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La herencia de Correa en Ecuador

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Rafael Correa terminará su ciclo en la presidencia de Ecuador el próximo 24 de mayo, dejando como herencia una ley de comunicación con la que el mandatario ciertamente echó la última losa sobre la tumba de un viejo sistema político en su país, al que derrotó por la ruta electoral en 2007, pero abriendo una controversia sobre la regulación o no de la prensa, el periodismo y las empresas mediáticas.

Se ha caracterizado al enfrentamiento de Correa con periodistas y directivos de medios de comunicación como un asunto aislado de las estructuras y los actores de la política ecuatoriana. Pero en realidad es parte de un conflicto de mayores dimensiones que tiene que ver con una larga transición democrática derivada de los años de la dictadura militar de 1972 a 1979.

Correa llegó a la presidencia en enero de 2007 después de haber hecho una campaña electoral en la que fustigó a los medios, asociándolos a campañas selectivas de desprestigio de políticos y encumbramiento de otros. Esta acusación se dio en un contexto en el que Ecuador tuvo ocho presidentes en once años. Rosalía Arteaga estuvo dos días de febrero de 1997, después de la destitución de Abdalá Bucaram; Jamil Mahuad en 2000 y Lucio Gutiérrez en 2005 abandonaron la presidencia. Las acusaciones de fraude y peculado fueron parte del cocktail y en el caso de Bucaram el asunto escaló a causa de la vida desenfadada que llevaba el gobernante, presentándose en programas televisivos de entretenimiento, mientras descuidaba la administración pública.

Con esos antecedentes de inestabilidad llegó Correa al Palacio de Carondelet e implantó su “revolución ciudadana”, aprovechando el alza en los precios del petróleo para implantar programas sociales de inclusión y reformar el aparato estatal. Desde el primer día advirtió que iba a buscar vías legales para acotar el poder fáctico de las corporaciones meditáticas. En 2011 convocó a un referendum para decidir si el Estado debiera dotarse de una ley general de comunicación. La respuesta fue favorable y durante tres años el poder Legislativo debatió y redactó la norma que, desde luego, no fue bienvenida por las empresas.

La ley tiene 119 artículos y estipula la repartición del espacio radioeléctrico (un tercio para la difusión estatal, otro tercio para la privada y uno más para los medios comunitarios), la obligatoriedad de los códigos éticos de la prensa y los periodistas y el respeto a sus derechos laborales. Tambien fija cuotas mínimas a la producción audiovisual ecuatoriana. Tipifica delitos administrativos por ataques a la dignidad de las personas en la prensa; campañas sistemáticas y concertadas de “linchamiento” mediático de personas e instituciones. Prohíbe la censura previa en los medios y la explotación del morbo; protege a menores de edad en caso de exposición pública; determina la igualdad de condiciones en el acceso a la publicidad oficial y obliga a los diarios y revistas a auditar y transparentar su tiraje. Exige que los medios distingan entre la información periodística y las gacetillas pagadas y los publirreportajes. Ordenó además la creación de dos entidades que supervisan y ejecutan la legislación, que incluye también el derecho de réplica.

El presidente entró en un campo controversial, porque la materia de esta ley se engrapa con el tema de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Los opositores dicen que la norma orilla a los periodistas a la autocensura, pero han criticado particularmente la discresionalidad con la que se puede interpretar un acto de injuria o una campaña de linchamiento.

Era previsible que el primer gremio de los medios que iba a resbalarse fuera el de los caricaturistas. Xavier Bonilla, conocido como “Bonil”, del diario El Universo, fue el primer sancionado por “deslegitimar a la autoridad”, sugiriendo en una viñeta de diciembre de 2013 que la fiscalía había realizado el allanamiento de un periodista, Fernando Villavicencio, que es también asesor de un conocido político local, enfrentado a Correa.

La experiencia de Ecuador de normar el comportamiento de la sociedad o de un sector de la misma es una vieja práctica de los Estados latinoamericanos, siguiendo la ruta contraria a la promulgación de leyes como resultado del consenso social. En el caso ecuatoriano se estableció la regulación para trar de encuadrar jurídicamente las actividades de prensa, los periodistas y las empresas mediáticas. Este es un espacio en el que muchos prefieren la ausencia de regulaciones o la menos posible. Unos creen en esto porque son liberales y libertarios, pero otros lo rechazan porque es el medio ideal para actuar como poder fáctico, de hecho, no de derecho. Este es un dilema de los regímenes republicanos y democráticos. Y no es un debate nuevo. Existe en América Latina desde el siglo XIX, cuando el independentista argentino, Manuel Belgrano, planteo la disyuntiva: “Mantener el equilibrio de la libertad o soportar el peso de la tiranía”. Toca a Lenin Voltaire Moreno Garcés, presidente electo de Ecuador, dar respuesta a esa interrogante, cuando releve a Correa.

*** Con esta columna me despido de los lectores de Arsenal. Otras obligaciones se han apropiado del tiempo que solía destinar a este texto cada semana desde que llegué a radicar a Sudamérica, ofreciendo una visión mexicana sobre la vida de esta región. Mi agradecimiento al director del sitio, Pancho Garfias, y a los editores Berenice Sevilla y Jacobo Ojeda, por el apoyo que me dieron para realizar esta tarea.