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El secreto mejor guardado de México.

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Foto: Especial
Francisco Garfias
El cártel de los hermanos Beltrán Leyva no cesa de buscar a los marinos que participaron en el operativo que hace 10 meses le costó la vida al Jefe de Jefes. Quieren venganza y para lograr sus propósitos han utilizado incluso las vías legales para allegarse información.

La Secretaría de Marina ha recibido solicitudes de la CNDH; los juzgados civiles, el IFAI, y hasta de la Sedena, para que identifique a los elementos que integraron el comando que en diciembre del 2009 irrumpió en el conjunto residencial Punta Vista Hermosa Cuernavaca, donde el temido capo murió acribillado

Las solicitudes han sido rechazadas con el mismo argumento: si los identificamos, son hombres muertos, aseguran fuentes de la Marina.. El asesinato de la familia del contramaestre Melquicedec Angulo Córdova, caído durante el asalto al refugio del fallecido Arturo Beltrán Leyva, transformó esa lista de nombres en “el secreto mejor guardado de México”.

Durante el operativo, la Marina bloqueó y escuchó todas las llamadas hechas por El jefe de Jefes poco antes de su muerte. La información que obtuvo es valiosísima. “Telefoneó a gente muy importante”, aseveraron las fuentes. La pregunta es ¿y que se hizo con esa información?

Las mismas fuentes nos aseguran que Los Zetas tienen serios problemas para “cubrir la nómina” de sus sicarios en Tamaulipas. Miembros de esta banda criminal, que la Marina detuvo por la terrible matanza de los 72 migrantes centro y sudamericanos, “nos dijeron que ya no querían ser Zetas, porque sus jefes no les pagaban”.
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La defensa de Enrique Peña Nieto, que hacia el diputado local del PRI, Pablo Basañez exasperó a su homólogo del PAN, Jorge Ernesto Insunza. El panista reviró con una cascada de descalificaciones al gobernador mexiquense, quien se ha convertido en el blanco de las críticas de azules, amarillos y naranjas, por ser el puntero en las preferencias electorales de cara al 2012.

El panista calificó los 600 compromisos del mandatario de obedecer a una “campaña mediática” para acrecentar su popular. Manifestó que la entidad es la número 32 en transparencia y el 28 en competitividad, y criticó duramente al gobierno por utilizar recursos para apuntalar la imagen de Peña Nieto que pudieran aliviar rezagos en el estado.

Ya encarrerado, acabó por tildar de “autoritario” al mandatario estatal priista y se fue al extremo: ¿Sabe usted cual es la única diferencia entre Díaz Ordaz y Peña Nieto? Preguntó a bocajarro. Sin esperar la respuesta, se autorespondió: “En que Díaz Ordaz era feo…”

¿La va a dejar pasar? Le preguntamos a Basañez. “Ese es un comentario absurdo”, repuso el priista, con cierto desdén.

La escena ocurrió durante la grabación del programa La Hora 25 que se transmitirá hoy a las 20:30 horas por Capital 21, la televisión por Internet del GDF. En el programa participó también el diputado federal del PRD, José Luís Jaimes, quien calificó de “regresiva y autoritaria” la llamada Ley Peña. “Es una reforma que busca reglas electorales a modo para los candidatos del partido en el poder en el Estado de México”, aseguró.
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El “oso” de la semana se lo llevaron los diputados de la ALDF. Primero acordaron eliminar el bono semestral que se entregaba a secretarios técnicos, mandos medios y superiores, en un esfuerzo por mostrarse austeros. Quitaron incluso el recurso del presupuesto para el 2011.

La cosa se complicó ahora que cambiaron de opinión. Y es que 44 de los 66 asambleistas piden que sí se les entregue el bono a estos funcionarios. El problema es que no está presupuestado. El recurso tendría que ser descontado de sus dietas, gastos en módulos, y el dinero adicional que reciben por ser presidentes de comisiones. ¿Serán tan generosos para aceptarlo? Dos a uno a que no.
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Juan Molinar Horcasitas no ve la suya. Ahora fue el diputado del PT, Mario di Constanzo, el que solicitó un juicio político contra el secretario de Comunicaciones y Transportes “por las inexcusables violaciones cometidas al emitir el fallo de la Licitación 21” del espectro radioeléctrico, a favor de Nextel.

El obradorista fue más lejos. Pidió juicio político también para Mony de Swann y Gonzalo Martínez Pous, en su carácter de Comisionados de Cofetel, por el “perjuicio” a los intereses públicos fundamentales, ocasionado con el fallo de los concursos para la citada Licitación 21. El fallo, pues, sigue coleccionando resistencias.