Los más corruptos

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lunaAlberto Aguirre M.

Indignados, ante el daño reputacional que les habría infligido la divulgación del listado denominado “los 10 políticos mexicanos más corruptos del 2013” en la página electrónica Forbes.com, el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, la ex vocera de la administración calderonista, Alejandra Sota, y los ex gobernadores priistas Humberto Moreira, de Coahuila, y Fidel Herrera, de Veracruz, coincidieron en la exigencia de una rectificación.

 

Herrera Beltrán reside en la Ciudad de México, pero García Luna, Moreira Valdés y Sota Mirafuentes actualmente están fuera del país. Quizá por eso, el ex mandatario coahuilense encargó al abogado Christian Zínser Cieslik emplazar a la publicación estadounidense a “remover inmediatamente y sin demora” el post, al tiempo de publicar una “una retractación y disculpa inmediata”.

“Cuando hay daño moral grave, debe proceder la rectificación”, consideró el ex gobernador de Veracruz, quien en respeto a la memoria “de los valientes marinos, soldados y buenos policías que cayeron en el cumplimiento de su deber durante mi administración”,  rechazó la difamación y exigió respeto a la verdad.

 

Genaro García Luna escribió una misiva al editor del sitio web, Steve Forbes, para censurar “los juicios de valor” del artículo escrito por la periodista Dolia Estevez, a los que tildó de falsos y carentes de rigor periodístico.

 

Ese mismo argumento esgrimió la ex vocera presidencial, quien aseguró que actualmente no hay pruebas formales que apunten a “prácticas indebidas” durante su desempeño como servidora pública.

 

“Durante mi gestión –del 2006 al 2012– siempre actué en estricto apego a la norma y al derecho mexicano y entregué en tiempo y forma mis declaraciones patrimoniales de acuerdo a lo estipulado en la ley”, aseguró Sota Mirafuentes, “es por eso que en cualquier investigación que se lleve a cabo estoy en la mejor disposición de colaborar con las autoridades competentes”.

Materializada su indignación, después de cinco meses de un silencio incómodo, la ex vocera presidencial podría salvar su reputación si aclarase la naturaleza de los contratos que autorizó a un grupo de ex colaboradores y ex condiscípulos de la carrera de ciencia política del ITAM, desvelados por Noticias MVS, titulada “los amigos de Sota”.

 

La investigación realizada por el equipo de la periodista Carmen Aristegui dio cuenta de los contratos obtenidos por Experts on Social Reporting, una casa encuestadora fundada por Yamil Nares, ex director adjunto de Sota Mirafuentes en el primer tramo del sexenio calderonista y posteriormente un exitoso empresario, gracias al gobierno federal.

De los contratos exhibidos aquella vez, resaltaba la adjudicación directa asignada el 22 de noviembre del 2012 –una semana antes de que concluyera el sexenio– para una “consultoría especializada en materia de comunicación para el análisis de las estrategias y acciones utilizadas por la delincuencia organizada con y para generar impacto mediático en la opinión pública”, por el que la Presidencia de la República pagó 10 millones de pesos.

 

Dos años antes, el área de comunicación social de la Secretaría de Hacienda –que coordinaba la itamita Érika Contreras– le otorgó a Defoe otra adjudicación directa, por 4.3 millones de pesos, para levantar “mapas georreferenciados de comunicación de contenidos”.

 

A través del sistema Infomex, una docena de ciudadanos han requerido a la Unidad de Enlace para la Transparencia de la Presidencia de la República información precisa sobre otros contratos atípicos autorizados por Sota Mirafuentes a sus amigos itamitas.

 

El pasado 10 de julio, en respuesta a la solicitud 0210000041513, esa dependencia reservó toda la información relacionada al contrato ITP-014-011-12, otorgado por la coordinación de opinión pública al despacho Varela Maldonado y Asociados, por “servicios de asesoría en investigación antropológica etnográfica”.

 

Además de esa peculiar técnica de investigación –aplicada quién sabe a qué objeto de estudio–ese estudio genera suspicacias, por haber sido asignado dos semanas antes del cierre de la administración. Eso sí, de acuerdo con la Dirección General de Finanzas y Presupuesto de Los Pinos, la empresa del amigo de Sota recibió dos cheques –uno por 1.3 millones de pesos, 27 de noviembre y otro, por 918,406 pesos, el último día del sexenio.

 

Por la vía de la adjudicación directa, Varela Maldonado y Asociados recibió del secretariado nacional de Seguridad Pública un contrato –por 4.3 millones de pesos– para el levantamiento de un estudio nacional sobre las “dinámicas de victimización cuantitativa y cualitativa a nivel estatal”, en  2010. De ese estudio tampoco hay mayor información, como tampoco la hay sobre el contrato correspondiente a la adjudicación directa 014-12, otorgado por María Fernanda Vergara Audiffret, a la empresa Politáctica S.C. para la realización de “asesorías”, en la que están asociados Carlo Varela, Vidal Romero –ambos académicos del ITAM– y Rafael Vergara, ex funcionario de la coordinación de opinión pública de Los Pinos. El monto del contrato es de 5 millones de pesos, bajo el concepto de “asesorías especializadas en análisis de información de opinión pública”.

 

Defoe, Varela y Asociados, Politáctica, Lunave Multimedios, Dinamia, Dúo… esas fueron las empresas de los itamitas de Sota que se beneficiaron de su paso por Los Pinos. Hay otras, también de amigos de la ex vocera presidencial, que muy pronto serán blanco de señalamientos.

 

A diferencia de la ex funcionaria calderonista, los priistas que respondieron a Forbes.com cuentan con resoluciones de autoridades judiciales de Estados Unidos que los eximen de responsabilidad. Moreira Valdés, por partida doble, pues también fue exonerado por la PGR en el caso de la megadeuda.

 

El caso de Coahuila, en efecto, ameritaba mayor precisión. Y es que Jorge Torres, el sustituto de Moreira Valdés, efectivamente se encuentra prófugo de la justicia estadounidense y en México debe responder por sus dotes de prestidigitación en las arcas estatales: en un periodo de nueve meses obtuvo empréstitos bancarios por 14,000 millones de pesos.

 

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