web analytics

Ayuda por favor, abuso sexual un delito menor

0
72
“San Lázaro ayúdalas son casi 5 millones de mujeres abusadas sexualmente con voto, pero sin voz. Es cuanto”.
Dos policías preventivos acudieron al llamado de auxilio, detuvieron de inmediato a Manuel Martínez García, quien abuso sexualmente de una funcionaria de la delegación Iztapalapa, de ahí al ministerio público 44 de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), a la fiscalía de delitos sexuales, y el abuso continuó.
La justicia pronta y expedita que parecía una realidad con el actuar de los uniformados Ricardo Martínez y Raúl Peña, se diluyó de inmediato al llegar con la MP, “no niña, mejor acéptale una disculpa y nosotros lo amonestamos, si no … va para largo”, sentenció la ministerio público de esa oficina Sonia Limón Padrón.
Y lo cumplió. Siete horas tarda en promedio una agencia del ministerio público en la Ciudad de México para integrar una averiguación previa por abuso sexual, y si es violación, pregunten a Roberto y su esposa violada por un vecino, ya tenían ahí tres días suplicando para que detengan al agresor, al menos algo de protección.
Protección que no existe, como bien lo sabe la diputada federal del PRI, Gloria Hernández, quien espera pacientemente que sea dictaminada su iniciativa para tomar medidas de protección de parte del ministerio público a favor de esas denunciantes.¿Impunidad? ¿Negligencia? ¿complicidad?, no, simplemente es el procedimiento que marcan los nuevos lineamientos de la procuración y administración de justicia: un arreglo de las partes, así, a tabla rasa, como todos los delitos menores, porque abusar sexualmente de una persona es un delito menor.
De hecho, sí, es un delito menor, el Código Penal del Distrito Federal, vigente, establece penas de 1 a 6 años de cárcel, con derecho a fianza, es un delito menor.
Con esa categoría la instrucción judicial dice que hay que promover un arreglo entre las partes. Con un arreglo cómo recupera la dignidad una mujer o niña atacada, qué puede pedir para cubrir el daño moral y psicológico; cómo deja atrás el miedo, la humillación y la impotencia a la que fue sometida.
Todas las buenas intenciones, órdenes y acciones que salen desde la oficina de la Fiscalía Central para la Investigación de Delitos Sexuales, a cargo de Alicia Rosas Rubí, pierden sentido para las mujeres atacadas, al convivir durante siete o más horas con su agresor, a menos de diez metros uno del otro, en una oficina del ministerios público “especializada”.
De enero 2011 a abril de 2016 están registrados mil 345 casos diarios de violencia sexual, cifra que podría ser apenas la mitad de los que ocurrieron en realidad, pues se estima una cifra negra del 94%, es decir más de cinco millones de personas sufrieron en esos 5 años algún tipo de ataque sexual, 90 % son mujeres, y sólo se han investigado 83 mil en todo el país, dice el estudio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que el 72 por ciento de mujeres que viven en la Ciudad de México denuncian haber sufrido algún tipo de violencia sexual. El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dice que el 47 por ciento de la población femenina mayor de 15 años de edad ha sufrido algún tipo de violencia, sea física, sexual, emocional o económica.
Son sólo números, estadísticas materia de notas y cabezas mediáticas rimbombantes, hay que vivirlo, sentir, estar en el lugar de cada una de esas mujeres que son víctimas dos veces si reman contra corriente y denuncian,  mientras a diez metros su agresor sonríe.
A diez metros se ven vejadas por la mirada y burla de los acusados, porque como Manuel Martínez García esos enfermos abusan de sus derechos e incluso se atreven a decirse hablantes de lenguas indígenas, y si la asesora jurídica que apoya a la mujer atacada tarda hasta dos horas en llegar, un traductor un traductor, bueno horas o días a favor de la impunidad.
Y van a tener que aguantar ese abuso mucho más, porque de las 74 iniciativas para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 15 se encuentran en el Senado y 59 en la Cámara de Diputados, sólo una ha sido avalada; y de los ocho puntos de acuerdo, cinco de éstos fueron aprobados, el resto están sin resolver.

“San Lázaro, ¿cómo pasamos de un año de cárcel a verdadera justicia para esas mujeres?”.