web analytics

La violencia en México, más allá del escándalo

0
36

Por Miryam Gomezcésar.

La soberanía del país y la seguridad de los mexicanos están gravemente amenazadas. En otros países, cuando sus viajeros van a transitar por sitios peligrosos, sus autoridades establecen advertencias con datos precisos para prevenirlos: en México, ante lo irremediable, un par de mensajes presidenciales por twitter lo resuelven todo ¡Y, santo remedio!

A pesar de estar expuestos a la imparable violencia, cuando el sistema privilegia el capital por encima del bienestar de las familias, comunidades enteras han tenido que abandonar sus hogares para refugiarse donde sea  por la peligrosidad y amenaza de las bandas criminales que las acosan. El Estado de Derecho deja de existir para convertirse en una figura jurídica de ornato.

Aunque la desaparición de personas no es algo casual sino causal, quien debe reaccionar y resolver el problema de inmediato, no sabe o no se interesa en escuchar a quienes saben lo que puede ocasionar el deterioro anímico de las familias en circunstancias tan vulnerables cuando no localizan a algún pariente.

Si la desaparición aún no clarificada de los estudiantes de Ayotzinapa ha tenido un costo tan alto en lo económico pero también en la imagen de los gobiernos involucrados, la gota que derramó el vaso desde aquella captura de El Pozolero, es, más allá del escándalo, el caso de los tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales, Javier Salomón Aceves, Marco Francisco Ávalos y Jesús Daniel Díaz,  reportados como desaparecidos en el municipio de Tonalá, Jalisco.

Al informarse de su posterior asesinato y disolución en ácido por grupos criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación, crispó no sólo a los jaliscienses y a la comunidad del cine, sino a todos en las entidades donde  el crimen organizado ha sentado sus reales sin dificultad.

Se revivió la rabia de quienes se saben abandonados por sus gobiernos ante la lentitud o incapacidad demostrada en las indagatorias por sus resultados. En el anterior y en el actual régimen presidencial, cuya creciente estadística mortal parece algo irrelevante, sin sentido, da la impresión que las desapariciones son meras cifras, no vidas, el resto de la comunidad pregunta en las calles y en todos los foros posible ¿Hasta cuándo?

“No son tres, somos todos” gritaron los universitarios y los familiares indignados durante la manifestación frente a la residencia oficial del gobernador Aristóteles Sandoval, conocida como Casa Jalisco, en Guadalajara. El horror de la realidad es interminable.

Pero la frialdad del crimen organizado es escalofriante, así se percibe tras el reciente hallazgo de cinco cuerpos mutilados dentro de un vehículo, localizados en una de las principales arterias de la ciudad, que ni es el primero, ni el único caso de un acto de barbarie porque ya forma parte de la narrativa cotidiana.  ¿Qué pasa con la Fiscalía General?

La preocupación de la mayoría de los habitantes de la zona norte de Quintana Roo, es el nivel de crueldad con que operan los asesinos y que los trágicos acontecimientos suceden cada vez con más frecuencia, más cerca, sin importar rumbo, nivel o sector social. Las víctimas son principalmente gente joven pero las ejecuciones han alcanzado a menores y personas de todas las edades sin que necesariamente estén involucrados.

Con todo el poder policíaco apostado a la seguridad, el crimen organizado y la delincuencia común avanzan despreocupados en la conciencia del proceso electoral que concluirá en dos meses. Mientras se escuchan promesas de campaña de los candidatos que aseguran acabar con la violencia por su voluntad, para devolver la paz y tranquilidad que merece el estado, los ciudadanos olvidan que, de una u otra forma, cuando se justifica lo indefendible, ya sea que conocidos, amigos, compañeros, vecinos o familiares estén involucrados en cualquier tipo de violencia, lo que se propicia es impunidad, sin embargo, hay sucesos que hacen reflexionar sobre la importancia de cultura de la denuncia en las circunstancias actuales.

Sobre todo, en una sociedad amedrentada por los hechos que no denuncia por miedo a represalias y, que de ésta forma termina volviéndose cómplice del problema lo cual fortalece al fenómeno y da elementos para la impunidad de los delincuentes. Parte del problema es que, si existiera un policía honesto, por este simple hecho, ya valió. 

Y, si recordamos la frecuencia con la que son descubiertos nexos de servidores públicos con los infractores el temor a denunciar adquiere la mayor importancia. Tan sólo ésta semana fueron detenidos por elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO),  los tres policías municipales (con los alias El Sombras, Oyuki y El Manchas), para ser interrogados por la autoridad por su participación en la posible privación  de la libertad de cuatro colombianos que más tarde serían entregados a una banda criminal.

Los trasladaron a la Ciudad de México, por ser requeridos ‘por el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila con residencia en Torreón, por la probable comisión del delito de secuestro agravado’, según el comunicado oficial.

Aunque denunciar es importante, las condiciones actuales de inseguridad y colusión  de servidores públicos, cuando la violencia extrema forma parte sustancial del hartazgo social que necesitamos cambiar porque la situación debe tener un límite pero ¿Cómo saber quién es quién o en quiénes confiar para generar un verdadero cambio?

Ahora también autoridades responsables del arbitraje electoral están en apuros porque la Presidente del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQRoo), Mayra San Román Carrillo Medina está sujeta, junto con Luis Alberto Alcocer Anguiano y Adrián Amilcar Sauri Manzanilla, a proceso penal por la manipulación indebida del listado nominal de electores, según informó el periódico Reforma este jueves.

La cita fue realizada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez Administrador adscrito al Centro de Justicia penal Federal de Quintana Roo, José Eduardo Cortés Santos. También fueron citados Luis Alberto Alcocer Anguiano y Adrián Amilcar Sauri Manzanilla así como los consejeros Thalía Hernández Rebolledo, Juan Manuel Pérez Alpuche y Jorge Armando Poot Pech.

Lo anterior nos refresca la memoria sobre el problema de las complicidades colectivas, ¿Cómo olvidar cuando la Consejera Electoral, Claudia Carrillo Gasca, denunció el acoso y hostigamiento y amenazas que habría recibido del magistrado presidente del Tribunal Electoral local, Mtro. Víctor Vivas Vivas para que en los pasados comicios que renovarían la gubernatura, las presidencias municipales y la legislatura en el 2016, apoyara como consejera electoral al PRI y su coalición,  sometidos como estaban a las instrucciones que recibían del entonces gobernador  Roberto Borge Angulo, con el pretexto de que a él le debían el puesto? 

“Todo porque me negué a seguir una línea de control que en ese momento tenían el magistrado electoral, Víctor Vivas Vivas, así como el actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Lima Carvajal”, según explicó en conferencia de prensa ofrecida en ese entonces, en las instalaciones del Senado de la República.