La tentación del desafuero parlamentario y la debilidad de las instituciones

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Los legisladores brasileños tienen una rara costumbre: suelen dedicar sus votos en el pleno a Dios, a sus hijos y nietos, a sus amigos y -algunas veces- a sus representados. Hace cinco meses, cuando la Cámara baja decidió poner en marcha el juicio de desafuero de la presidenta Dilma Rousseff, el diputado Jair Bolsonaro dedicó su cómputo al militar que en la década de los setenta torturó a la entonces joven guerrillera, gritándolo a los cuatro vientos, aunque absteniéndose, esta vez, de lanzar ofensas como las que hizo en 2003 a la diputada Maria do Rosario, a quien le dijo: “¡Eres una puta…! ¡No te violo porque no lo mereces!”

Así de cruel es la política posmoderna brasileña: exacerbadamente individualista, frívola, poco interesada en el bien común y sin disciplina partidista (como bien hizo notar el politólogo Giovanni Sartori, este último punto). No hay piedad con el adversario para insultar, levantar falsas acusaciones y asociarse para causar daños los unos a los otros, sin importar que sean militantes del mismo partido, inclusive los del Partido de los Trabajadores acaudillado por el expresidente Luiz Inacio (Lula) Da Silva.

La política al estilo brasileño nos recuerda claramente que si bien “la guerra es la continuación de la política por otros medios”, como escribió el teórico de la lucha armada, Carl von Klausewitz, en el siglo XIX, la política es, a su vez, la extensión de la guerra por otros medios. Esto es así porque en el escenario político, como en el campo de batalla, hay que lograr que el contendiente ceda en su voluntad y deponga las armas, sean de fuego o simbólicas, como el lenguaje.

América del Sur tiene una experiencia reciente que confirma que la guerra como la política tienen una relación biunívoca y de factura autóctona, con dictaduras militares implacables en la segunda mitad del siglo XX. Brasil, Argentina, Chile y Paraguay compiten por el primer lugar entre las más sanguinarias y represivas. Las fuerzas armadas cometieron crímenes atroces en nombre del Estado (estos sí, de verdad). Fue la guerra como extensión de la política por otros medios.

Ahora, buena parte de la opinión pública brasileña y de países vecinos como Uruguay y Argentina, cree que la defenestración de Rousseff es un “golpe de Estado paralamentario”, ejecutado por políticos que huyen de la persecución judicial por delitos electorales, lavado de dinero y sobornos, quienes, ante la disyuntiva de ser llevados a juicio o aniquilar al enemigo, optaron por lo segundo. Es la política como extensión de la guerra por otros medios.

Desde que Brasil dio por terminados 18 años de dictadura militar en 1985, dos presidentes han sido llamados a juicio político con fines de destitución, Fernando Collor de Mello en 1993 y Rousseff. Se podría suponer que esto es indicador de la vida democrática, pero los hechos sugieren algo distinto. Collor de Mello, que eludió la destitución un día antes de que el Senado lo desaforara por la corrupta administración de la Tesorería, se postuló como candidato a senador en 2006, manteniéndose en el cargo hasta ahora. Sin la más mínima consideración, él mismo votó el miércoles 31 de agosto pasado por el retiro de la banda presidencial a Rousseff, recriminándole haber perdido el mando político y la dirección económica del país, aunque ningún delito.

El impeachment o juicio de desafuero paradigmático en la historia política mundial es aquel que en 1974 fincó el Congreso de los Estados Unidos contra el presidente Richard Nixon, acusándolo de conspirar y mentir sobre el caso de espionaje Watergate. Un punto clave fue la deshonestidad, todavía entonces un valor relevante para la moral de la época en Washington (puesto que años después, Bill y Hillary Clinton se encargarían de hacerse los locos con las infidelidades del inquilino de la Casa Blanca de 1993 a 2001, cambiando los paradigmas de la moral presidencial). Nixon, como Collor de Mello, renunció antes de enfrentar la vergüenza de la destitución, lo que se habría sumado al desprestigio e impopularidad que ya cargaba, a consecuencia de los malos resultados en la guerra de Vietnam. Pese a las artimañas del mandatario, este episodio es referente de la democracia como sistema político.

Pero los juicios a Collor de Mello y a Rousseff no tienen el mismo significado. A la presidenta la han destituido en un proceso legal y constitucional, pero carente de una acusación grave como el enriquecimiento ilícito, que justifique y valide el proceso, quitándole sus rasgos de canibalismo político. Otras destituciones desde el Poder Legislativo en países de América del Sur ofrecen débiles señales de un fortalecimiento de la vida institucional y democrática o aún está por probarse su efectividad. Esos son los casos de Fernando Lugo en Paraguay, en junio de 2012; de Carlos Andrés Pérez en mayo de 1993, en Venezuela; y de Lucio Gutiérrez en Ecuador, en abril de 2005.

La tentación de arrebatar el poder por la fuerza de las armas o de los argumentos político-jurídicos parecen dos caras de la misma moneda, que más bien menosprecian el valor de las instituciones, particularmente la del voto de los ciudadanos y la decisión de las mayorías, por la vía de las urnas, de dotarse de un gobierno periódicamente.