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A la deriva la política del agua

Jorge Miguel Ramírez Pérez.

Dicen que una de las equivocaciones más frecuentes cuando se determinan las prioridades del gobierno, es que el orden que se elige siempre toma como primer lugar el camino de lo que conviene a la persona o grupo de poder, en segundo lugar los esfuerzos se dirigen a lo urgente, donde hay más presión, y por último, al final si hay tiempo y recursos, se le da turno a lo importante.

Y de esa manera se genera confusión porque los criterios de la cosa pública se convierten para comenzar en asuntos subjetivos, en tanto que se busca el beneficio de una camarilla. Y esa mala política es la que viene a chocar con la racionalidad elemental que se supone es inherente a un sistema de gobierno.

Y claro que el agua después del aire que respiramos es un asunto de alta prioridad, sólo que de manera inexplicable tradicionalmente ha sido dejado de lado, de tal suerte que si usted analiza incluso superficialmente los problemas de la gestión del agua, no ocupan el lugar que debieran, no sólo en la agenda política, sino que esa tendencia se refleja en los medios que dan por hecho al igual que millones de habitantes del país, que el agua “allí está y no se va a ir”.

En la pasada elección ningún candidato que yo recuerde hizo un planteamiento integral de la problemática del agua, incluso ni siquiera de el tema hidroagrícola en específico, tan crucial en materia alimentaria como en el tema de las exportaciones de esos productos.

Aunque la gestión del agua y su política no se consideren temas importantes, el hecho cotidiano es que el agua escasea y su administración siempre se le ubica en problemas administrativos y financieros de parte de los municipios cuando se trata del agua de uso urbano y, también, cuando las catástrofes se presentan y nos recuerdan que están pendientes asuntos importantes que se tienen en el sótano del interés de la política.

Pero no cabe duda que las exageraciones de abandono del tema esencial del agua en este gobierno que termina, alcanzaron el mayor desinterés y una notable disminución en la inversión de la infraestructura tan necesaria para no rezagarse peligrosamente en algo que es sencillamente vital.

Una revisión a la CONAGUA como la responsable de toda la gama de operaciones desde la planeación, innovación, la determinación jurídica y su administración eficaz, etc., ni siquiera queriendo profundizar, asoma desorden y confusión en los objetivos y en la forma de operar institucionalmente los instrumentos que la ley provee, porque muchos son letra muerta dado que su utilización es limitada. Me refiero, por ejemplo, a los Consejos de Cuenca que deben ser las estructuras de participación de usuarios y también de participación de ciudadanos y académicos para definir el rumbo de las buenas políticas del agua tan necesarias como urgentes.

Porque en el agua a diferencia de otros temas lo importante se acerca mucho con lo urgente. Y eso abre oportunidades no sólo para organizar a la sociedad en torno a este recurso, sino que, a partir del mismo, se pueda incursionar en una política ambientalista integrada e interrelacionada; no como está ahora, de manera aislada y sin formas vinculantes a las demás esferas sociales.

Hay mucho qué hacer en el agua, desde revisar las presas y la relación con la CFE hasta su mantenimiento; desde orientar el recurso a una nueva tecnificación de riego, como a la ampliación territorial de nuevos distritos que deben surgir de unidades de riego sin los lastres del interés electoral y manipulatorio. Desde la educación en su cuidado como en las formas de su limpieza y embalsamiento.

En definitiva, lo que se puede hacer es mucho y también novedoso. Es algo que en verdad puede estructurar una política de responsabilidad compartida del gobierno con la sociedad. Una política de bien-bien.