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¿Nueva Constitución?

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constitucionAlejandro Zapata Perogordo

En las últimas semanas ha vuelto a plantearse el tema sobre realizar una nueva Constitución en el país. Esta inquietud ya lleva tiempo, en diversas ocasiones la idea ha estado presente en forma intermitente, inclusive en el año dos mil, al arribo de Vicente Fox a la presidencia, fue abordado con insistencia por quienes consideran un absurdo continuar con reformas y bajo la argumentación de ser simples parches, proponen la necesidad de una revisión integral a través de un Congreso Constituyente, sin embargo, la moción no ha tenido el eco deseado por sus impulsores.

Quienes pretenden tan elevado ejercicio, toman como motivación y sustento para desarrollar esa tarea, tres principales premisas: revertir las reformas estructurales, particular y principalmente lo concerniente a la energética. Subsanar las contradicciones de las que adolece la Constitución, sin señalar específicamente alguna y, retomar los principios que dieron origen y causa en la Constitución de 1917. Así mismo, aprecian que se ha desvirtuado la carta fundamental y extraviado su esencia, por las más de 570 reformas que a lo largo de su existencia ha padecido.

Aquí cabría preguntarnos, ¿realmente nuestra Constitución es tan mala, como para volverla a hacer?, ¿si nos introducimos a un mecanismo de esa naturaleza, podríamos caer en abrir la caja de Pandora? En alguna ocasión le cuestioné a un buen amigo y gran constitucionalista (q.e.p.d.), el compañero legislador don Salvador Rocha Díaz, precisamente sobre lo mismo y, su respuesta me sorprendió, avezado además en el conocimiento de la política mexicana, me dijo: nuestra Constitución está dotada de gran especificidad y dinamismo.

Uno de los elementos de la convivencia política mexicana, consiste en la permanente desconfianza, históricamente todos han desconfiado unos de otros y, el resultado ha sido la incorporación de un cúmulo de temas, inclusive hasta de carácter reglamentario en la Carta Magna. Desde la perspectiva purista de aquello que debe contener, resulta -por decir lo menos-, extremadamente excesivo, mas no por ello, implica -por sí solo-, un desatino, por el contrario, ha servido para encontrar cauces de entendimiento y avances institucionales.

La Constitución de 1917 significó un texto de avanzada en relación a los derechos sociales, no así, al adoptar la doctrina rouseana a partir de la positivización de los derechos individuales, cuestión superada cuando en la reforma del 2011, se retoma la filosofía humanista y el espíritu liberal.

En realidad hemos ido ajustando el sistema político y el andamiaje institucional, ahora existen órganos de transparencia, institutos y reglas para la equidad y género, en ciernes la mejora educativa, reglas

más claras para la competencia económica y en materia de telecomunicaciones, se establece la posibilidad de gobiernos semipresidenciales o semiparlamentarios, los elementos para mejorar.

El sistema de justicia están  insertos y, se debe aterrizar lo relativo al combate a la corrupción.

Prácticamente el tema de división es el energético, donde hay una evidente posición en contra, liderada por grupos de izquierda, postura respetable, como también la es de quienes han sostenido su simpatía por la reforma en sus términos.

La incorporación al texto constitucional de infinidad de rubros y su permanente modificación, nos indica que aún seguimos en un proceso de transición, que no hemos concluido en definitiva los acuerdos sociales, políticos y económicos. Además que estos han sido graduales y paulatinos, pero en términos generales han acreditado eficacia.

El problema real no se va a resolver haciendo una nueva Constitución, por el contrario, aflorarían múltiples dificultades y desencuentros. Lo ideal, la aspiración que nos debe motivar es el cumplimiento

y observancia de la propia Constitución, tal como se manejó en el año dos mil, no introducirnos a construir una nueva, sino el impulso a acatar los imperativos vigentes, es decir una verdadera constitucionalidad, ni más, pero tampoco menos.

El respetar las reglas establecidas implica, cuando existen diferencias y pretender cambiarlas, hacerlo por las vías institucionales, tal como se ha realizado desde 1824 cuando se hizo la primera Constitución hasta la fecha.