya, Estado de México; los 22 civiles ejecutados en Tanhuato, Michoacán, entre muchos otros de aberraciones cometidas por elementos encargados de la seguridad y protección de los ciudadanos, trátese de policías o militares, resalta la gravedad de las deficiencias del sistema de procuración de justicia en el país.

Como indica el reporte anual Informe Mundial 2017 de Human Rights Watcht (https://www.hrw.org/es/world-report/2017/country-chapters/298379): “Durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado implicados en reiteradas y graves violaciones de derechos humanos -incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas- en el marco de acciones contra el crimen organizado”.

En este sentido, en la zona norte de Quintana Roo, los empresarios y autoridades del ramo por la amenaza del crimen organizado enfrentan un serio desafío para mantener la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros dentro de sus estándares normales, sin embargo, el fenómeno de la violencia presenta tal agresividad que el tema ya es de alta prioridad.

Al respecto, hace unas semanas, en Chetumal, en entrevista previa a la conferencia magistral impartida en la Universidad de Quintana Roo, por el Comandante de la 34ª Zona Militar, Sergio García Rincón, minimizó la gravedad de la inseguridad al asegurar en que, pese a que en lo que va del año tan sólo en el municipio de Benito Juárez (cuya cabecera es Cancún), van más de 170 ejecutados “Llevamos prácticamente diez meses del año. Estamos hablando de 17 homicidios al mes. Es decir que en promedio, no es ni uno diario. Es cuestión de enfoques” y aseguró al corresponsal de Radio Fórmula, Rafael Briceño Chablé, que es necesario trabajar más en el tema de la percepción.

La realidad de los privilegiados que disfrutan de bonanza económica, blindaje y autoridad es envidiable por donde se vea, muy distinta al común de la población que musita sus carencias mientras sobrevive con el temor de su incapacidad para enfrentar su futuro inmediato bajo sus condiciones de fragilidad, las dificultades de la falta de oportunidades y la presión del acoso de los inspectores que los extorsionan.

La presencia de los cárteles criminales asentados principalmente en la zona norte de Quintana Roo, encuentra en este sector de la población flotante -en su mayoría inmigrantes regionales- un atractivo y seguro potencial para la expansión de la economía informal o clandestina que resulta tan productiva.

El tráfico de personas también es una actividad altamente redituable dominada por grupos de extranjeros y nacionales que saben aprovechar las oportunidades inmejorables que presenta la porosidad de ésta triple frontera por cielo, mar y tierra.

A los litorales de Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Cozumel y Tulum llega toda clase de turistas en busca de sol,  vestigios arqueológicos y fiesta. El consumo de drogas es alto, conseguirla en ciertas zonas es relativamente fácil, basta solicitarla a algún ruletero que, si no la vende, sabe dónde y cómo conseguirla. Las autoridades tanto sindicales como gubernamentales lo saben.

En este sentido, para el inmigrante que pulula en las calles en espera de trabajo y escasos recursos, la única opción son las bebidas alcohólicas más baratas que la leche y más accesibles porque se consiguen en cualquier esquina.

El tema es tan amplio y complejo como urgente su análisis. Es imperativa una solución, regularizar el consumo es una fantasía. La situación delicada, muchas veces soslayada por las autoridades pero presente en los discursos oficiales y ausente en las políticas públicas. Un asunto de Derechos Humanos y Salud Pública, tan peligroso como la criminalidad o la morbilidad del cáncer y la obesidad.

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