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Campañas con nocaut

Guillermo Chao Ebergenyi

Contra lo que se piensa, el emblema del PRI que apareció en el calzón del boxeador Juan Manuel Márquez durante su pelea contra el filipino Manny Pacquiao, no fue un hecho inédito en la política mexicana. Durante los años veintes el torero Juan Silveti (padre) protagonizó un hecho similar durante una corrida de toros celebrada en la plaza El Toreo de la Condesa.

La historia estuvo así: cuando el diestro se aprestaba a hacer faena de muleta al cuarto de la tarde, desplegó la pañosa para dejar ver al respetable cuales eran sus preferencias electorales, pues en la muleta se leía: VOTE por CALLES.

La diferencia entre lo hecho por Silveti y lo hecho por Márquez, es que en los años veintes del siglo pasado no existían autoridades electorales que castigaran las manifestaciones de preferencias electorales de los ciudadanos. Es decir, los mexicanos de entonces podían expresar sus simpatías partidistas con toda libertad y tenían garantizado que nada les sucedería…cuantimás si esas expresiones eran favorables al candidato oficial. En tanto que en pleno siglo veintiuno tales manifestaciones no solo están prohibidas, sino que merecen multas de hasta 29 mil pesos, como le pasó a Márquez, al partido así aludido y a la empresa televisora que transmitió el evento.

De todos ellos, tal vez la menos responsable sea la empresa que contrató los derechos de transmisión de la pelea y que, en esencia, no puede ser culpada de nada de lo que las cámaras captaron durante el desarrollo de un evento que la televisora no organizó, sino que solo retransmitió.

Suponer que la televisora pudo haber hecho algo al respecto (como, por ejemplo, ordenar que su director de cámaras subiese al ring y, esquivando jabs, ganchos y upper-cuts de Márquez y Pacquio, consiguiese despojar de su antidemocrático calzoncillo al púgil mexicano para dejar contenta a la autoridad electoral) es suponer demasiado.

Asimismo, suponer que el PRI pudo evitar tan anticipado acto de propaganda electoral, constituye otra apreciación exagerada, pues habría que demostrar que el tricolor estaba enterado de lo que sucedería durante el encuentro pugilístico, lo que el partido, por supuesto, ha desmentido y no existe forma alguna de probar lo contrario.

Finalmente, solo quedan los motivos de Márquez, quien con toda razón podría alegar que en el reglamento de sir John Sholto Douglas, noveno marqués de Queesberry, que es el que rige la práctica legal del pugilismo, no existe ninguna norma que prohíba anunciar al PRI, y como los combates boxísticos se gobiernan por esas reglas y no por las del COFIPE, entonces los partidarios de la legalidad electoral exacerbada ya se fregaron, pues, como dicen los abogados, al no haber materia no hay caso, ya que el código pugilístico fue publicado en 1867 y, al ser primero en tiempo, es también primero en derecho.

Para decirlo a la manera del arte de Fistiana: el que pega primero, pega dos veces.

Ahora bien. Ya que la autoridad electoral decidió subirse al ring con afanes de justicia, lo que podría hacer es exigir la anulación del resultado del combate Márquez-Pacquiao, porque, vox populi, fue un robo peor que el robo de urnas.