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Ayotzinapa o la justicia “politizada” de López Obrador

Carlos Arturo Baños Lemoine.

Ayer, lunes 03 de diciembre, se firmó el acuerdo presidencial mediante el cual se crea la Comisión de la Verdad para el Caso de Iguala-Ayotzinapa que, a la postre, se volverá uno de los grandes fracasos del sexenio de López Obrador. Se trata de una promesa de campaña; una más de las varias que se sustentaron no en la fuerza de la realidad, sino en la necesidad psicológica de ilusionarse en vano.

Mucha gente quiso escuchar ilusiones y AMLO se las dio a raudales, aunque sin escrúpulos. Y es una pena que se juegue de esa manera con los familiares y los amigos de los normalistas de Ayotzinapa que, hasta hoy, se mueven entre dos categorías victimológicas: desaparecidos o asesinados.

De entrada, salta a la vista el manejo “politizado” de la justicia en manos de López Obrador: se crea una comisión especial para las víctimas que le resultan convenientes a él, al menos por el momento. De manera oficial, en México hay algo así como 35 mil desaparecidos, pero al nuevo Presidente le conviene crear una comisión de la verdad con sesgo político: los ayotzinapos refuerzan sus posturas ideológicas y sus alianzas grupales, mientras los otros “desaparecidos” son sólo víctimas “a secas”; son víctimas cuyos familiares no hacen tanto ruido, ni jalan tantos votos.

La justicia transicional de AMLO es, en realidad, una justicia preferencial: por el bien de todos, primero los míos.

López Obrador es un político ruin: juega con los sentimientos dolidos de las familias para sacar dividendos políticos, prometiendo lo imposible. Debemos ser honestos: el Caso de Iguala-Ayotzinapa nunca se va a resolver, como nunca lo hicieron los casos Colosio, Ruiz Massieu, Muñoz Rocha, Aguas Blancas, Acteal, Stanley, etc.

Debemos entender que, desde un inicio, el Caso Iguala-Ayotzinapa estuvo contaminado: se cometieron muchos errores técnicos en torno a la investigación, de tal suerte que se antoja imposible llegar a la verdad del caso. Por lo mismo, será poco menos que imposible dar con los responsables y sancionarlos. Ni siquiera con las contribuciones de los “expertos” extranjeros se ha podido, ni se podrá, llegar al centro del asunto.

Debemos entender que con las buenas intenciones gubernamentales no basta. El Presidente de la República podrá disponer de todo el presupuesto, de todo el aparato burocrático y de todas las facilidades para volver a investigar el caso a partir del “punto cero”. Lo que no entiende López Obrador es que ni así podrán solventarse los errores que se cometieron desde un principio.

No de balde, desde hace unos meses han comenzado a salir de prisión algunos de los principales imputados; esto debido a la falta de pruebas fehacientes y/o a la presunción fundada de que las confesiones de los acusados fueron obtenidas mediante amenaza o tortura.

Hoy, el nuevo Presidente continúa alimentando falsas esperanzas, y eso tendrá un costo en el mediano plazo.

Ya veremos cómo, en algunos meses, a López Obrador se le va a revertir su teatrito político: cuando los familiares de los 43 vean que las investigaciones no avanzan, o no llegan a las conclusiones que ellos quieren escuchar, de inmediato dirán que están siendo revictimizados por el “mal gobierno” de AMLO. Será un juego de nunca acabar, ya lo verán mis apreciables lectores. Es cuestión de tiempo…

Facebook: Carlos Arturo Baños Lemoine

Twitter: @BanosLemoine