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Las bandas delictivas brasileñas quieren traspasar las fronteras

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Rivera es una población uruguaya fronteriza con Brasil, donde nunca pasa nada. Una calle divide a un país del otro, haciendo los límites nacionales completamente porosos y confirmando que no hay nada que temer. Pero el 16 de enero, una banda irrumpió violentamente en una casa de cambio, a plena luz del día, robó dinero y en la retirada armó un tiroteo con la policía local. La noticia alcanzó dimensiones de escándalo en un país normalmente tranquilo, que vive al lado de un gigante en constante agitación.

En pocas horas cayeron los primeros presuntos culpables y cómplices del asalto. Son miembros de una banda brasileña llamada Los Hermanos y aunque a primera vista no hay conexiones con las mayores organizaciones delictivas de Brasil, la policía uruguaya alertó ya sobre la posible presencia de miembros del Primer Comando de la Capital (PCC), una agrupación de traficantes de drogas y delitos afines, que tiene su sede en Sao Paulo y no se anda por las ramas.

El PCC es conocido, entre otras cosas, porque es rival de otra enorme agrupación delictiva conocida como el Comando Rojo, dominante en Río de Janeiro, y creada en las cárceles en los años de la dictadura brasileña de 1964 a 1985. Este es un punto de contexto relevante porque en esa época se mezclaron reos comunes con presos políticos y así, desde el nacimiento, las bandas de criminales se hicieron de un conocimiento que no tuvieron los iletrados elementos de los carteles mexicanos al integrarse para delinquir, esto es, que no sólo había que amasar grandes cantidades de dinero, sino también poder político, operando cómodamente desde las prisiones.

Durante muchos años, el Comando Rojo dominó la escena y tuvo como aliado al PCC, pero con el tiempo vinieron las fragmentaciones y luego las disputas de poder. La madrugada del 1 de enero de 2017, mientras el mundo celebraba el año nuevo y la gente bailaba en la playa de Copacabana, una banda llamada Familia del Norte, aliada del Comando Rojo, armó una matanza contra miembros del PCC en una prisión de Manaus, en la selva amazónica.

Los choques intracarcelarios se desataron como una fiebre en varios puntos de Brasil, principalmente en prisiones de los estados de Roraima y Río Grande del Norte. Las imágenes de cuerpos mutilados, corazones en charcos de sangre y cabezas apiladas una sobre otra circularon durante varios días en medios de comunicación y redes sociales, dando una idea de las horribles batallas cuerpo a cuerpo que se libraron en los reclusorios.

A juzgar por la respuesta lenta e indiferente, el gobierno interino de Brasil trató al principio de ignorar el asunto y dejarlo correr como un conflicto carcelario más, pero a medida que aumentaron los conflictos, el horror y los muertos (suman unos 140), el presidente Michel Temer tuvo que hablar en público sobre el tema, refiriéndose a la sobrepoblación en los inmuebles y comprometiendo un mayor presupuesto para más prisiones.

Las cifras oficiales ubican en 600 mil el número de reos en los 26 estados de Brasil, que triplicó en 20 años el número de presos. Esto se debe a la aplicación de una política de mano dura contra la delincuencia, que terroríficamente ha incrementado el poder del Comando Rojo y, sobre todo, del PCC en las prisiones.

Ambas organizaciones tienen aliados locales, como la Familia del Norte en Rio Grande, y como podría ser el caso de Los Hermanos en la frontera con Uruguay. Tanto el PCC como el Comando Rojo han dado señales claras de estar operando desde hace tiempo en las calles de las grandes ciudades brasileñas y, cada vez con más frecuencia, de estar convirtiendo los espacios públicos en escenarios de sus batallas territoriales.

Y lo que es una señal todavía más ominosa de su poder mafioso es que las dos grandes organizaciones están, ahora, abiertamente peleando por el control de las rutas del tráfico de drogas, especialmente de la cocaína que se produce en Colombia, Perú y Bolivia, países que tienen frontera con Brasil en la gran cuenca del río Amazonas.

Al PCC y al Comando Rojo no se les llama cárteles, como en el caso de las agrupaciones de México y Colombia, pero quizá esa diferencia no sea tan relevante como es el hecho de que estos grupos delictivos se ocupan básicamente de la venta ilegal de drogas en Brasil, un país de 200 millones de habitantes, casi cuatro veces más grande que México en territorio, que es, además, el segundo mercado más grande de drogas, después de los Estados Unidos.

La ambición de esas dos organizaciones delictivas, como quiera que sea, ya no se conforma del todo con el comercio local. Ya hay reportes oficiales -brasileños y estadounidenses- que hablan de la expansión de operaciones del PCC en Paraguay, un importante productor de marihuana, y en Colombia, donde busca aprovechar el desmantelamiento de la guerrilla que se autofinanciaba con la venta de cocaína. En Argentina y Uruguay podrían estar impulsando sus redes de distribución, pero con destino a Europa. De ese tamaño es, por ahora, el alcance de estas bandas. Seguramente, quieren llegar lejos.