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¿En ese sistema nos quieren juzgar?

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Francisco Garfias
“Los jueces corruptos…”, soltó abruptamente el oficial del Ejército, al explicar la razón que los ha llevado a oponerse los intentos de modificar el llamado fuero de guerra, para que los soldados que cometen delitos contra civiles sean juzgados por tribunales ordinarios. Nomás no le tienen confianza al aparato de justicia mexicano, y no les falta razón.
El tema del fuero debió haberse agendado en este período de sesiones del Congreso. Lo prometió Fernando Gómez Mont en abril pasado, cuando era titular de la Secretaría de Gobernación. Pero hoy está en la congeladora y no parece haber intenciones de sacarlo. Las presiones son fuertes”, aseveran legisladores del PRI.
El propósito de los que promueven las reformas al artículo 57 del Código de Justicia Militar es revertir la situación prevaleciente. Las ong’s y la izquierda dicen que el fuero de guerra ha servido como “tapadera” a integrantes del Ejército que han delinquido.
La fuente militar rechazó esta versión. Los oficiales están convencidos de que hay mayor impunidad –y complicidades– en los tribunales civiles. Puso como ejemplo el Caso Castaños, en Coahuila. Se trata de militares que violaron a unas prostitutas, cuando estaban fuera de servicio. Un oficial y 5 elementos de tropa fueron puestos a disposición de las autoridades civiles. “A uno lo liberaron bajo caución, y se les fue”, ilustró.
Antes de despedirse –deber obliga—el oficial remató con una pregunta: ¿En ese sistema nos quieren juzgar?
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El desencanto reinaba en todos los cuarteles en las épocas de Fox. El ingreso mensual de un soldado, en ese entonces, era de 4 mil pesos. Por esa ínfima cantidad los mandaban a la sierra durante meses, lejos de la familia, cerca del peligro. Las prestaciones eran mínimas. La moral andaba por los suelos. Las deserciones aumentaron, las traiciones también. Los Zetas nutrieron sus filas con tropas de elite. Para las Fuerzas Armadas, en cambio, reclutar era un reto muy difícil. A nadie le interesaba.
Hoy un soldado gana 6 mil pesos mensuales. Antes del fin del sexenio serán 8 mil. Por lo menos ese es el compromiso. Sus hijos están becados por el Estado. Podrán ir a la universidad que quieran. Eso ha logrado disminuir la deserción en las Fuerzas Armadas en un 40 por ciento. El reclutamiento se ha facilitado, la moral ha subido y el orgullo regresa.
El Ejército es la institución en la que más confían los mexicanos. Un 48 por ciento declaran tenerle mucha confianza, según la última encuesta de Beltrán y Asociados. El resultado se atribuye principalmente a la percepción de que trabaja bien, ayuda en desastres, protegen al país. “La percepción seguramente está influida por el impacto positivo que genera el desfile de las Fuerzas Armadas el 16 de septiembre y el trabajo que realizan actualmente en auxilio a la población por los desastres”, dice la encuesta
No soslaya, sin embargo, que entre el 22 por ciento que expresan poco o nada de confianza en el Ejército, se incrementó la referencia a que “abusan de su poder.”
Último apunte: El Ejército ha perdido 600 hombres desde que le entró a la lucha contra el narco, en la década de los sesentas. Un tercio de ellos, 200, han muerto en lo que va del sexenio de Felipe Calderón. Son cifras oficiales que nos revelan la forma como se ha elevado el costo en vidas, desde que los soldados desempeñan labores de policía, para las cuales no fueron preparados.
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La revuelta interna en el PRD ya se extendió a su bancada en el Senado. Legisladores afines a AMLO –Rosalinda Hernández López, Yeidkol Polevnky, Carlos Sotelo, Arturo Nuñez—se han reunido en varias ocasiones en las oficinas del “Gobierno Legítimo” para conspirar en contra del coordinador del grupo, Carlos Navarrete. Lo quieren tirar.
La última acusación que le hacen es el supuesto maltrato a Minerva Hernández. La tlaxcalteca regreso a Xicoténcatl, luego de participar en la elección de gobernador en Tlaxcala. Navarrete no la quiso restituir en sus comisiones; ni siquiera le devolvió la curul, aseguran. Minerva ya se pasó a la fracción del PAN
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Nadie cede en la batalla por el espectro radioeléctrico. El Grupo Salinas, propietario de Iusacell, mantendrá los juicios interpuestos para evitar la entrega de títulos de concesión a Nextel. En un comunicado, el Grupo da la bienvenida a la competencia, “pero sin ventajas a uno de los jugadores”. Solo se desistirá de los juicios, si se fija un mecanismo para que Nextel pague 5 mil millones de pesos que le están regalando a su competidor, puntualiza el comunicado.
Fin.
Publicado en Excélsior