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Otra “verdad histórica” cuestionada

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Por José C. Serrano

Durante varias semanas los medios de información se volcaron sobre la salvaje y atroz ejecución de tres estudiantes de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ante la presión de familiares de los desaparecidos y mediante actos de protesta de alumnos de varios planteles, así como de la sociedad civil organizada, la Fiscalía General de Justicia de dicha entidad, se aventuró a informar que Jesús Daniel Díaz García, Marco Francisco García Ávalos y José Salomón Aceves Gastelum, estudiantes de cine, tras ser asesinados, sus cuerpos fueron diluidos en ácido por miembros del crimen organizado para que no quedara rastro de ellos.

La velocidad con la que la autoridad ministerial “resolvió” el caso, despertó la sospecha de que se quería dar carpetazo a un asunto que demandaba una investigación de mayores alcances. Los familiares de los estudiantes, acompañados por expertos en materia forense, se percataron de que las evidencias periciales eran insuficientes para dar por concluida dicha investigación.

Quienes pasan por esta experiencia rememoran la campaña publicitaria que emprendió la Procuraduría General de la República (PGR) en medios de comunicación para vender la famosa “verdad histórica” fabulada por Jesús Murillo Karam, El cansado titular de la dependencia en la época en que fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Sin duda, su defenestración sirvió a la causa de quienes dudan de cualquier información no concluyente, así provenga de la mismísima presidencia de la República.

A Raúl Sánchez Jiménez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco (FGJEJ), se le tambalea su “verdad histórica” ante las declaraciones del director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero Bernal, quien reconoció que los peritos a su mando no han encontrado pruebas “que nos permitan corroborar el ADN de los jóvenes (estudiantes de cine secuestrados el 19 de marzo en el municipio de Tonalá) entre los residuos de los contenedores de ácido sulfúrico hallados en una finca de ese municipio, en los que habrían sido disueltos los cadáveres de los estudiantes, como asegura la Fiscalía General del Estado”.

El director del IJCF reconoció que la investigación no está cerrada y que personal de dicho instituto y de la Policía Científica federal aún analizan los residuos. Explicó que el ácido sulfúrico rompe las moléculas de ADN, lo que hace casi imposible obtener un perfil genético.

Ante esta duda razonable, familiares de los tres estudiantes desaparecidos, presuntamente secuestrados por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación (cJNG) el pasado 19 de marzo en Tonalá, analizan recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras instancias internacionales, a fin de obtener resultados concluyentes.

Cotero Bernal ha dicho que en una mancha con residuos hemáticos obtenida en una de las fincas utilizadas por los sicarios del cJNG se encontró ADN que corresponde al de Jesús Daniel Díaz García. Añadió que otros indicios hemáticos encontradas en esposas coinciden con perfiles genéticos de familiares de Marco Francisco García Ávalos.

Es frecuente, en estos escabrosos asuntos, toparse con autoridades, sobre todo ministeriales, paralizadas, impotentes, empujadas siempre por la tentación de cerrar los casos. La investigación, que es la esencia de su trabajo, está supeditada a una maraña burocrática imposible de remontar. Debido a esas taras ancestrales los expedientes de las víctimas se llenan de telarañas y las esperanzas de sus familiares de encontrar a los ausentes se van diluyendo tras muchos años de espera.

Los prójimos de los más de 34 mil desaparecidos se pronuncian por la erradicación de las fábulas, que autoridades sin escrúpulos pretenden convertir en verdades históricas.