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Miércoles 19 de Diciembre de 2018

Adiós a las “incubadoras” de candidatos a gobernador

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Francisco Garfias.

Ya era hora de que alguien protestara por ese bodrio –aprobado por Morena y sus aliados– que es la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Un total de 55 senadores del PAN, PRI, PRD y MC presentaron ayer ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad en contra de ese decreto que, dicen, pone en riesgo la autonomía del Poder Judicial.

La citada Ley gira alrededor de la popular premisa de que nadie puede ganar más que los 108 mil pesos que AMLO se fijó unilateralmente como salario.

La acción de inconstitucionalidad de la oposición se agrega a los amparos que interpusieron más de 2 mil empleados del Poder Judicial, entre ellos 600 magistrados, para impugnar esta reforma del gobierno de López Obrador.

Es cierto que responde a un insistente reclamo de la sociedad mexicana, que en las urnas pidió acabar con excesos, privilegios y abusos en el uso de los recursos públicos.

Hasta allí todo bien.

La bronca está en que es falso que únicamente afecte a la “burocracia dorada”.

Le ha pegado a los derechos laborales de los trabajadores; acabó de golpe con la “meritocracia” en el sector público, precipitó jubilaciones adelantadas; obligó a los mejores a buscar trabajo en la iniciativa privada.

Pero también dejó a muchos embarcados con hipotecas, créditos, colegiaturas que contrataron con un salario determinado. Jamás imaginaron que llegaría la “austeridad republicana” a sus bolsillos.

“Son medidas que tienen una buena intención, pero que traen consecuencias terribles y dramas humanos que no están siendo considerados”, nos dijo ayer el senador del PAN, Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Economía de la Cámara alta.

Y más: “Al final del día yo creo que Andrés Manuel tiene un pensamiento simple. No analiza las distintas repercusiones que sus decisiones, bien intencionadas, pueden tener en mexicanos que tienen derechos”.

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Es una buena noticia que el presidente López Obrador, hombre de ideas sólidas, se haya mostrado receptivo frente a los reclamos de los gobernadores de oposición por las facultades en materia de seguridad que pretendían darles a los “superdelegados”.

En su esquema original, estos “superdelegados” no eran otra cosa que “incubadoras de candidatos a gobernador”, como bien lo señaló el diputado del PRI, René Juárez, en la toma de protesta de AMLO.

En su primera reunión oficial con la Conago, ayer en Palacio Nacional, el presidente de la República dejó claro que sus representantes en los estados no tendrán facultades en seguridad pública.

Le tocará a Alfonso Durazo, titular de la resucitada SSP, designar al secretario técnico que va a representar al Gobierno Federal en las Coordinaciones Estatales para la Pacificación y la Reconciliación Nacional.

El primer mandatario desactivó así un conflicto que auguraba un enfrentamiento entre la Federación y los Estados.

Quedó claro también que, en su mayor parte, los gobernadores de oposición tratarán de mantener una buena relación con el todopoderoso presidente López Obrador, dada su posición más débil.

Algunos se resistirán –el emecista Enrique Alfaro o el panista Javier Corral son candidatos– y comenzarán a emerger como los principales líderes de la oposición.

El propio Gustavo Madero nos dijo ayer que le dio mucho gusto que AMLO haya “corregido” el tema de los superdelegados en materia de seguridad, pero aún así le preocupa esa figura “porque violenta, en el resto de las materias, el Pacto Federal”.

“Le decía a mi gobernador, Javier Corral, que al rato van a ser inútiles los gobiernos de los estados para la población. Todos le van a tener que tocar la puerta a la Federación.

Está centralizando todo. Este proyecto de que la SHCP va monopolizar las compras va a generar un embudo que va a atrofiar el funcionamiento del gobierno federal. Son decisiones tomadas en una mesa, sin el análisis de su impacto en la realidad…”, puntualizó el panista.

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La estabilidad política se encuentra en sus “mínimos históricos” en México, de acuerdo al Índice de Riesgo Político Global del Grupo Eurasia. En la misma situación se encuentran Reino Unido, Turquía, El Salvador y Myanmar.

El Índice ubica a los mercados emergentes o desarrollados de Japón, Portugal, Corea del Sur entre los más estables, políticamente hablando.

Precisa que la volatilidad aumentó ligeramente en Argentina, China, Rusia y Estados Unidos.

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Uno que andaba muy contento es Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI. ¿El motivo? La alerta lanzada por la ONU-DH por el uso político de la prisión preventiva.

El uso político de la prisión preventiva “viola tratados internacionales, trasgrede derechos humanos, y puede ser usada para reprimir a opositores políticos”, según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

Hace cinco meses, Alejandro presentó una denuncia en Nueva York sobre el tema. “Vamos avanzando”, nos dijo.

Gutiérrez paso nueve meses en una cárcel de Chihuahua por un presunto desvío de 250 millones de pesos a campañas del PRI en 2016. El gobierno de Javier Corral nunca presentó una prueba sólida. Se basó en los dichos de un “testigo protegido” para encerrarlo.

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Van dos buenas. La primera es que Mauricio Farrah, otrora secretario general de la Cámara de Diputados, fue recuperado por el Senado. Llega como secretario general de administración a la Cámara Alta.

La segunda es que la Junta de Coordinación Política de ese órgano legislativo le hizo un reconocimiento a Roberto Figueroa Martínez, predecesor de Farrah, por su destacada labor en ese cargo.

FIN.

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