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Nación corta de justicia

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Foto: Especial

Alfonso López Collada

Ante una fuerte manifestación de pobladores de San Salvador Atenco (Edomex), que exigían justicia a las puertas de la Suprema Corte, el miércoles pasado los ministros programaron para el día 30 -una semana después- la revisión de los proyectos de sentencia relativos a los disturbios del 2006.


Desde marzo de ese año ha estado escondida América del Valle, hija del líder de Atenco, sobre quien pesa una orden aprehensión. En dos ocasiones se le ha negado el amparo. Movida por la desconfianza en el sistema de justicia, el mismo miércoles pidió asilo en la embajada de Venezuela en México, donde permanece mientras se estudia y se resuelve su caso en aquél país.
El origen del problema de Atenco fue la decisión foxista de construir ahí, donde está el pueblo, un aeropuerto nuevo (pagando 7 pesos por metro expropiado), lo que despertó la resistencia de los locales. El resultado: 200 detenidos, de los cuales doce aún permanecen presos: nueve purgan condenas de 31 años, dos de 67 años y uno de ellos, Ignacio del Valle, es seguro que no pueda cumplir su condena de 112 años, que vence en 2118. La corte resolverá la solicitud de amparo promovida por Ignacio del Valle.
La acusación enderezada contra del Valle es el “secuestro equiparado” (traducción: no es secuestro, pero como si lo fuera; la pena sí es la misma), igual que contra América, su hija, contra las indígenas Ñah-Ñú Jacinta, Alberta y Teresa -hoy libres gracias a la presión de la prensa crítica y las organizaciones derechohumanistas- y contra los indígenas sentenciados injustamente por la matanza de Acteal.
La SCJN tiene ante sí, por segunda ocasión en un mes -privilegio insólito que le regala la historia-, la oportunidad de enviar un mensaje de justicia a nuestro país, con el que los poderes han acumulado una vergonzosa deuda de dolor y abuso sistemático y sistémico. Sobre la masacre de Tlatelolco, en el 68, se determinó que hubo genocidio pero no genocidas; en la campaña presidencial del 2006, que hubo participaciones culposas, pero no participantes culpables. Lo mismo que en la guardería de Hermosillo: puro fantasma de cuello blanco.
La falta de juridicidad no se combatirá en las altas esferas. Únicamente la construcción de la civilidad, obra exclusiva de la ciudadanía, puede arreglar este problema de todos. Cada uno de nosotros podemos hacer algo para que la resolución de la Corte el día 30 no sea una re-edición de “El ABC de la Impunidad”. Informarnos, entender, no aceptar las racionalizaciones disfrazadas de razonamientos, no asumir argumentos viscerales como sustento lógico, pensar y luego hablar. Callar sería fortalecer el proyecto de una Suprema Corte de Justicia de la Nación que lucha por imponernos una Nación Corta de Justicia, como la que les pintó Rafael Cauduro en los muros de su sede.

Publicado en el Diario de Chihuahua