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Demagogia de la izquierda

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alejandro encinasRubén Cortés

Hay políticos y partidos más cómodos en la oposición que en el gobierno. Porque rendir cuentas es más difícil que pedirlas: el PRD y su senador Alejandro Encinas son un ejemplo, ahora durante la discusión de las leyes secundarias a la reforma en telecomunicaciones.

El PRD prepara un “dictamen alterno” y Encinas dice que la reforma viola garantías fundamentales con el derecho del Estado a suspender el servicio, acceder a llamadas telefónicas o a páginas de internet en casos de crimen organizado.

Ambos pretenden que la responsabilidad de suspender el servicio o poder acceder a una llamada telefónica o a una página por internet en casos de crimen organizado, recaiga en cinco expertos, que son los miembros del IFT.

Pero es un absurdo: cinco personas no pueden sustituir al Estado mexicano y sus instituciones. No porque exista el IFT, el Estado mexicano deja de ser el regulador en cuestiones de seguridad nacional, lo cual incluye a los ciudadanos.

¿Por qué no quieren el PRD y Encinas, por ejemplo, que en caso de secuestro o prostitución de menores, el Estado pueda solicitar (y obtener) de manera expedita a las empresas concesionarias la intervención de una línea telefónica o una página de Internet?

¿Por qué quieren el PRD y Encinas, por ejemplo, que las empresas concesionarias queden obligadas a borrar de inmediato las llamadas telefónicas de los usuarios, en lugar de que permanezcan almacenadas durante dos años por si es necesario revisarlas en un caso de secuestro?

Por pura demagogia. Porque en este momento no tienen obligación de responder ante la ciudadanía por el repunte de los secuestros y las extorsiones que atormentan la tranquilidad de miles de familias.

Según el Observatorio Nacional Ciudadano durante enero y febrero de este año se registraron en el país dos mil 920 víctimas de homicidios dolosos, además de que en ese tiempo aumentaron nueve por ciento los secuestros.

El PRD y Encinas van a las contras en este tema porque no son gobierno. Nada tiene qué ver su actitud con la defensa de las garantías fundamentales. Basta leer el artículo 145  de la iniciativa que envió el Presidente Enrique Peña al Senado:

Se abstendrán de obstruir, interferir o discriminar arbitrariamente contenidos, aplicaciones y servicios, en especial en razón del origen o propiedad de los mismos, salvo cuando los mismos sean ilegales o ilícitos. Podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad.

Ahora, lo que se debe delimitar es qué autoridad del Estado tiene la responsabilidad de poder solicitar información a las concesionarias.

Pero de que tiene que ser el Estado, y no el IFT, está fuera de discusión.