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Jueves 18 de Octubre de 2018

Hacer funcional la democracia sin desconocer los avances alcanzados

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Isaías Villa González.

El miércoles pasado, Andrés Manuel López Obrador recibió, por fin, su constancia como Presidente Electo de manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El 1º de diciembre asumirá su mandato a plenitud. Con ello parecería cerrarse el ciclo de las alternancias de diverso signo, iniciadas con Vicente Fox en el año 2000 (una opción de centro-derecha), y que ahora encabezará AMLO, con su contradictorio proyecto de centro izquierda populista.

El mismo día acudí a la presentación del Informe sobre la Democracia Mexicana en una época de expectativas rotas*, elaboración colectiva del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Un muy interesante balance del devenir de la construcción democrática moderna en nuestro país, cuyo origen se remonta a la crisis derivada de las opacas, fraudulentas para la gran mayoría de los ciudadanos, elecciones de 1988.

La conclusión fundamental es que la democracia electoral y la alternancia se han consolidado en México; pero que falta edificar un nuevo régimen que recoja el consenso social, exprese un nuevo arreglo institucional, y signifique soluciones a los más graves problemas de corrupción, impunidad, violencia, seguridad, estancamiento económico y desigualdad social, discriminación y atraso.

En los últimos 30 años han ocurrido transformaciones monumentales, en acuerdos sucesivos entre los partidos, que acabaron con la hegemonía del partido de Estado, cuasi único, y dieron paso la pluralidad, a elecciones confiables (los sufragios como base de la representación legal y legítima del poder público). Esto propició una “dispersión efectiva del poder del Estado”, originando gobiernos divididos, presidentes débiles o sin mayoría en los Congresos.

Efectivamente, a raíz de la creación del IFE como organismo autónomo, y de las instancias jurisdiccionales ahora en el TEPJF, en 1997 el PRI perdió mayoría legislativa en el Congreso de la Unión, y desde entonces ningún Presidente ha contado con ella. También, excepto en 5 Entidades (Campeche, Coahuila, Colima, Hidalgo y Estado de México), la inmensa mayoría han vivido ya alternancia en los gobiernos estatales, de distinto signo. De igual forma, sólo alrededor del 4% de los 2 458 municipios del país no registran alternancia. Adicionalmente, en estos años se han abierto los medios de comunicación como nunca (la Reforma en Telecomunicaciones resultante del Pacto por México fue fundamental en ello), y con el uso casi universal de las redes sociales hoy las contiendas electorales adquirieron mayor equidad.

El pendiente fundamental, según el IETD, sería ahora la “calidad de la democracia”, referente a una nueva cultura más participativa de los ciudadanos, y en el propio comportamiento de los partidos y las instituciones, para mejorar la vida pública y ofrecer soluciones a los problemas nacionales.

Y es que, pese a esta consolidación de la democracia electoral, los mexicanos la evalúan muy negativamente, de acuerdo al Informe Latinobarómetro 2015: sólo 48% prefieren la democracia a cualquier otra forma de gobierno; sólo 19% está satisfecho con ella; sólo 26% piensa que hay elecciones limpias; y sólo 32% se siente cercano a algún partido.

Estas valoraciones se encuentran motivadas por la evolución económica, sin duda. El mismo Informe refiere que: sólo 13% de los mexicanos opinan estar satisfechos con el funcionamiento de la economía; el 26% que la economía está mejor que hace un año; 18% que está progresando.

Un dato relevante es que en todos los indicadores de Latinobarómetro México está por debajo de la evaluación promedio de la democracia en América Latina. Yo plantearía una hipótesis: varios países de la región sufrieron feroces dictaduras, nada comparables con la dictablanda priísta mexicana, y ello les permite apreciar mayormente la vida democrática.

La elección de este año, reiteramos, le ha otorgado a AMLO una mayoría absoluta en los Congresos, y una gran fuerza en Gobiernos estatales, margen de maniobra con que ningún Presidente en estos 20 años contó. De una Presidencia débil y Gobernadores con comportamiento de señores feudales, se pasa a un Presidente todopoderoso, sin contrapesos. Ahí está un grave riesgo.

Y es que cuesta trabajo advertir en los antecedentes del personaje, en las acciones y declaraciones hasta ahora manifestadas, la intencionalidad de seguir construyendo un régimen democrático, pluralista. Más bien, reviven pulsiones del presidencialismo unipersonal más rancio.

En su mensaje pronunciado tras ser declarado formalmente electo, López Obrador planteó: “El Ejecutivo no será más el poder de los poderes ni buscará someter a los otros (…) la suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerá a la República y al Estado Democrático de Derecho”.

Sin embargo, al otro día, el jueves 9 de agosto, los Presidentes, Peña Nieto en funciones, y López Obrador, electo, se volvieron a reunir, y acordaron acciones referidas al Sistema Judicial, Anticorrupción y Electoral, que ejecutarían de inmediato el Senado y el Presidente Peña. En concreto, se trata de que AMLO cuente con “Fiscales carnales”, muy seguramente Bernardo Bátiz como Fiscal General de la República, María de la Luz Mijangos como Fiscal Anticorrupción, y Agustín Ortiz Pinchetti como Fiscal Electoral. Todos ellos de conocida extracción morenista, conspicuos lopezobradoristas; un evidente conflicto de interés. Totalmente remoto a lo ofrecido, y que estaría reflejando un retroceso en nuestra vida democrática, contrario a lo que la sociedad civil organizada ha estado impulsando, por lograr autonomía plena del poder judicial y los órganos jurisdiccionales del Estado.

En el mismo sentido, AMLO-Morena están desarrollando una estrategia de corporativización social, a través de la estructura de 32 Coordinadores Estatales y 264 Delegados Regionales, integrada por liderazgos políticos morenistas, quienes serán responsables de “bajar” los programas y el presupuesto federales, sin considerar a los gobiernos municipales y estatales electos por voluntad popular. Se pretende justificar con el argumento de que simplificarán las estructuras de delegados del gobierno federal, y evitarán el dispendio o la desviación de recursos. Así presentado tendría sentido; pero la trama es insostenible cuando se observan, más que funcionarios públicos profesionales designados, a excandidatos y líderes partidarios como operadores. No se requiere mayor sagacidad para pensar que ronda la intencionalidad de construir no sólo efímeras candidaturas y/o representaciones políticas, sino más aún, una estructura social corporativizada del nuevo Estado.

Me temo entonces que antes de (o paralelamente a) pensar en las transformaciones que posibiliten un nuevo régimen, funcional para traducir democracia en mejoramiento económico y social, habrá que continuar el esfuerzo por mantener los avances de nuestra democracia. Como recuerdan y subrayan los autores en el Informe, en democracia no se gana ni se pierde para siempre; el pluralismo requiere considerar a las minorías, por muy pequeñas que sean; éstas pueden aspirar a recuperarse y ser alternativa mayoritaria. Siempre en democracia, porque también “lo ganado puede erosionarse y aún demolerse”.

*Informe sobre la Democracia Mexicana en una época de expectativas rotas, coordinado por Ricardo Becerra y publicado por el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) y Siglo XXI Editores (México, 2017).

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