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La peligrosa legislación electoral

@AlexRdgz

Había una vez, hace no mucho tiempo, un país donde gobernaba un partido único que ganaba siempre las elecciones ya fuera porque sus candidatos eran materialmente los únicos registrados –los otros operaban virtualmente en la clandestinidad- o un poco después porque los votos no se contaban bien.

El México del priísmo absoluto, el de la “dictadura perfecta”, cubrió buena parte del siglo XX, aunque si bien la transición se ubica en la alternancia presidencial del año 2000, ésta se gesta desde la reforma política de 1977, impulsada por Jesús Reyes Heroles.

Ese año, modificaciones legales abrieron paso al registro oficial de partidos de oposición, para que en los siguientes dos decenios tomara forma el sistema multipartidista mexicano, pasando por los primeros triunfos opositores en el Congreso de la Unión y en gobiernos estatales.

Las competidas elecciones federales de 1988 aceleraron las modificaciones legales en la materia, y dieron paso a la ciudadanización de la autoridad electoral –antes en manos de los propios funcionarios públicos encargados de la política interna- que desembocó en el Instituto Federal Electoral garante de la primera transición política en el Distrito Federal –que llevó al poder al primer gobernador electo en la persona de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano- y después organizó y calificó la alternancia del 2000, cuando por primera vez el PRI perdió los comicios presidenciales.          

Hasta aquí todo iba razonablemente bien en nuestra evolución democrática.

Sin embargo, luego de la sorpresiva pero holgada victoria de Vicente Fox que no dio lugar ya a apelaciones transitables, vino la cerradísima contienda del 2006, en la que Felipe Calderón le ganó por un puñado de votos a Andrés Manuel López Obrador, lo que polarizó el escenario político hasta extremos inimaginables que echaron para atrás lo que ya habíamos avanzado.

¿A qué me refiero? Nada más y nada menos a que el deseo de venganza de tirios y troyanos (no nada más los perdedores, por cierto), le quitó toda autoridad y credibilidad al IFE, y empezó a manosear la legislación electoral con el pretexto de garantizar en lo futuro la equidad y transparencia de los procesos comiciales, como si eso no hubiera pasado en 1997, 2000 y aún en el 2006.

El resultado: un nuevo ordenamiento electoral complejo y absurdo, lleno de prejuicios, tabúes y predisposiciones en cuanto a comunicación política, fiscalización de partidos y candidatos, gastos de campañas y otros muchos elementos que han hecho de los procesos electorales verdaderos galimatías.

El reciente enfrentamiento entre el Instituto Nacional Electoral (antes IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno al registro de la candidatura de Morena en Zacatecas, muestra lo que aquí planteo.

Si bien la ley vigente debe cumplirse, cuando ésta es absurda da lugar a interpretaciones que lamentablemente enfrentan a dos instituciones pilares para la credibilidad democrática.

Ahora resulta que si el INE aplica la norma a la letra, el Tribunal considera “excesiva” una sanción y da marcha atrás, con graves consecuencias para el proceso mismo, que van desde el propio desarrollo comicial, hasta el encono político de actores y partidos que están en favor o en contra de los resolutivos.

Tratándose del candidato Monreal, de Morena, el asunto revivió una vez más –claro, mientras no hubo sentencia a su favor- el eterno discurso lopezobradorista del complot y de la “mafia del poder”, pero también nos hizo recordar que la misma autoridad electoral no midió con la misma vara a los verdes ecologistas cuando éstos incurrieron en fallas aparentemente mucho mayores.

En fin, ¿quién y cómo determina si una falta es “excesiva” o no lo es?

Lo que es un hecho es que la ley supuestamente modificada para evolucionar en materia electoral se queda otra vez corta, pero sin embargo hay que cumplirla como está, con consecuencias funestas y riesgosas, generadoras de más enconos y revanchismos políticos.

Y eso que apenas vamos en 2016.

¡Imagínense en 2018!

*Periodista, comunicador y publirrelacionista.