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El nuevo IEDF

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Alberto Aguirre M.

Su desempeño académico y su extendida participación en la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales sirvió a la socióloga Noemi Luján Ponce para forjar una sólida reputación como experta en materias político-electorales.

Pero al inscribirse como aspirante a ocupar una de las siete vacantes del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal omitió presentar el original de su cédula profesional. En vez de la certificación de la Dirección General de Profesiones de la SEP, presentó un acta ministerial, para acreditar que le fue robada. Eso bastó para que la Comisión de Asuntos Político-Electorales de la Asamblea Legislativa diera como válida su inscripción.

Ayer, Luján Ponce rindió protesta como consejera electoral, al igual que otros seis profesionales seleccionados por las fracciones parlamentarias que integran la ALDF. Cinco fueron propuestos por la mayoría perredista, uno por el PRI y otro por el PAN.

Con una semana de retraso, ocurrió la designación de los nuevos funcionarios electorales, que cubrirán un periodo que se extingue hasta el año 2020. Luján Ponce estuvo entre las propuestas de la izquierda, que más bien se repartió espacios, sin llegar a un acuerdo de fondo.

El Jefe del Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, puede darse por bien servido. La ex subprocuradora de procesos, Martha Laura Almaraz, fue aceptada por las tribus del perredismo capitalino, lo mismo que la socióloga Luján Ponce. Lo mismo podrá decir Izquierda Democrática Nacional, el grupo que encabezan René Bejarano y Dolores Padierna, quienes lograron dos lugares, para Diana Talavera Flores, quien era la titular del Centro de Formación y Desarrollo del IEDF. Ella es esposa del ex secretario particular de Héctor Hugo Hernández, presidente de la Comisión de Asuntos Político-electorales y en las pasadas elecciones locales estuvo a cargo del proyecto de urna electrónica, uno de los pendientes más grandes del IEDF. Y se empalma con Luigi Paolo Cerda Ponce, quien dejará la dirección de Vinculación del IEDF. Anteriormente estuvo al frente de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del PRD y además de sus nexos con el bejaranismo, sumó cuestionamientos por ser hermano de Ángelo Cerda, coordinador de asuntos parlamentarios en la Asamblea Legislativa.

Como propuesta del PRI ingresa al IEDF Gregorio Galván Rivera, secretario general del Tribunal Electoral del DF. Su hermano Flavio, magistrado de la sala superior del TEPJF, preside una fundación que otorgó una carta de apoyo a Luigi Paolo Cerda Ponce.

¿Conflicto de intereses? Eso no importó a los diputados locales, quienes también votaron a favor de la integración del politólogo Mauricio Rodríguez Alonso, ex secretario técnico de la Comisión de Gobierno de la ALDF cuando Alejandra Barrales Magdaleno estuvo al frente de esa instancia. Dada su experiencia, se perfila como uno de los aspirantes más viables para ocupar la presidencia del IEDF.

Dentro del PAN, tampoco prosperaron las primeras opciones. Inicialmente, la cúpula partidista había solicitado a sus diputados locales considerar la nominación de Raúl Carlos Díaz Colina, colaborador cercano del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza. En una segunda instancia, la dirigencia partidista impulsaba a Arcelia Santillán Cantú, mientras que la mayoría de la bancada traía a Juan Manuel Lucatero.

Al final, la bancada albiazul decidió nominar al abogado Juan Carlos Sánchez León, quien contaba con el aval de la secretaría académica y de la Facultad de Derecho de la UNAM, su alma mater. Con 37 años de edad, cuenta entre su experiencia en asuntos electorales… haber trabajado con el magistrado Galván Rivera, cuando presidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Aun antes de la “evaluación curricular”, quedaron marginados candidatos con suficientes méritos académicos y profesionales. Entre ellos, la activista social Laura Elena Herrejón; el ex consejero del InfoDF, Salvador Guerrero Chiprés; el abogado Yuri Gabriel Beltrán Miranda; los politólogos Héctor Díaz Santana y Miguel Ángel Valverde Loya, y media docena más de prestigiados expertos en derecho electoral.

“A quienes acudimos sin el apoyo de las corriente perredistas o no tuvimos un ‘padrino’, ni nos vieron ni nos oyeron”, lamenta uno de los aspirantes que fue eliminado en la primera ronda, sin que los diputados locales tomaran en cuenta sus méritos académicos y su experiencia profesional. A pesar del agravio, ha decidido no impugnar la decisión de los asambleístas, sobre todo porque los magistrados del TE resolvieron validar la convocatoria y el procedimiento aplicados por la Asamblea Legislativa.

EFECTOS SECUNDARIOS

RECLAMOS. El asesinato de cuatro profesoras, acontecido el pasado fin de semana en el municipio de Bocoyna, Chihuahua, significa un hecho altamente preocupante. No sólo por reiterar que las mujeres son las víctimas principales dentro de la ola de inseguridad que persiste en aquella entidad, sino porque visibiliza los ataques que el magisterio sufre en los últimos tiempos. La diputada perredista Crystal Tovar Aragón recordó que esos crímenes unen a los ocurridos recientemente en diversos municipios de la entidad, entre ellos el hallazgo de 11 personas ultimadas en la alcaldía de Guadalupe y Calvo, por lo que urgió a las autoridades del gobierno que encabeza César Duarte a reforzar las investigaciones y ponerle un alto a esta nueva ola de violencia que amenaza la tranquilidad del estado.

MUDANZA. ¿De Aguascalientes al Palacio de Covián? Lucila Guerra se hará cargo del programa interinstitucional de prevención del delito del gobierno federal. La ex funcionaria del ayuntamiento hidrocálido, ahora tendrá a cargo la implementación de una estrategia de recomposición del tejido social a la que propondrá destinar 2,500 millones de pesos. Su ex jefa, alcaldesa priista Lorena Martínez, quien también es presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, podría dejar pronto esa posición para asumir un cargo diplomático.