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Mejor que aprueben la pena de muerte

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Según una encuesta nacional publicada en 2008, el 74,8% de los mexicanos está a favor de la pena de muerte para delincuentes que incurran en delitos graves

 

Rubén Cortés

El actual gobierno se despide en 2012 con su gran obra carcelaria: un penal de súper máxima seguridad, donde los reos preferirán que exista la pena de muerte en el país, porque pasarán 23 horas confinados en celdas individuales y verán el sol una hora.

Se trata de un despropósito, porque mata en vida a los delincuentes, lo cual es peor que condenarlos a muerte: es todo caso es una decisión hipócrita y es lesiva para la dignidad humana.

Si bien de acuerdo con el artículo 18 constitucional, algunas de estas medidas se pueden aplicar a ciertos reos, también violan principios del propio artículo 18, en el sentido de que todas las penas tienen como finalidad la readaptación social.

La sociedad encarcela a los delincuentes no sólo para castigarlos, sino también para que darles la oportunidad de readaptarse a través del trabajo, la educación, la salud y respeto a los derechos humanos.

Pero parece difícil de lograrlo en un sistema penitenciario con esas características, que incuba mayor sed de venganza por parte de los sujetos que logren salir de prisiones con esos regímenes disciplinarios.

Este penal será construido en Veracruz para delincuentes de alta peligrosidad capturados en su guerra contra el crimen, y tendrá capacidad para 256 internos, sometidos a métodos de “reinserción social” diseñados en Estados Unidos.

Las celdas estarán equipadas con cámaras de video por dentro y por fuera, así como vigiladas las 24 horas del día por guardias entrenados en Estados Unidos, las puertas serán dobles y estarán dirigidas a control remoto, con vigilancia extramuros y puntos de acceso controlados y supervisados.

Los internos jamás podrán ver a otros internos, tendrán restringidos los servicios médicos, educativos y hasta conyugales, además de que no podrán recibir cartas y las entrevistas con los abogados serán por teleconferencias.

Son medidas que violan las directrices (no los instrumentos, pues no son vinculatorios) de Naciones Unidas sobre readaptación social, pero lo peor es que se trata de un modelo peligroso en un sistema de justicia como el nuestro, en el que, en ocasiones, se fabrican culpables.

La solución no está en las penas, sino en la eficacia del sistema. En nuestro país, el derecho a la justicia queda a veces vulnerado, debido a la baja proporción de delincuentes detenidos, en relación con los delitos que se cometen: de cada 10 delitos, solo uno alcanza sentencia condenatoria.

Además, ni siquiera son necesarias más cárceles porque, aun cuando durante el gobierno de Felipe Calderón se han registrado más detenidos, van menos delincuentes a prisión: desde 2007, cayeron 146 mil 177 presuntos narcos, pero el número de presos disminuyó 6.2 por ciento.

Sí, necesitamos una justicia enérgica y resuelta, pero limpia y digna.