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La sombra del IVA persigue al PRI

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Foto: Especial
Francisco Garfias
Un vendaval amenaza de nuevo a la fracción del PRI en la cámara baja. Los gobernadores de los estados han ejercido tremendas presiones sobre los diputados de sus entidades para que no se cumplan los famosos acuerdos de Ixtapan, que contienen el compromiso de los tricolores de bajar un punto el IVA.
Los mandatarios se oponen al aligeramiento de la carga fiscal, por considerar que la destrucción provocada por huracanes e inundaciones, en varias entidades del país, hacen imposible, en ese momento, renunciar a los 32 mil millones de pesos que costaría al erario disminuir un punto al regresivo impuesto.
Estas presiones han provocado división y hasta amenazas en el seno del grupo tricolor. Un puñado de entre ellos, cuatro o cinco, han comentado, en corto, su disposición a declararse independientes, si no baja el IVA, según Héctor Pablo Ramírez, cabeza visible de la incipiente rebelión. El legislador oaxaqueño recordó que con cinco diputados, se puede constituir un nuevo grupo parlamentario.

Otros 25 o 30 legisladores “de los que andan sueltos” (no habrá gobierno del PRI en sus entidades en el 2011) están dispuestos a “dar la batalla” para que se baje el IVA, aún en contra de las directrices de la cúpula parlamentaria del grupo. “Lo que no entiende Peña, y nunca entendió Ulises, es que esa lana la quiere el gobierno federal para chingarnos en las elecciones; no para reconstruir”, se quejó Ramírez.
El encono en el seno del grupo priista creció por declaraciones que atribuyen al diputado del PAN, Carlos Pérez Cuevas, en el sentido de que hay un acuerdo para que no baje el tributo al consumo. El número dos de la bancada azul, sin embargo, negó tajantemente haber dicho semejante cosa, al ser increpado por su homólogo del PRI, José Ramón Martel.
Paco Rojas, jefe de la bancada tricolor, tuvo que aclarar, en la reunión previa, que los Acuerdos de Ixtapan “siguen vigentes” y que, hasta ayer, no se ha considerado variar la posición. Solo el pleno del grupo puede tumbar esos acuerdos, recordó.
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La sombra del IVA ha perseguido al PRI desde 1995. Al otrora partidazo le costó muchos votos la decisión de subirlo del 10 al 15 por ciento en los tiempos de Ernesto Zedillo. De esa aprobación partió el mito de la famosa roqueseñal.
Un amañado pié de foto, en un diario nacional, etiquetó para siempre a Humberto Roque, entonces jefe de la fracción del PRI, como el hombre que celebró de mala manera el incremento de la carga fiscal a los mexicanos.
Por el IVA, Elba Esther Gordillo perdió su chamba de coordinadora parlamentaria del PRI en el 2003. Le quiso hacer el juego al entonces presidente Fox, en su intento de quitar la tasa cero a alimentos y medicinas. Gravísimo error. Los propios diputados del tricolor le cortaron la cabeza a la maestra.
En ese abortado intento, Paco Rojas, aliado de Gordillo en esos tiempos, perdió la presidencia de la Comisión de Presupuesto.
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La diputada defeña María de la Paz Quiñones, quien renunció al PAN hace dos meses, tomó ayer la decisión de integrarse al grupo que comanda el propio Rojas. “Es mi día de crisis”, nos dijo, al explicar que ayer tuvo que notificar su decisión al PRD, PT, Convergencia, PT y PVEM, que también la invitaron a integrarse en su fracción. “En el PRI me dieron mejores opciones de trabajo”, explicó.
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Los amigos del Peje querían debate en la tribuna sobre las afirmaciones del presidente Calderón de que “López Obrador es un peligro para México”, pero nadie los peló. Ni priistas, ni panistas, ni chuchos, se engancharon, por más que los petistas los picaron.
Gerardo Fernández Noroña abrió el debate. El petista reprodujo en los micrófonos, ayudado por una computadora, un discurso de campaña de Felipe Calderón, en el que claramente se comprometía a no subir impuestos si ganaba la elección. Porfirio Muñoz Ledo fue el último orador. Reprochó a los panistas su silencio, ante los señalamientos que se le hacían al presidente de la República. “Se repite a historia del desafuero, con enorme peligro para el país”, alertó Porfirio.
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Hay pésimas para la SHCP y buenas para las grandes empresas que se ampararon contra las Reformas al Régimen de Consolidación Fiscal, aprobadas por el Congreso el año pasado, La jueza primera de Distrito, Guillermina Coutiño Mata, concedió el amparo a los quejosos, al considerar que las reformas violan el principio de irretroactividad previsto en la Constitución.
Estas reformas pretenden que los grandes grupos que consolidan, dejen de diferir el impuesto a su cargo por largos períodos de tiempo y en su lugar, se vaya enterando este impuesto diferido al menos cada cinco años. Echar para atrás la reformas le cuesta al erario 15 mil millones de pesos, según la SHCP.

Publicado en el Excélsior