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Da GIEI falsas esperanzas y deja una densa cortina de humo

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Por Erza Zavage.
 
“San Lázaro es lamentable que el duelo de unos sirva para tapar la realidad de otros. Es cuanto”.
 
Terminó y no hay prórrogas a su presencia y trabajo en México, sentenció el presidente Enrique Peña Nieto en referencia al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes o GIEI traídos y pagados para “aclarar” el caso de Ayotzinapa.
 
Se van sin aportar nada nuevo, se van y dejan falsas esperanzas a los padres de los normalistas, se van y dejan más densa la cortina de humo que tapa la realidad en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y otros estados invadidos por el crimen organizado.
 
Insisten en entrevistar a militares, incluso en el informe que será presentado oficialmente el próximo 30 de abril.
 
Se les olvidó que esos jóvenes fueron secuestrados por órdenes y la relación con el narcotráfico de un presidente municipal, el de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, avalados y apoyados por Andrés Manuel López Obrador y el PRD.
 
Ángela Buitrago, Francisco Cox, Claudia Paz y Paz, Alejandro Valencia y Carlos Beristain, integrantes del GIEI gozaron de la hospitalidad y colaboración de todos quienes creyeron en ellos. Incluso el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que confiaba en ellos para “esclarecer crímenes”, ahora se van.
 
Atrás dejan a 43 familias confundidas y enfrentadas con las autoridades, a una Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en palabras de su vocera María Isabel Rivero, ahora sólo atina a decir, “vamos a tomar en cuenta el tercer informe del GIEI”.
 
Dejan a su paso decenas de conferencias de prensa y apariciones públicas y en los medios de información llenas de especulaciones.
 
Se van y dejan una densa cortina de humo con la que se tapo una realidad, hay 81 presidente municipales electos desde 2012 investigados por la PGR, debido a sus presuntas relaciones con el narcotráfico y la delincuencia organizada.
 
Organizaciones civiles contra la delincuencia en Guerrero, Oaxaca, Michoacán y otras a nivel nacional apuntan la complicidad de senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales, y hasta candidatos para las elecciones de junio próximo involucrados con la delincuencia.
 
Relaciones entre políticos y narcotraficantes, como la que, no se puede olvidar, dio origen al secuestro de los normalistas en Iguala.
 
Se van y aún hay 43 jóvenes normalistas desaparecidos, todo indica que fueron asesinados.
 
Lo mismo que 45 presidentes municipales, que en los últimos ocho años no se plegaron a los caprichos de la delincuencia, como informó la Asociación de Autoridades Locales de México.
 
Informe donde se apunta que nueve de los asesinatos ocurrieron contra presidentes locales en Oaxaca; ocho en Michoacán; cinco en Durango; cuatro en Chihuahua; cuatro en Veracruz; dos en Nuevo León; dos en San Luis Potosí; dos en Tamaulipas; dos en el estado de México; mientras que hubo un solo caso en Coahuila, Guerrero, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco y Zacatecas.
 
Llegaron en los primeros meses de 2015, cada uno de esos cinco especialistas cobró a los mexicanos 136 mil pesos al mes; el país gasto casi dos millones y medio de pesos para pagar su hospedaje, transporte y alimentos, costaron alrededor de 2 millones de dólares en total.
Ahora, se van.
 
“San Lázaro ¿necesitamos traer expertos extranjeros, no nos podemos engañar sólos?”
 
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