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La OEA emplaza a Maduro

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Hace unos días, a finales de febrero, el gobierno de Cuba prohibió el ingreso a la isla al expresidente Felipe Calderón, al uruguayo Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, y a otras personas críticas de la élite política cubana. Sabemos que en las redes fue celebrada la acción contra el exmandatario mexicano porque se le supone el responsable de miles de muertos y desaparecidos de la guerra contra el narco. Esta perlita dejó fuera de foco todo el drama que sigue viviendo la gente de Cuba, donde no hay perspectiva de cambio en el sistema político, a pesar del retorno al organismo interamericano. Ahí mismo y también en el mar Caribe tenemos a Venezuela, su aliada política, deconstruyendo sus esquemas institucionales una y otra vez, en busca de un proyecto nacional validado por la mayoría. Las condiciones políticas y económicas que privan en esos dos países llevan necesariamente a la pregunta de ¿qué tipo de izquierda los gobierna que no puede ofrecer una solución eficiente a las demandas económicas de estas naciones caribeñas y si realmente podrán permanecer en el poder indefinidamente?

El Partido Comunista de Cuba ya demostró durante medio siglo que no tiene límites. Centrémonos entonces en el gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela, que el 24 de marzo fue emplazado por la OEA, acusándole de haber roto el orden constitucional por incumplimiento del calendario electoral y advirtiéndole que podría activar un proceso de suspensión -como a Cuba en 1962-, si no establece un cronograma para su retablecimiento. El emplazamiento se sustenta en un detallado reporte sobre la problemática venezolana, hecho por Almagro, lo que explicaría la negativa de su ingreso a la isla. Ahí dio cuenta de que el Consejo Nacional Electoral no convocó a las elecciones regionales y municipales previstas para 2016. Tampoco hubo referendum sobre la continuación de Maduro o su salida. El poder judicial desechó la demanda de un comité de legisladores que reclaman la publicación de los índices de inflación. El desabasto de alimentos, medicinas y artículos domésticos básicos sigue sin solución después de años. Hay corrupción y por esa causa, el Departamento de Estado tiene congelados bienes por tres mil millones de dólares en instituciones financieras estadounidenses. Hay presos políticos y denuncias de tortura sistemática de autoridades nacionales. Gente cercana al presidente Maduro está siendo juzgada en tribunales de Estados Unidos por tráfico de drogas; el informe anual de la diplomacia estadounidense dice que Caracas se ha convertido en el punto favorito de traficantes para embarcar drogas a Europa, Estados Unidos, el Caribe y África occidental.

La lista es larga. La OEA dice que la polarización política no sólo se requiere de diálogo, sino también de un referendum que sirva de punto de partida para restablecer la confianza en las autoridades nacionales. La respuesta de Maduro parece menospreciar la gravedad del desafío diplomático. Un día después del pronunciamiento de la OEA del 23 de marzo, anuncia públicamente que pedirá ayuda a la Organización de las Naciones Unidas para resolver los problemas de abasto, pero de lo demás ni una palabra. El cuerpo diplomático venezolano, que infatigablemente asiste a foros aliados para reafirmar apoyo al “proceso bolivariano”, pondrá la cara el lunes 27 de marzo en el organismo interamericano; desde ahora se puede anticipar que el gobierno venezolano no reaccionará a los reclamos y las advertencias y lo más seguro es que veamos a Maduro llegar al final de su mandato en 2019, sí cuestionado, sí con escasa credibilidad, sí constitucionalmente quebrantado, pero legalmente establecido en 2013 por la vía electoral. Los movimientos políticos que dominan Venezuela y Bolivia tienen este común denominador: la toma del poder y la conservación del mismo se ha hecho mediante elecciones competidas. Las convenciones constituyentes y la formulación de nuevas reglas electorales también han tenido el mismo fundamento. Han replanteado, cada uno a su modo, las instituciones, legitimándose por la vía de las urnas. Pero en el caso de Venezuela es evidente que la implementación de una política económica no es lo suyo. En estos días hay en Caracas una feria llamada Venezuela Potencia, donde los expositores son empresarios que buscan llenar uno de los múltiples huecos que dejó la industria local, monoexportadora de petróleo. Es la herencia de medio siglo de alternancia entre democracia cristiana y socialdemocracia. Lo deseable sería que impulsaran un cambio, por bien de la nación venezolana, porque hasta ahora la izquierda no ha sido capaz de construir un modelo eficiente, alternativo a lo que tanto criticaron. Y es por eso que Venezuela está en serios problemas. No es el único país de la región que sufre las consecuencias de un mal manejo de la economía, los subsidios, las pérdidas y fugas inexplicables de la administración, los controles gubernamentales, la inflación y el control de precios. Muchos venezolanos, acostumbrados a una vida clasemediera urbana, universitarios una parte de ellos, han migrado a Chile, Uruguay, México y Estados Unidos antes que rendirse a una vida de escasez. Los venezolanos, que han sido solidarios con perseguidos políticos uruguayos, argentinos, chilenos y centroamericanos, no merecen ser dejados a su suerte y de ahí la intervención de la OEA. No es para siempre la hegemonía del PSUV, que sumó en 2008 a los aliados del movimiento bolivariano del ya fallecido expresidente Hugo Chávez. Este país tendrá que evaluar la experiencia de casi dos décadas de “socialismo del siglo XXI”, salir de aquello y trazar su nuevo rumbo. Ellos sabrán cómo. Nosotros les deseamos suerte.

*** Después de unas cortas vacaciones, Punto Sur está de regreso.

@ggespinosa01