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García Luna y los amarres de la impunidad

Andy Novell F.

Hace un par de días la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una batalla legal contra el ex titular de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, por el montaje de la detención de Florence Cassez, una batalla que ya está perdida.

Perdida porque la CNDH no sabe que García Luna pactó su salida de México con el actual gobierno a cambio de información privilegiada de las esferas de la política, social, empresarial y científica. Información que fue recabada durante seis años por las áreas científica y Plataforma México de la Policía Federal.

Aún no hay indicios del tipo de información que fue entregada a un mediador entre el presidente Enrique Peña Nieto y Genaro García Luna; sin embargo, dicha información ha logrado contener a distintos detractores del actual gobierno, como es el caso de Andrés Manuel López Obrador.

Se menciona que los datos, cifras, conversaciones e incluso fotografías y videograbaciones, han logrado “amarres” dentro de las esferas políticas y empresariales para sacar adelante algunas iniciativas de ley como la del Trabajo, Educación y Telecomunicaciones que estaban frenadas en el sexenio pasado.

Nadie sabe exactamente qué tipo de información clasificada fue entregada a la presente administración, lo único que se sabe por la Información Filtrada de ex funcionarios de la Policía Federal, es que García Luna está “blindado” contra órdenes de aprehensión o investigaciones en su contra al igual que su “amigo” o mano derecha Luis Cárdenas Palomino.

Tan “blindado” está que algunos funcionarios cercanos al ex titular de la SSP-Federal, repiten en sus cargos dentro de la administración priista, como es el caso de Monte Alejandro Rubido García, quien el sexenio pasado fue secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y ayer fue ratificado en el mismo cargo.

Rubido García ya había dirigido el SNSP en una ocasión, durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). También ha ocupado cargos en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y en la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Algo debemos destacar, Alejandro Rubido es un funcionario que gozó de la influencia de la Secretaría de Gobernación, cuando el titular era Emilio Chuayffet, para apoyarlo en el Cisen. A tal grado que le fue creada en la estructura de inteligencia la Secretaría General Adjunta que ocupó Rubido García en el periodo de Jorge Tello Peón.

Otro funcionario y colaborador de García Luna es Ardelio Vargas Fosado, experto en seguridad nacional y pública, quien fue jefe del Estado Mayor de la entonces Policía Federal Preventiva 2005-2006, quien ahora es el responsable del Instituto Nacional de Migración.

Los “amarres” realizados se comienzan a ver con la designación de colaboradores cercanos del llamado “ingeniero” -Genaro García Luna- en la actual administración. Colocados en puestos estratégicos para frenar cualquier ataque en su contra.

Esos datos son los que no sabe la CNDH al presentar una denuncia penal contra García Luna. También hay algo que debemos criticarle a la CNDH, la crítica es que está dejando de lado cientos de denuncias de ciudadanos que esperan y seguirán esperando justicia, debido a que sus denuncias o quejas no provocan los flectores, como son el caso de Florence Cassez.