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Los retos de la Ley de Amparo

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Alejandro Zapata Perogordo

Desde hace más de una década se presentó la inquietud para elaborar un nuevo código en relación a nuestra máxima institución Jurídica: la Ley de Amparo.

Se creó toda una polémica a partir del 2000, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó el denominado Libro Blanco que contenía una propuesta integral, para la creación de una nueva ley. La misma que fue controvertida por un grupo de juristas encabezado por el ilustre constitucionalista don Ignacio Burgoa, quien sostenía que únicamente debía reformarse. Ambas partes tenían un punto en común, la legislación en la materia estaba rebasada y muchas de sus partes padecían de anacronismo.

Esta deliberación llegó a su fin, el Congreso de la Unión ha aprobado una nueva Ley de Amparo, sin embargo es menester dejar en claro que sus fundamentos constitucionales con las reformas de los artículos 94, 103, 104 y 107, publicadas el 6 de Junio del 2011, ordenan en su artículo segundo transitorio al Congreso de la Unión a emitir un ordenamiento nuevo en materia de amparo, lo que con demora se cumplió.

Además de lo anterior, cabe agregar que la concepción filosófica de la anterior que entró en vigor en 1936, tiene una base positivista, derivada de la Constitución de 1917, que si bien tuvo enormes avances en materia de derechos sociales, por otra parte centró la supremacía del Estado frente a los derechos de los gobernados, bajo una influencia roussiana al entregar las personas todos nuestros derechos y libertades y el propio Estado los regresa a través de las garantías. Este sistema quizás funcionó y era el adecuado para aquella época convulsionada. Sin embargo, el constituyente ha transformado ese concepto y adoptado la doctrina humanista derivada de la Constitución de 1857, reconociendo los derechos y libertades de las personas, algunos de ellos inherentes al ser humano por el simple hecho de serlo y no porque lo otorgue nuestro máximo ordenamiento.

En consecuencia, se requería renovar por completo la Ley de Amparo, en tanto que su base filosófica se ha transformado radicalmente en beneficio de las personas.

Esa es la tarea que se acaba de realizar tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado de la República. El trabajo de renovar la Ley de Amparo entraña no solamente una cuestión de alta complejidad, sino de grave y delicada responsabilidad.

Probablemente no se le haya dado su justa dimensión, sin embargo, estamos abordando un tema estrechamente ligado al futuro del país que se encuentra indisolublemente ligado al status democrático de los derechos y libertades de las personas, a la certidumbre de la legalidad y sobre todo a la aspiración, al anhelo, a la inminente necesidad de luchar en forma permanente por alcanzar un estado de derecho.

Tres aspectos a ponderar estuvieron presentes en los debates; equilibrar los mecanismos de control constitucional sin desquiciar el sistema político mexicano. Como punto central de la ley, parte primordial a proteger, son las libertades y derechos de los gobernados, sin causar una anarquía Jurídica. Además, que el sistema democrático de derechos y libertades sea funcional.

Se trata de un ordenamiento técnico, con alto contenido humano y que desde la época de José Crescencio Rejón y Mariano Otero en 1847, se ha constituido como nuestra máxima institución jurídica.

La legislación recién aprobada tiene cuestiones innovadoras que trataremos en lo particular en otros artículos, peropor mencionar algunos temas de especial relevancia deben destacarse el interés legítimo para solicitar la protección de la Justicia Federal, la suspensión del acto reclamado con mayor amplitud, bajo la consideración ponderada entre la apariencia del buen derecho y el interés social. El Amparo contra particulares en actos equivalentes a los de autoridad. El juicio en línea y la suplencia en la deficiencia de la queja en aquellos casos de pobreza y marginación que les causen desventajas sociales.

Tanto las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, como las concernientes al Juicio de Amparo y ahora la ley reglamentaria para la protección de las garantías, redundan en aquello que es fundamental, los derechos y las libertades de las personas, poniendo en el centro del actuar público a éstas, como debe ser en principio y fin.