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Dinero sucio

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Alberto Aguirre

De la indignación, al desconcierto. Las pesquisas para localizar a los asesinos de las comunicadoras Marcela Yarce y Rocío González-Trápaga acreditaron –sin espacio para las suspicacias– que no se trató de un feminicidio, sino de un robo.

En los primeros días de octubre, altos funcionarios de la dependencia capitalina revelaron detalles precisos sobre su vinculación con una red de blanqueo de dólares, provenientes del narcomenudeo. La noche que las asesinaron, llevaban un millón de pesos en metálico, pero les tendieron una trampa.

En la batalla contra el crimen organizado, el combate al lavado de dinero es un terreno donde los éxitos son nimios, casi inexistentes. En Estados Unidos, las causas judiciales en curso contra los capos extraditados por el gobierno de Felipe Calderón están reorientándose; ya no solo se trata de condenarlos por los asesinatos o por el trasiego de la droga, sino por la acumulación de capitales.

Jack Riley, director de la DEA, acaba de anunciar que Vicente Zambada Niebla será juzgado en Chicago por su participación en el blanqueo de 500 millones de dólares del Cartel del Golfo; una cantidad insignificante, en comparación con últimas cifras globales de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen.

Un reporte dado a conocer a finales de la semana pasada establece –citando a informes proporcionados por funcionarios mexicanos– el flujo de efectivo proveniente de Estados Unidos y relacionado con el comercio de sustancias ilegales en 11,000 millones de dólares anuales.

En materia de lavado de dinero, las administraciones panistas han podido hacer muy poco en la última década. Tan solo entre el 2003 y el 2004 –según las autoridades estadounidenses– al menos 17,000 millones de dólares en efectivo fueron adquiridos por instituciones financieras de Estados Unidos a sus contrapartes mexicanas.

La gravedad de este fenómeno fue reconocida por el régimen calderonista, apenas iniciado el sexenio. A mediados del 2007, el entonces procurador Eduardo Medina-Mora, ratificó que anualmente, los bancos mexicanos reciben alrededor de 1,000 millones de dólares de sus contrapartes estadounidenses, pero enviaban cerca de 16,000 millones, de los cuales cerca de 10,000 millones “no tienen explicación alguna… y podrían atribuirse al flujo de dinero proveniente del narcotráfico”.

Una estimación realizada por la firma KPMG sugiere que el contrabando de efectivo desde Estados Unidos hacia México asciende a 25,000 millones por año. Otros cálculos, formulados por académicos especializados en estas ramas, oscilan entre 6,000 y 36,000 millones de dólares.

En junio del año pasado, la Secretaría de Hacienda introdujo regulaciones más estrictas que afectaron las transacciones en efectivo –tanto en dólares como en pesos– así como a los depósitos, pagos de créditos y cargos por servicios. Y particularmente, la prohibición de compras en efectivo de bienes inmuebles y pagos en efectivo por más de 100,000 pesos para artículos suntuarios.

Estas medidas deberían haberse reforzado con la entrada en vigor de las nuevas antilavado y para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ambas, sin embargo, siguen en trámite en el Congreso de la Unión. Lo mismo ocurre con otras reformas al marco normativo vigente, incluida una mayor cooperación interinstitucional, para identificar e investigar transacciones sospechosas, elevar las sanciones para quienes usen recursos provenientes de actividades ilícitas, y restricciones para el uso de grandes sumas de efectivo.

Los reportes de la ONU, sin embargo, revelan que la crisis económica podría estar afectando al tráfico de drogas en América del Norte y, por ende, el flujo de dinero ilícito podría estar disminuyendo.

La evidencia recopilada establece –sin lugar a dudas– que en esta región del continente, la logística del comercio de cocaína está a cargo de los carteles mexicanos, quienes la importan de Colombia. Las transacciones entre ambos producen ganancias brutas que ascienden a 3,300 millones de dólares. Sin embargo, en el 2010 habrían acumularon pérdidas por 2.700 millones de dólares, mucho mayores que las pérdidas netas sufridas por los narcotraficantes en Europa Central y Occidental.

No obstante, se calcula que las ganancias brutas ligadas al comercio de las drogas generados por los carteles mexicanos alcanzaron 13,800 millones de dólares el año pasado, de los cuales cerca de la mitad están ligadas a la introducción de cocaína a los Estados Unidos.

Los montos obtenidos en el embarque de cocaína desde México hacia los Estados Unidos son relativamente pequeños, estimados en 2,700 millones en 2009. Incluyendo los embarques de cocaína hacia el sureste asiático, las ganancias brutas de los carteles mexicanos relacionadas con el comercio mayorista de la cocaína están estimadas en unos 3,500 millones.

Una porción de este dinero ingresa al sistema financiero en Estados Unidos y otro tanto es contrabandeado de vuelta hacia México e ingresa al sistema financiero allá.

El reporte de la ONU permite poco espacio para el optimismo. Calcula que entre 18,000 y 39,000 millones de dólares se lavan cada año en México y en Colombia, producto de la venta de drogas.

Y concluyen: estrujar los recursos ilícitos tiene un impacto mucho más severo y de más largo plazo en el combate al crimen organizado, a diferencia de la captura de capos, quienes son “fácilmente reemplazables”.

Si eso ocurriera, hace mucho que la batalla habría terminado. Lo que está demostrado es que la capacidad global para detectar y frenar ese flujo de dinero –estimada en menos de 1% de las cantidades– no es tan distinta a la existente para frenar los excesos de los ejecutivos de la bolsa, causantes del desastre del sistema financiero.