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jueves, abril 25

Sin cifras no hay paraíso

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Ethel Riquelme.

Para el Ejército, las estadísticas de delitos –esas mismas que no cuadran– son mucho más que sólo números, debates y espectáculos mediáticos: representan el fundamento al Plan de Acción de la Guardia Nacional y de sus 84 mil efectivos. La forma en que serán destacamentados en el territorio, asignados a misiones y dotados de equipo, dependerá estrictamente de cifras de delitos y flagrancia que deben ser certeras, sin maquillaje ni manipulación.

Sin cifras no hay paraíso en materia de seguridad pública. Las estadísticas de delincuencia se convierten en un asunto de la más alta prioridad, pero hay otra numeralia que también  tiene  paralizada a la Secretaria de la Defensa Nacional en el proceso de construcción de la Guardia Nacional:

Primero y urgente, el presupuesto para compra de equipo, salarios, infraestructura, desplazamientos, entre otros. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha avanzado en la generación de claves presupuestales, definición de esquemas de transferencia, justificaciones de adquisiciones, entre otros elementos que establezcan ya la forma de ministrar fondos a la Sedena como encargada de la administración de los recursos de la GN. El argumento es que la GN aún es un ente inexistente.

En segundo lugar, la aprobación de los cuatro documentos reglamentarios que darán la base legal a la operación de los integrantes de la Guardia Nacional, y que también dependen de números, en este caso de los votos del Senado y de la Cámara de Diputados. No obstante, las leyes del Sistema Nacional de Seguridad, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenidos que fueron entregadas por el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, al Senado de la República la semana pasada, fueron apenas turnados a comisiones y se advierte que su análisis y discusión ocupará un periodo extraordinario de sesiones a partir de mayo.

Se establecería, aseguran, la meta de sacar adelante un documento por cada mes del periodo extraordinario. Lo que implicaría contar con la base legal de la nueva Guardia Nacional hasta el mes de agosto y la asignación presupuestal durante el mes de septiembre con un plazo de apenas dos meses -octubre y noviembre- para licitaciones, adquisiciones, asignaciones y transferencias, dado que el ejercicio presupuestal concluye prácticamente en noviembre. Una verdadera operación “relámpago”, en palabras castrenses.

Un tercer aspecto numérico que alerta y angustia a las fuerzas armadas que también tiene que ver con números, son los plazos de convocatoria e integración de las filas con personal civil que definitivamente no saldrán a las calles en tanto no cuenten con la capacitación más que básica, de derechos humanos, manejo de armamento, defensa y protección de sus unidades, procesos legales, etc., que no podrá iniciar en tanto no se tenga la estructura de seguridad para pagos y altas.

El retraso implicará la operación de la Guardia Nacional lo que resta del año únicamente con personal militar adscrito desde las brigadas de las propias fuerzas armadas, Policía Militar, Policía Naval y del personal de la Policía Federal que en los hechos, también es inexistente y podría operar en esa condición de incertidumbre.

Y finalmente, pero lo más importante, las estadísticas y cifras de criminalidad que proporciona el Sistema Nacional de Seguridad y que hasta hace unas semanas proveía con buenos niveles de certidumbre contando también con la Plataforma México, hoy en proceso de desaparición o por lo menos de abandono, dado que no han sido puntualmente alimentadas en sus bases de datos por los gobiernos estatales y municipales.

Sin estadísticas creíbles, cruzadas, confirmadas y ratificadas por los sistemas de inteligencia para determinar acciones, simplemente no hay plan para la Guardia Nacional.