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Lunes 15 de Octubre de 2018

El reto de Olga: la inseguridad, el de Carlos Joaquín: la credibilidad

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Por Miryam Gomezcésar

La primera quincena de julio ha sido estremecedora para los habitantes de Quintana Roo, que entre la violencia criminal, las condiciones de saturación de sargazo que presentan las principales playas de su zona norte en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, la Riviera Maya, Tulum, entre otros, en plena temporada vacacional, hace que la intensidad de la canícula sea una pesada loza para los gobiernos que viven presionados por los sectores afectados a falta de una respuesta adecuada.

El alarmante aumento de asesinatos, la frecuente aparición de embolsados, las balaceras y persecuciones policíacas por las calles y avenidas ocurridas en los principales centros comerciales, playas, restaurantes, bares  y áreas habitadas de las ciudades y su periferia, para preocupación de todos, ya se extendió también a centros educativos.

Así, la ejecución a balazos del empleado municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, perteneciente a la Dirección de Fiscalización y estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNIDA), ubicada en la avenida Kabah en Cancún, la noche del miércoles 18, ocurrida dentro de sus instalaciones (estacionamiento), que tiene como una de las líneas de investigación la relación laboral de la víctima según comentó el Fiscal General de Quintana Roo, Lic. Miguel Ángel Pech Cen, en conferencia de prensa.

La seguridad en cualquier entidad del país tendría que ser prioritaria porque no solamente se trata de salvaguardar a la población de las bandas delictivas sino que el crecimiento criminal desnuda capacidades públicas y privadas. Tiene seguridad -relativa- quien cuenta con recursos para solventarla. El gobierno no cumple ni ha cumplido con los términos legales de seguridad contenidos en los Bandos de Policía y Buen Gobierno, ni con los constitucionales que hablan de las garantías de seguridad.

La dinámica de la actividad del turismo en Quintana Roo, por ser su principal y casi única fuente de ingresos, es vigorosa. La Organización Mundial de Turismo (OMT), ubica al país como el octavo lugar más importante para los visitantes en el ranking internacional. La amenaza que presenta en la actualidad el avance de la violencia es una realidad que han enfrentado los gobiernos locales con medidas insuficientes para frenar el avance criminal pese a los riesgos para la economía, donde el descontrol del trasiego y venta de drogas ya es causa principal de la violencia extrema, constante preocupación de sus habitantes y prestadores de servicios.

Es una amenaza mundialmente extendida pero también un nicho de ‘oportunidades’ para las generaciones desatendidas en un universo de conductas patológicas donde la búsqueda de placebos crece en todas sus modalidades y sectores, pese al daño social que ocasiona y el alto costo para el Sector Salud, aunque es menos temerario que el atrevimiento de involucrarse en esas actividades atractivas por el nivel de las ganancias de traficar en cualquiera de sus modalidades, una actividad aparejada al tráfico de armas y a un mundo de competencia complejo en el que el éxito determina la pérdida de libertad y el nivel de seguridad es vivir cada vez más enclaustrado.

Recientemente, la Ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Secretaria de Gobernación propuesta por el Presidente virtual electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Olga Sánchez Cordero, dio a conocer la postura oficial sobre la despenalización de las drogas: “Carta abierta, lo que sea necesario. Lo que sea necesario hacer para pacificar este país. ¡Abramos el debate!”.

Es un hecho que el polémico tema va a ocasionar un gran debate nacional pero es inaplazable su análisis porque, hasta el momento, la forma de enfrentar al crimen organizado ha dado resultados ocasionales pero no disminuye los índices de violencia y su incremento representa, en estos momentos, un atentado a la vida, a la libertad de tránsito, de expresión y una amenaza para la economía.

Sánchez Cordero, en una reciente reunión sostenida con los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, Gro., desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, en circunstancias no aclaradas, dijo: “Debemos pensar en un plan nacional de reparaciones contemplado en la Ley General de Víctimas o incluso, debemos pensar en algo más”.

Pensando tal vez que el tema, que trascendió fronteras y trajo consigo el desprestigio internacional del sistema de seguridad y justicia del país al darse a conocer el cúmulo de fosas clandestinas en esa demarcación estatal, pero que, poco a poco, se han descubierto otras en otras entidades del país y ocasionado la intervención de organismos internacionales y organizaciones civiles que exigen su localización y aclaración de las desapariciones forzadas.

Pero el dolor humano es algo que la ex ministra Sánchez Cordero entiende en toda su dimensión, tal vez por eso la problemática que encierra el tema de las drogas, que es tremendamente sensible para la población y como próxima funcionaria debe atender, explicó: “Mientras no reconozcamos todos los temas que ustedes han planteado, no podemos avanzar… vamos a reconocer las realidades para poderles dar una respuesta, porque si seguimos ocultando la realidad en un México, donde nunca pasa nada, donde todo está bien, estará bien en las variables macroeconómicas, nada más”.

Ante la realidad de la violencia y los nexos de criminales con los tres niveles de gobierno, la postura del gobierno federal entrante tal vez sea más que un paliativo transitorio, una puerta de salida a la asfixiante realidad de la violencia por la dispersión de las bandas criminales.

Al respecto, el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, en un evento público realizado ésta semana en Chetumal, explicó que su gobierno cuenta con una estrategia de seguridad para zonas turísticas, que incluye la construcción de una base militar que albergará alrededor de tres mil militares para reforzar la estrategia.

Sobre la violencia desbordada en la zona norte del estado comentó: “Nos ocupa el tema de la delincuencia y, según las investigaciones realizadas, todo indica que se trata de integrantes de bandas, los que están involucrados. Se han resuelto casos pero falta comunicación, informar del trabajo que se realiza y los resultados obtenidos”.

La contradicción está en la exigencia de mejorar los estándares de seguridad de la población y la necedad del régimen de mantener un sistema de comunicación fallido, con un aparato que no ha logrado generar credibilidad de las acciones del gobierno junto al reclamo, cada vez más sonoro y generalizado, de frenar el avance de las bandas criminales y mejorar el flujo informativo.

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