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Jaime Rochín, en la mira

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El miércoles 17 de enero pasado, la maestra Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (SDHPDSC/PGR), tuvo a bien actuar como anfitriona en un encuentro con familiares de personas desaparecidas en México. Con todo y la experiencia acumulada en los diferentes cargos que ha ocupado en la Administración Pública, le falló la logística para atender dignamente a sus invitados.

Con una intención claramente discriminatoria, en principio, sólo se permitía el acceso a quienes estaban inscritos en una lista bastante raquítica. Los integrantes de varios colectivos, dedicados a la búsqueda de los ausentes, formados en las lides de la protesta y la conquista espacios públicos, exigieron con firmeza que se les diera el acceso a la reunión a la que fueron convocados. Después de casi una hora de espera, pudieron ingresar al salón reservado para tal fin.

En el presidium estaban acomodados, de izquierda a derecha, el maestro Abel Galván Gallardo, recientemente nombrado como titular de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (FEBPD), dependiente de la SDHPDSC/PGR; el maestro Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob); el licenciado Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y Asuntos Internacionales, en funciones de encargado de despacho de la PGR; la titular de la SDHPDSC/PGR, y la doctora Karla Irasema Quintana Osuna, directora general de Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Como se acostumbra en este tipo de rituales, uno de los encaramados en la mesa de honor, tenía la voz cantante para dar comienzo a la exposiciones siempre cargadas de disculpas y promesas. En esta ocasión, le tocó al encargado de despacho de la PGR despuntar la madeja discursiva. La audiencia tomaba nota, sin perder detalle, de lo que iba escuchando, para en su momento, plantear algunas precisiones.

En el turno al bat, el maestro Avante Juárez, celebró con gran entusiasmo la entrada en vigor, desde el martes 16 de enero, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares. Curiosamente en esa misma fecha, algunos medios impresos de circulación nacional publicaron una nota que daba cuenta de que expertos independientes en Derechos Humanos de la

Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunciaron el suceso con un pronunciamiento específico: “Esto podría dar una vuelta de página en relación con la grave situación que el país enfrenta, e iniciar un camino hacia la verdad, la justicia y la reparación del daño para miles de víctimas”.

El subsecretario de Derechos Humanos, si tuvo a bien leer completa la noticia, debió haberse enterado de lo que planteó el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, al enfatizar la necesidad de que con esta norma se garantice la búsqueda eficaz e inmediata de los más de 30 mil personas desaparecidas, que es el principal reclamo de las familias. Asimismo, insistió en que el proceso de selección de los servidores públicos encargados de implementar el ordenamiento jurídico, “debe garantizar la idoneidad de los perfiles, ser transparentes e incluir la participación de los colectivos de víctimas y especialistas de la sociedad civil”.

La maestra Herrerías Guerra, ocupó su tiempo en el presidium para asestar una filípica a sus invitados. La concurrencia le agrió la fiesta en su propia casa. La señora no ha registrado que los familiares de las víctimas de desaparición son sensibles ante cualquier acto de revictimización por parte de las autoridades; los colectivos, poco a poco, se van alejando del concepto de la masa dócil, agachona, frente a la arrogancia de quienes se marean al subirse a un ladrillo.

Karla Quintana, como la llaman los visitantes asiduos de la CEAV, tampoco tuvo mucho que decir. Varios de los ahí presentes le reclamaron por el retraso en la designación de asesores jurídicos para el acompañamiento necesario ante la autoridad ministerial. Las promesas vertidas en sesiones de trabajo en el pasado reciente han quedado incumplidas. Los invitados aprovecharon su presencia para encomendarle la ingrata misión de comunicarle a su jefe, Jaime Rochín del Rincón, que la institución tiene pasivos cuantiosos con esa gente al no entregarles los apoyos ordenados por la Ley General de Víctimas.

A partir de ese momento se empezó a sentir un ambiente tenso. De entre la concurrencia se escucharon voces que pedían la remoción de Rochín, como comisionado presidente de la CEAV; con expresiones duras, generadas por la ineptitud de tal personaje, se reiteró la exigencia de su renuncia. El procurador suplente quiso aprovechar el zafarrancho para huir del encuentro, argumentando que tenía que atender otros compromisos: La gente se lo impidió y, no lo quedó más remedio que aguantar.

Aún faltaba la disertación del maestro Abel Galván Gallardo, fiscal especializado en la Búsqueda de Personas Desaparecidas. La organizadora de la reunión lo reservó para el final, como el postre en una suculenta comida. El señor había despertado grandes expectativas entre los invitados. Previamente, se anunció con bombo y platillo, que traía la buena nueva para las atribuladas familias; se llegó a decir que presentaría su plan de trabajo. Ante la solicitud generalizada para conocer dicho plan, el aludido tuvo que confesar que no lo ha elaborado.

A los dos servidores públicos de más alta jerarquía que estuvieron en la reunión, se les conminó a que incluyeran en sus agendas dos compromisos fundamentales: que el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, visite todas las procuradurías o fiscalías del país, para que constate su pésimo funcionamiento y ponga orden en esas instancias. Lo aceptó, y dijo que su gira iniciará en Querétaro; que el encargado de despacho de la PGR, anunciara públicamente la fecha para la próxima reunión con los familiares de desaparecidos. Lo aceptó y propuso el 17 de marzo venidero.

La tarde de ese mismo miércoles 17 un grupo de madres de desaparecidos, procedentes de Michoacán y Guerrero, como reclamo a la desatinada gestión de Jaime Rochín del Rincón establecieron un plantón frente a la entrada principal de la Segob. Las inclemencias del tiempo, y el hecho de que están en ayuno, van minando su endeble salud. La determinación del grupo es mantener esta forma de protesta, hasta conseguir el cumplimiento de sus demandas que ya son públicas en las redes sociales. Es hora de preguntarle al licenciado Alfonso Navarrete Prida, recientemente designado como secretario de Gobernación, ¿por qué tanta consideración para Jaime Rochín? Que demuestre que no viene a hacer turismo al Palacio de Covián.