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A grandes males, los mismos placebos

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Por Miryam Gomezcésar

Las cifras de la violencia electoral no pueden ser más preocupantes si consideramos los datos publicados en el Cuarto Informe Sobre la Violencia Política en México, 2018, publicado por la empresa Etellekt: “Durante los primeros 8 meses del proceso electoral se han contabilizado un total de 305 agresiones, directas e indirectas, en contra de actores políticos y familiares”.

Dichas agresiones arrojaron un saldo de, al menos, 93 políticos asesinados, 35 de los cuales eran precandidatos y candidatos, incluyendo también autoridades electas y dirigentes partidistas, principalmente del ámbito municipal. Adicionalmente, 44 familiares de actores políticos también perdieron la vida (http://www.etellekt.com/reporte/cuarto-informe-de-violencia-politica-en-mexico.html), cuando estamos a unas cuantas semanas para que concluyan las campañas del proceso más complicado de los últimos regímenes.

A estos datos hay que agregar los que se vayan sumando a la estadística como la desaparición el 30 de mayo, del Director de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Benito Juárez, Miguel Loo Calvo, asesor político del candidato de la Coalición “Por Quintana Roo al Frente” a la Presidencia Municipal de Solidaridad, el croquista Martín de la Cruz.

El también representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el INE local, en el Distrito 4, fue reportado como desaparecido por su familia. En este sentido cabe destacar las declaraciones recientes del candidato Martín de la Cruz sobre una supuesta persecución política en su contra, tras el allanamiento de su domicilio de donde elementos de la policía, que llegaron a su domicilio en alrededor de 15 patrullas, se llevaron detenidos a varios de sus colaboradores.

Lo delicado es que la candidata oficial de la alianza “Por Quintana Roo al Frente” que intenta retener con reelección la Presidencia Municipal de Solidaridad para el Partido de Acción Nacional (PAN), Cristina Torres, cuando habla sobre el tema de la inseguridad repite que dotará de botones de seguridad y cámaras de vigilancia para la ciudad sin mencionar algún proyecto estructurado vigente o que tenga considerado para frenar la desquiciante violencia a pesar de haber cumplido casi dos años como alcaldesa.

En este tóxico cóctel de ambigüedades, ninguna entidad federativa escapa al creciente fenómeno gestado en un clima tan propicio como el actual, donde los actos criminales, que generan tanto estrés en la población, aumentan en vez de inhibirse con esos vistosos operativos municipales, estatales y federales aplicados, como el “Escudo Titán”, que para su implementación puesta en marcha a finales de enero pasado, trajeron a Cancún elementos de las Fuerzas Armadas. Las ejecuciones se multiplicaron, prueba de ello es el recuento de los daños presentado por el Fiscal General de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Cen.

Su alcance ya no se concentra sólo en una lucha entre traficantes de Cozumel, Solidaridad y Benito Juárez, sino que abarca casi todo el territorio estatal. Sobre este problema, Pech Cen, en conferencia de prensa, dio cifras alarmantes: en lo que va del año ha habido 207 ejecuciones, de los cuales 177 son hombres y 33 mujeres, siendo abril el mes más violento hasta el momento, ya que todos los días se reportan balaceras, muertos, descuartizados, embolsados, descabezados y heridos pero tan sólo algunos detenidos. Pech Cen asegura que se trata de siete células del crimen organizado que operan en esta zona. La eficacia operativa está en duda.

Sobre el clima de violencia, y en ocasión al arribo de las Fuerzas Armadas, el gobernador explicó en días pasados que esto es parte de la estrategia de seguridad planteada de manera conjunta entre los tres niveles de gobierno.

Aunque en marzo reconoce que en la zona norte aún suceden homicidios dolosos, aseguró que éstos han sido entre los grupos de la delincuencia organizada, pero que la incidencia delictiva disminuye porque hay mayor vigilancia entre los diferentes niveles policíacos, así como por los programas de prevención.

Lo más preocupante es que, por un lado, se incrementa el número de ejecuciones y, por el otro, el mandatario estatal asegura que “Ya se goza de tranquilidad y la certeza de que todo visitante se irá con una grata impresión”. La realidad asomó días después, cuando recrudeció la violencia criminal en abril, señalado como el mes más violento en lo que va del año. En este sentido, el 10 de mayo señaló que en Quintana Roo no existe crimen organizado sino células de narcomenudeo.

En el Proyecto de Innovación Tecnológica de Vigilancia que aseguró van a implementar para tener mayor control de lo que sucede en las vialidades, calles y avenidas de las principales ciudades del estado, se invertirán alrededor de tres mil millones de pesos para la adquisición de equipo de alta tecnología como arcos detectores, cámaras de vigilancia, el establecimiento de un Centro de Control y Vigilancia. Nada nuevo si recordamos la cantidad de ocasiones que con esa misma estrategia ha habido magros resultados, por no decir pésimos.

El problema en este momento es que, en la plenitud del proceso electoral, cuando se observa la agresividad con que se mezcla el fanatismo político y la incapacidad probada por la policía para la contención de los delitos, la urgencia es una constante alarma cuando por un lado se escuchan las mismas propuestas con las mismas figuras que apuestan a la ingenuidad del electorado que ya sabe que le toman el pelo. Las constantes detonaciones son el recordatorio de lo que ya no es soportable.

La mayoría de la población ha sido víctima o conoce en su alrededor a víctimas de la delincuencia común y también, por las balaceras y persecuciones, el nivel de la seguridad vecinal de los habitantes locales que padecen los estragos de tan optimista visión oficial de la realidad, que es el resultado de una crónica desatención, de una atención simulada o de una falta de competencia indispensable para generar estrategias eficientes. O que alguien nos explique por qué ante el discurso oficial la evidencia los contradice.