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México mira al sur y pone los ojos en Venezuela

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El 26 de enero pasado, en medio de los primeros y frenéticos momentos de la presidencia de Donald Trump, el presidente de Bolivia, Evo Morales, conmovido por los arrebatos trumpianos -seguramente- dijo que había llegado la hora de que México “mire al sur”. Y, bueno, pues acabamos de ver en la última semana y media, que el gobierno mexicano no tardó mucho en voltear la cara, aunque tampoco se puede hacer mucho en unos días.

La delegación de México en la OEA se puso al frente de una iniciativa que, primero, advirtió del riesgo de un quiebre constitucional en Venezuela y, segundo, propuso la discusión y aprobación de una exhortación al gobierno venezolano para que dialogue con la oposición y busque una salida al conflicto que hay entre la Asamblea Legislativa, dominada por la oposición, y el presidente Nicolás Maduro y el Tribunal Superior de Justicia.

En Venezuela, los poderes del Estado están en lucha y -sorpredentemente- su arma de cargo son los instrumentos legales del propio Estado: los decretos presidenciales, las sentencias judiciales, las leyes.

Esto comenzó cuando la oposición política se hizo de la Asamblea legislativa en una elección celebrada a fines de 2015. En 17 años habían perdido todo tipo de comicios, incluido un referendum revocatorio contra el presidente Hugo Chávez. Por primera vez desde 1998, los contrarios al Partido Socialista Unido de Venezuela, los “antichavistas”, se hicieron de un poder del Estado.

No terminaban aún de celebrar la victoria los “escuálidos”, el mote chavista para los opositores, cuando comenzaron las hostilidades entre el presidente y los asambleístas. Maduro ha tratado de extinguir el poder de la Asamblea y para eso ha contado con la colaboración del Poder Judicial, que a través del TSJ declaró en desacato al Legislativo -en septiembre pasado- porque no aceptó una sentencia que le exigía retirar de su cargo a tres diputados -opositores-, por presunto fraude electoral. Y así han estado, golpe tras golpe.

El más reciente episodio de esta suerte de lucha jurisdiccional ocurrió este fin de semana. El viernes 31 de marzo el TSJ anunció su decisión de asumir las funciones del Poder Legislativo y aunque este sábado revirtió su decisión, seguramente a consecuencia de la presión que ha venido ejerciendo la comunidad interamericana, el acto fue interpretado como golpe de Estado, efímero, al fin y al cabo, pero con ese carácter de asonada legaloide.

La OEA ha dado seguimiento puntual a este conflicto entre los poderes del Estado venezolano. Tanta ha sido la intensidad, que el secretario general del orgaismo, Luis Almagro, está metido en un verdadero problema porque, habiendo sido el canciller de José Mujica, el popular presidente de Uruguay de 2000 a 2005, ahora es visto como enemigo de Venezuela. Se acabó el amor. Solo países como Bolivia, El Salvador, Nicaragua y Ecuador, aliados políticos del chavismo, se pusieron del lado venezolano para salvar el honor de gobiernos del espectro izquierdista. En ese raro abanico está Uruguay que, desde 1995, es gobernado por el Frente Amplio, y el cual, respecto a Maduro, está cada vez más lejos.

El problema con Venezuela no es sólo del lado político. Se potencia por la crisis de abasto de artículos de primera necesidad y suministros médicos y hospitalarios. Por eso es cada vez más frecuente que los países del continente se expresen sobre los acontecimientos venezolanos, haciendo notar, como Costa Rica, que no debe seguir la “indiferencia” por lo que vive esta nación.

Lo que sorprendió en este seguimiento de la OEA fue el protagonismo de la diplomacia mexicana. Videgaray -aunque criticado en las redes por su presunta novatez en las relaciones internacionales- hizo declaraciones contundentes a la televisión mexicana que han circulado por toda la región, advirtiendo de la problemática venezolana y de la posibilidad de que, en caso extremo, Venezuela sea suspendido del organismo, invocando la cláusula democrática de la Carta interamericana, o sea, sus principios fundacionales y de adhesión de Estados-miembro.

El mismo canciller mexicano estuvo luego en Bogotá discutiendo, entre otros temas, el eterno asunto de las visas para colombianos, que al parecer ahora sí serán suprimidas. Según el gobierno de México, la cantidad de visitas de colombianos llegó a la cifra de 400 mil anuales, rompiendo marcas, lo que es positivo para la economía y especialmente para el sector turístico.

En sus declaraciones públicas en Bogotá, Videgaray se refirió en un par de ocasiones a la confianza y al intercambio de información para la cooperación en temas de interés bilateral que, tratándose de gobiernos que deben lidiar con el tráfico ilegal de drogas, se traduce en asuntos policiales, de seguridad y justicia. No hubo anuncios espectaculares a raíz de esta visita, ni siquiera después de que el canciller mexicano se entrevistó con el presidente Juan Manuel Santos, flamante Premio Nobel de la Paz, que se ha declarado “el socio” de Estados Unidos en el campo de la seguridad.

En la semana que concluye también tuvo lugar una reunión de México con sus países vecinos en la cuenca del Caribe, como se le conoce al conjunto de países conectados por el mar. Desde luego están Cuba, República Dominicana y los centroamericanos. Incluye a Colombia y debería de abarcar a la mismísima Venezuela que, como se sabe, fundó la década pasada la Alianza Bolivariana, Alba, el foro chavista.

El presidente Enrique Peña Nieto encabezó el 29 de marzo a la delegación mexicana en San José, Costa Rica, y el tema central fue la cooperación para el desarrollo económico y social. Desde que se creó este foro en 1991, conocido oficialmente como Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, se han movilizado recursos por cuatro mil 400 millones de dólares. Llama poderosamente la atención el hecho de que México patrocine programas de cooperación regional a los que denomina oficialmente “mesoamericanos”, ese concepto creado por un arqueólogo alemán para referirse a la America media, referida a los antiguos estados indígenas asentados en lo que hoy es México y su entorno.

Era de esperarse que un evento de esta naturaleza no causara mayor furor en los circuitos informativos, aunque el viaje a Centroamérica fue aprovechado por Peña Nieto para entrevistarse con sus pares de Guatemala y Panamá, con quienes habló del puntilloso tema migratorio. Esto no podía faltar, en momentos en que México prepara un largo y amplio proceso de negociación con Estados Unidos, de cara a la recomposición de las relaciones bilaterales y, en general del replanteamiento de política exterior de Washington.

Tanta actividad diplomática, de cara al sur, resultó quizá un tanto abrumadora y poco difundida en los medios -más allá de los espacios de información internacional- pero tratándose de formalidades y discursos, tampoco se le pueden pedir peras al olmo. Y sea como sea, México miró al sur.