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Iguala-Ayotzinapa: nueve lecciones a dos años

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

Hoy se cumplen dos años de los dramáticos sucesos de Iguala-Ayotzinapa. Seguimos sin saber exactamente qué fue lo que sucedió durante la noche que corrió del 26 al 27 de septiembre de 2014. Pero algunas cosas sí han quedado claras y son muy preocupantes.

Alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ubicada en Ayotzinapa, Estado de Guerrero, murieron o desaparecieron tras el ataque violento que sufrieron por parte de miembros de las fuerzas policíacas locales que, al parecer, se encontraban (¿se encuentran?) al servicio del narcotráfico que se ubica en la región, específicamente del grupo Guerreros Unidos.

En lo general, hubo al menos ocho muertos y 24 heridos, y, lo más grave, 43 normalistas desaparecidos (42 si se acepta la identificación de Alexander Mora por parte del Instituto de Medicina Legal de la Universidad Médica de Innsbruck).

Fuera de esto, lo que sabemos es nebuloso y poco concluyente. Le pese a quien le pese.

Obviamente, la Procuraduría General de la República (PGR), entonces a cargo de Jesús Murillo Karam, hizo su labor, que resultó poco satisfactoria: la “verdad histórica” dejó más dudas que certezas. Sí hay una verdad incontestable: los acontecimientos de Iguala-Ayotzinapa rebasaron las capacidades de reacción y de investigación institucionales del Estado Mexicano, en materia de seguridad pública, de seguridad nacional, y de procuración y administración de justicia. El Caso Iguala-Ayotzinapa exhibió nuestro tercermundismo institucional por todo el orbe, por si alguna duda quedaba de ello.

Este caso, que a mi juicio nunca se resolverá, nos deja las siguientes lecciones:

  1. El Estado Mexicano tiene un deficiente aparato de seguridad pública y de procuración y administración de justicia. Es evidente la falta de profesionalismo, o sea, la ausencia de un servicio de carrera basado en el mérito y en la especialización de los servidores públicos; y es evidente la pasividad de la sociedad civil en cuanto a exigir un servicio público de calidad en dichas materias.
  1. El Estado Mexicano no posee un sistema eficaz de reacción inmediata para enfrentar los “levantones” que frecuentemente lleva a cabo la delincuencia organizada. En este país, cualquier comando armado puede desaparecer a cualquier persona en cuestión de minutos, y la autoridad pública no cuenta con el poder para evitarlo.
  1. El pueblo y el gobierno de México siguen sumidos en la estupidez con respecto al mercado de drogas, y, por mantenerlo en la ilegalidad, lo único que ha logrado es alimentar y elevar el poder económico, político y armado de los grupos delictivos dedicados al narcotráfico. Somos víctimas de nuestras propias estupideces… ¿por qué nos quejamos, entonces? ¡Todas las drogas deben ser legalizadas! Corresponde a los consumidores decidir y pagar el costo de sus decisiones. Simple, muy simple.
  1. El Estado Mexicano ha cometido un severo error al mantener vivas y operando esas cosas siniestras y extrañas llamadas “normales rurales”, que desde hace muchas décadas dejaron de ser escuelas de formación de profesores especializados en áreas rurales, para convertirse en centros de adoctrinamiento político-ideológico de carácter socialista, que siguen soñando con los “paraísos proletarios”. Hace mucho que las “normales rurales” debieron desaparecer, sobre todo aquéllas que se obstinan en la asignación automática de plazas docentes al egreso.
  1. La lamentable desaparición de los normalistas de Ayotzinapa no debe ocultarnos el hecho innegable de que éstos habían cometido, al menos, un claro ilícito: el robo de vehículos con la agravante de “en pandilla”. Se trata de un ilícito cometido desde tiempo atrás y de modo recurrente por parte de los ayotzinapos, a quienes el “Derecho Burgués” les ha valido madre una y otra vez. Los ayotzinapos son socialistas y creen fanáticamente en el “impuesto revolucionario” y en las “expropiaciones proletarias”.
  1. El trabajo llevado a cabo por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estuvo sesgado, y resultó muy caro para los resultados aportados. Se notó claramente su parcialidad. Sólo como ejemplos: mediante eufemismos se negó a reconocer que los normalistas robaban camiones de manera regular (el GIEI habló impropiamente de “toma de camiones”), y jamás investigó la posible infiltración del narcotráfico en la Normal de Ayotzinapa.
  1. El narcotráfico tiene un enorme poder, capaz de extender su manto a todas las esferas públicas, ya sean municipales, estatales o federales. Pensar que con la caída de un munícipe (José Luis Abarca) o de un gobernador (Ángel Aguirre Rivero) se resuelve algo, denota una severa imbecilidad. Y como hipótesis fuerte podemos afirmar que, en la actualidad, muchos alcaldes y gobernadores bailan al son que les toque el narco. Y no puede ser de otra manera: “Plata o plomo”. ¿Quién es el “guapo” que se pone “al tiro”?
  1. El Caso Iguala-Ayotzinapa nunca se resolverá porque las piezas claves del rompecabezas no están en el tablero: la especulación es mucha y los datos duros son pocos para la dimensión del problema. Este caso judicial quedará como un pasaje oprobioso y triste de nuestra historia nacional.
  1. La prensa, los partidos políticos y las ONGs han hecho del Caso Iguala-Ayotzinapa un ariete político-ideológico, un arma idónea para sacar ventaja dentro de la pugna por el espacio público. Iguala-Ayotzinapa, más que un caso judicial, ha sido una oportunidad para vender ideas, versiones, noticias, claves, documentales, escándalos, revelaciones, filtraciones, proyectos de nación, libros, testimonios, sospechas, diagnósticos, películas, etc. La verdad, esto que quede muy claro, este caso nunca se conocerá. Ya pasó demasiado tiempo como para armar correctamente el rompecabezas. Todo será especulación mediática al mejor postor.

Conclusión

El Caso Iguala-Ayotzinapa forma parte de los anales oprobiosos de nuestra historia nacional. Vino a demostrarnos las aciagas deficiencias de nuestros sistemas de seguridad pública, seguridad nacional, procuración de justicia y administración de justicia.

Son muchas las piezas sueltas. Y son pocos los datos duros y los razonamientos contundentes. Imposible que se resuelva en estas circunstancias.

Iguala-Ayotzinapa nos demuestra lo frágiles que son nuestras instituciones públicas, del partido que sean, ante el monstruoso poder el narcotráfico. Y también nos demuestra lo imbéciles que somos por obstinarnos en mantener en la ilegalidad el mercado de las drogas.

La verdad es que no debe sorprendernos mucho lo que sucedió en Iguala-Cocula entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. Lo que debe sorprendernos es que hechos como éste no pasen más seguido habiendo tantas condiciones propicias para ello.