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Miércoles 19 de Diciembre de 2018

Ombudsperson local advierte de impunidad en violaciones de funcionarios

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México.- La falta de sanción administrativa o penal de servidores públicos responsables de violaciones graves a derechos humanos ha contribuido a “normalizar”’ conductas por parte de la autoridad, a que se repitan y, en consecuencia, a que no se atiendan y erradiquen las circunstancias que las generan.

Así lo señaló la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez, quien resaltó que la reparación de daño a víctimas de violaciones graves de derechos humanos, debe restablecer su dignidad, reputación y proyecto de vida.

Durante el Foro Intercambio México-Colombia de buenas prácticas sobre reparación de daño a víctimas de violaciones graves de derechos humanos, subrayó que en esta materia se busca consolidar los derechos de las víctimas frente al sistema de justicia.

Además, distanciarse de una visión puramente pecuniaria, para abrazar medidas alternativas que restablezcan la dignidad, la reputación y el proyecto de vida de las víctimas.

Dijo que los lineamientos para el pago de la indemnización económica derivada de las recomendaciones o conciliaciones de la CDHDF o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aceptadas o suscritas por las autoridades locales a las que se encuentren dirigidas, facilitaron algunos procesos de indemnización.

Sin embargo, también establecen parámetros y criterios arbitrarios para determinar indemnizaciones e incorporar a las víctimas a programas sociales.

De febrero de 1994 al 30 de junio de este año, la CDHDF ha emitido un total de 339 recomendaciones, de las cuales 226, esto es, 66.67 por ciento, han sido aceptadas en su totalidad. De 137 recomendaciones en trámite, existen mil 19 puntos sujetos a seguimiento.

Los ejes del trabajo en materia de reparación que lleva a cabo la CDHDF se basan en: Trabajo centrado en las víctimas y Medidas de reparación integral (restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición), así como medidas estructurales de tipo progresivo.

En un comunicado, informó que en materia de reparación del daño a víctimas, 885 personas son sujetas a indemnización; hasta el momento, se ha indemnizado a 217 víctimas.

El consultor y asesor de Pueblos Indígenas y Población Vulnerable de ProFis-GIZ, Cooperación Alemana en Bogotá, Colombia, José Luis Iguarán Daza, destacó la necesidad de lograr cambios estructurales e institucionales para evitar nuevas violaciones de derechos humanos en el proceso de justicia transicional, aplicable en algunos aspectos al caso de México.

El abogado especializado en Derecho Penal y Criminología, en Colombia, Edwin Mauricio Cortés Sánchez, coincidió también en la necesidad de restituir el nombre y la memoria de quienes fueron afectados en sus vidas, de escucharlas y de evitar llamarles víctimas para comenzar a resarcirles por los daños causados.

Mientras, el Director del Programa de Fortalecimiento del Estado de Derecho en México, de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, Andreas Forer, dijo que se debe separar el deber normal de un Estado de la reparación del daño.

De la misma manera que las víctimas de un delito de las víctimas de violaciones a derechos humanos, pues en un proceso de justicia transicional se corre el riesgo de no reparar nada a nadie.

NTX

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