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Jueves 15 de Noviembre de 2018

La niña de Guatemala que no murió de amor en Playa del Carmen

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Miryam Gomezcésar.

México se ha caracterizado por estar en los rankings a nivel mundial, pero últimamente muchas de las razones no han sido agradables y, por el contrario, deben ser vistas como punto de alarma para su intervención. Ya no hablemos de Quintana Roo, que a nivel nacional recientemente se ubica en los primeros lugares de maltrato infantil.

Ser considerado así es claro que no es algo para presumir. El estado está en el primer lugar de consumo de pornografía infantil y en explotación sexual de menores de edad. Una realidad que se palpa a simple vista al transitar por las zonas de cuarterías donde se ejerce la prostitución, donde se observa la presencia de menores de edad, un asunto que preocupa porque lastima a la infancia y es parte de las constantes violaciones a los derechos humanos y los constitucionales de las víctimas. La tendencia es creciente.

Nada más trágico para la población que el nivel de violencia que se presenta, ahora con mayor frecuencia, contra niños y adolescentes expuestos a convertirse en víctimas de las bandas del crimen organizado, pero también son y han sido víctimas del descuido familiar, del abandono social, del desamor, de la falta de protección que inclina la cifra negativa.

¿A alguien le importa?

El aumento de la cifra de desapariciones, de maltrato intrafamiliar, de tortura, de crímenes con extremada agresividad, entre otros aspectos, habla de una sociedad enferma. Eso somos y no es ninguna novedad, pero sí el tiempo entre estas acciones y las respuestas correctivas a una eventualidad tan provocadora que demuestra que algo o lo mucho que se está haciendo mal.

En un país como México, con visibles contrastes sociales en una población multicultural y polilingüe,  donde los problemas que se enfrentan para mejorar su nivel de  desarrollo, brotan como la yerba en tierra fértil en temporada de lluvia, el dominio que ejercen las bandas criminales sobre los gobiernos ha pasado de ser un problema de contención y una pesadilla para las familias a un conflicto de insospechadas consecuencias.

Sobre la inseguridad y el posible remedio para frenarla se ha dicho todo. Sexenio tras sexenio desde hace más de dos sexenios, el crecimiento delictivo que provoca la inseguridad en casi todo el país, ha sido el problema principal, pero la ola criminal ha llegado a límites incomprensible e inaceptables al grado de afectar actividades económicas, desintegrado familias y acercado a los infantes a estos lamentables núcleos de bandidos como parte de los aspectos desestabilizadores de la crisis. Las consecuencias de la calidad de atención podrían lamentarse a muy corto plazo.

La urgencia es lograr que las leyes se apliquen, que se cumplan rigurosamente, que se haga justicia, que se acabe con la impunidad, encontrar el camino de regreso a la civilidad, a la normalidad para una sociedad que está en plena decadencia y que no sólo ha perdido la orientación, sino sus valores fundamentales, vive con esa herida expuesta, entre la indignación, sus dolencias, carencias y su incapacidad de reacción.

Quintana Roo no es ajeno a esta tendencia, durante el presente gobierno, los habitantes y turistas han presenciado una extensa gama de actividades delictivas que van desde la explosión en una embarcación (aún sin aclaración ni culpables), al zafarrancho en el Blue Parrot, más una amplia gama criminal que llega hasta la muerte de una niña de origen guatemalteco, de once años de edad, ocurrida en una colonia irregular de Playa del Carmen, Solidaridad, las autoridades dicen que de ‘asfixia por ahorcamiento’, pero que sin indicios de abuso sexual ni violencia física ¿Qué entenderán por violencia física? El final de su tragedia personalísima. 

La menor, que fuera encontrada muerta por su familia, vivía en hacinamiento en condiciones de pobreza, un suceso del que no hay suficiente información y que ha llenado de indignación a la comunidad local sin que se trate de un caso aislado porque han ocurrido otros hallazgos de mujeres adolescentes asesinadas con saña, torturadas y abandonado su cadáver en la periferia, donde y como sea. En muchos casos las autoridades no han tipificado como feminicidio sino producidos por problemas sentimentales o familiares.

Este lamentable incidente se agrega a la lista negra de maltrato de niños desaparecidos,  encontrados asesinados en varios estados del país como en Chihuahua, Estado de México, Tamaulipas, entre otros, en los últimos meses. Cabe preguntar si el tema merece mayor atención o se deja a la inercia de la actuación ministerial.

La afectación de la infancia no necesariamente en pobreza extrema aunque se trate de un agravante importante del problema, tendría que alertar a una población tan arriesgada al azote de las bandas criminales que desde hace varios años se dedican también a cooptar a los niños para integrarlos a los grupos de asesinos tan desalmados.

Aunque el tema es delicado y, por lo mismo, inaplazable, como Coordinador del Ejecutivo, AMLO tendrá que dedicar el mayor tiempo posible a este espinoso problema con el mayor de los cuidados. Es un reto que por su complejidad requerirá de un gran esfuerzo por tratarse del segmento más frágil de la población.

El deterioro del tejido social tiene varios aspectos que lo propician entre los que prevalecen la condición económica, la familia, la salud y la educación son tan sólo algunos de los factores que provocan su desgaste. Los menores de edad en la estadística de las víctimas, lo son del  abandono, del maltrato y la indiferencia,  un aspecto presente y cotidiano.

El fenómeno se observa más claramente en la frecuencia de la emisión de la Alerta Ámbar por la Procuraduría General de la República, para la localización de personas desaparecidas, información que solicitan a través de todos los medios de comunicación (desde posters, folletos, menciones por radio, televisión y las redes sociales, hasta espectaculares colocados en lugares de alta densidad de tránsito), pidiendo la cooperación de los ciudadanos para su localización.

Este acertado y exitoso procedimiento adoptado ha permitido encontrar a muchas personas pero resulta insuficiente por el tamaño del espectro. Por desgracia muchas personas no son localizadas a tiempo y más tarde informan que fueron encontradas muertas en condiciones indescriptibles, presuntamente víctimas del crimen organizado o de situaciones extremas por rencillas intrafamiliares, casos de asesinatos que quedan en el archivo de los asuntos sin resolverse, en la cifra estadística y párele de contar. 

Ante esta lamentable situación, la Doctora Beatriz Gutiérrez Müller debería replantearse participar en la búsqueda de solución para este fenómeno que hiere a la sociedad, aunque haya dicho que prefiere mantenerse con bajo perfil en este gobierno y concentrarse en actividades de investigación y su vida normal, porque es mejor ser parte de la solución que, desde su privilegiada posición, podría hacer mucho para impulsar que se mejoren las políticas públicas que ya existen, proponer otras y contribuir a mejorar el marco legal con el diseño de iniciativas enfocadas a la protección del sector más vulnerable de la población, la protección de la infancia que es el futuro común.

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