“El señor dijo: hágase la luz… Y la oscuridad en la casa”.

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Foto: Especial
Alejandro Zapata Perogordo
Otra vez la burra al trigo. Las administraciones municipales, en un desmedido afán por obtener recursos económicos, le cargan al ciudadano el costo de los servicios públicos indispensables que deberían cubrir con el erario propio. Me refiero concretamente a la carga que año con año realizan por concepto del derecho de alumbrado público.
Este apartado tuvo su origen en el primer lustro de los años ochenta, cuando los municipios carecían de recursos económicos e inclusive algunos de ellos no tenían ni para pagar las nóminas, menos para cumplir con la prestación de los servicios primarios. Por tal motivo, como un proceso de innovación para el fortalecimiento de las finanzas públicas, se aplicó el impuesto a dicho servicio.
En aquella ocasión, siendo presidente municipal de la capital potosina, el doctor Salvador Nava Martínez se opuso rotundamente por considerar que era oneroso para la propia ciudadanía, no correspondía a un esquema de legalidad y, por último, se trataba de una erogación que debía cumplir el gobierno municipal sin trasladarlo a la población. Fue esa la razón por la cual en San Luis Potosí nunca -hasta ahora- se ha cobrado tal carga.
Pues bien, como es del conocimiento público, todos los años, las leyes de ingresos de los municipios y las hacendarias aprobadas por los Congresos estatales, aprueban que se cargue un porcentaje del cobro de energía eléctrica de los usuarios, a través de la Comisión Federal de Electricidad, que actúa como retenedor, para cubrir el costo del alumbrado público.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que tal acto es inconstitucional, particularmente por las razones siguientes:
Se comienza por señalar que es una atribución que invade la esfera de competencia federal, de conformidad al artículo 73, fracción XXIX, inciso 5, por tratarse de una contribución especial sobre energía eléctrica, estando reservada como una facultad legislativa del Congreso de la Unión.
Así mismo, en virtud de considerar que se trata de una norma violatoria de las garantías de proporcionalidad y equidad, establecidas en el artículo 31 fracción IV, de nuestra Carta Magna, en tanto que tiene su base sobre el consumo interno de un usuario, ya sea en uso doméstico, comercial, industrial o de servicios, gravando el fluido eléctrico que utilice, sin que tenga relación alguna con el derivado del alumbrado público.
Adicionalmente a lo anterior, sin conceder por motivo alguno la constitucionalidad de esos actos, las tesorerías de los propios ayuntamientos no son las mismas de 1983 y, por el contrario, ahora pretender cobrar por todos los servicios que están obligados a prestar:
La recolección de la basura.
Los depósitos en los rellenos sanitarios.
Pavimentación de calles.
Ampliación de redes eléctricas.
Licencias de funcionamiento.
Formatos para el pago del impuesto predial.
Algunos servicios de seguridad y hasta el alumbrado público…
Si aspiramos a ser un país de leyes, debemos comenzar por exigir a las propias autoridades que las respeten y acaten.
Que se pongan la camiseta, que se les prenda el foco y den el ejemplo.