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Viernes 22 de Marzo de 2019

El otro “uso” del Ejército

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Ethel Riquelme.

Mucho fondo de oportunismo, coyuntura de relevos, ansias de poder y crisis en los organismos de atención a víctimas y derechos humanos, hay detrás del nuevo “golpe” con material viejo contra la Sedena. Lo que revela un video difundido donde se relaciona a un estudiante de Ayotzinapa como “infiltrado” del Ejército Mexicano no es nota, sino la guerra entre organismos del Estado, sus miembros, los aspirantes a sucederlos y el peligroso juego que incluye a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, crítica de la composición militar de la Guardia Nacional.

Viejo, muy viejo, el video que el Comité Miguel Agustín Pro presentó como presunta prueba que el ejército no ha entregado todo el material relacionado con Ayotzinapa a la PGR, en realidad salió a la luz desde octubre del 2015, fue incluso comentado por el entonces titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, y se acompañó de oficios integrados al expediente de la ahora Fiscalía.

Si no es noticia el famoso video donde aparece la madre del joven Julio César López Pilotzin recibiendo información y un sobre amarillo por parte de un coronel del ejército, ni resulta extravagantemente novedoso que la Sedena haya confirmado, en su momento, que se trataba de su sueldo porque era un militar activo que había pedido, como muchos lo hacen, la oportunidad de estudiar sin alterar sus horarios de servicio; habría que aterrizar el tema en la coyuntura de sucesión de la defensoría institucional.

Los morenistas, como debe ser con el poder, van por lo que quede de los organismos autónomos, dada la crítica férrea del presidente hacia ese sector desde que se rebelaron por el asunto de la disminución de salarios, y van por los organismos de derechos humanos del Estado con una estrategia que resulta riesgosa para el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador y que confunde al ejército mexicano, integrado actualmente en todos los planes administrativos, operativos y legales del ejecutivo, pero atacado por las huestes morenistas para promocionar sus agendas de lucha social.

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha reconocido que hay un intenso golpeteo contra su administración que culmina este año. Nada nuevo considerando la forma como el propio ombudsman nacional llegó a la posición en una terna ante el Senado donde el desliz de una senadora reveló, antes de la decisión, el nombre del ganador en aquel 2014.

Un ataque frontal se dio también la semana anterior contra Jaime Rochín del Rincón, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por parte de la senadora morenista Nestora Salgado, quien pidió su cabeza por ausencia de resultados. Incuestionable la debilidad de la actuación del CEAV, pero la estrategia de golpeteo, aseguran al interior del propio Senado, viene desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, de Alejandro Encinas.

Tampoco debe ser extraño este proceso de descalificación para un grisáceo Rochín, quien en 2013 llegó a la titularidad del organismo por primera vez y en el 2016, para ser ratificado, hizo compromisos con partidos políticos, funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil que poco pudo cumplir. Su periodo culmina también este año.

Desde las fuerzas armadas, que tampoco están ajenas a estos relevos de los organismos que los han mantenido en jaque durante los últimos 5 años particularmente, se advierte una preocupación por el avance de un juego que podría alcanzar niveles muy peligrosos en la medida en que las denuncias, la reedición de casos, la exhibición de presuntas violaciones en contra de militares, termine arrinconando a la Cuarta Transformación sobre todo con la operación de la Guardia Nacional compuesta por militares, pero con el ejecutivo como responsable.

Así, una ambición que puede convertirse también en un balazo en el pie del Senado si se llegan a poner en entredicho los acuerdos exteriores de derechos humanos que tanto se cuidaron al crear la Guardia Nacional.

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