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Impunidad fomentada, derrota electoral garantizada 

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Miryam Gomezcésar.

Mientras el gobierno federal, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aceita la maquinaria con la entrega del Presupuesto de Egresos 2019 al Congreso para su aprobación y echar a andar su proyecto sexenal, llamado de la 4ª Transformación, la resistencia se manifiesta por diversas razones.

Desde la pulsación de fuerza, los tres Poderes de la Unión nos muestran su capacidad de diálogo. Si como dicen, en política “Lo que parece, es”, asombra la habilidad para hacerse escuchar. Hay freno, estire y afloje normal como en cualquier gobierno, lo importante es lo que produce, el interés de defender la validez del camino andado.

El bullicio está en todos lados, el debate es extenuante. Hay de todo en las posturas, unas conservadoras, otras progresistas y otras, tal vez las más acostumbradas a repetir sin tener un conocimiento real de la situación, cada quien intenta convencer a los demás con el sustento de su determinación y estilo propio.

La defensa de ideas en el intercambio de opiniones es intensa, fluye a borbotones para dar forma al ejercicio democrático en la nueva realidad que se nutre de la participación colectiva. Se estrena la vida democrática. Un ejercicio elemental oxigenante que dejará lecciones.

En el debate legislativo, donde se observa la forma como los grupos se integran para aceptar o rechazar planteamientos a propuestas de solución sobre temas urgentes que son de interés común, el intercambio parlamentario se intensifica a la menor provocación, como desde hace tiempo no se veía en el congreso.

La estridencia por la modificación legal para permitir que el escritor español naturalizado mexicano Paco Ignacio Taibo II, cumpla con los requisitos exigidos jurídicamente para dirigir el Fondo de Cultura Económica.

Tan lamentable como los casos emblemáticos de los absurdos que a conveniencia de las partes prefieren olvidar. Como cuando, por ejemplo, algo similar sucedió en la época de conclusión del régimen de Ernesto Zedillo, que, con tal de que Vicente Fox Quezada lograra asumir la presidencia, en el congreso modificaron el articulado que exigía ser hijo de padres mexicanos para poder ser Presidente de la República.

Pero eso es en San Lázaro y en el Senado porque, en contraste, en algunos congresos locales la dinámica es distinta, acostumbrados a las inercias (al fin y al cabo provincia), no hay prisa porque tampoco hay interés en hacer que las cosas cambien.

Casos como el de Quintana Roo, donde la historia reciente no enseña nada,  repiten la misma conducta que tanto critican. Los legisladores locales modificaron la ley que exigía tener al menos 10 años de residencia en la entidad a los aspirantes a encabezar determinadas dependencias como la Fiscalía General, proyecto que se aprobó sin mucha resistencia de los diputados para que el abogado Óscar Montes de Oca Rosales pudiera ser incluido en la terna, con la certeza de que llegaría.

En la Sesión Ordinaria, por mayoría de votos, veintidós a favor y dos en contra (de Leslie Hendricks Rubio y Carlos Mario Villanueva Tenorio), fue elegido en nuevo Fiscal General de Quintana Roo que todos sabían iba palomeado por el Gobernador, Carlos Joaquín González.

En nuevo funcionario, con amplia trayectoria en el servicio público como Ministerio Público y en las procuradurías de la Ciudad de México y General de la República, posterior a rendir de protesta comentó al corresponsal de Radio Fórmula, Rafael Briceño Chablé, que por el momento realiza un diagnóstico sobre la situación que impera en la Fiscalía para poder implementar su propuesta de trabajo.

En plena temporada decembrina, cuando la mayoría busca un espacio para descansar en espera de lo que depare el próximo año, la población que habita en el estado se siente agraviada y cansada de la locura criminal incontenible que se acelera sin remedio.

La insistencia del gobierno del Estado de imponer el Mando Único en los once municipios para tener el control absoluto de la policía, encabezado por Alberto Capella, empezó con el pie izquierdo: una violenta escalada delictiva, aumentaron las ejecuciones, los feminicidios, las extorsiones, más la novedad de los secuestros y una amenazante modalidad para la mayoría: el robo a mano armada a casas habitación y al transporte público en la zona norte del Estado pero específicamente en el municipio de Benito Juárez. Las cifras no mienten.

La comunidad está inconforme, preocupada por lo que observa, por lo que escucha de la violencia, esa especie de inmovilidad por parte de las autoridades que poco se involucran más allá de acudir a los actos públicos.

La falta de autocrítica de la alcaldesa Mara Lezama Espinosa a su gestión, más el reproche de organizaciones, empresarios y algunos de sus colaboradores que ven como principal obstáculo para avanzar sus desplantes, esa actitud arrogante de la presidente municipal que impide un desempeño mejor ante el nivel de la urgencia por el clima de violencia que es de tal magnitud, que exige mayor congruencia y compromiso por parte de la autoridad municipal. Es lamentable.

Sin una mención de preocupación siquiera a familiares y amigos sobre los casos de mujeres asesinadas o secuestradas, como el más reciente de Cindy Saldívar, de quien nada se sabe a una semana de desaparecida al tomar un taxi, hace que el otrora apoyo a la alcaldesa se convierta en rechazo a su gestión y a su indiferencia. La gente está preocupada, entristecida, necesita una respuesta.

Tal vez por lo anterior, durante la VI Sesión Ordinaria de Cabildo, este viernes los regidores prefirieron retirar el tema de la firma del Convenio de Coordinación del Mando Único, que ya estaba agendado, aun cuando la intención expresa de la alcaldesa había sido ceder el control policíaco municipal al gobierno del estado.

Esto, porque al carecer de un marco jurídico que lo soporte, el convenio fue remitido a la alcaldesa para su firma pero en que hay ciertas cláusulas que someten inequitativamente la administración del ayuntamiento de Benito Juárez y en las que puede verse comprometida la autonomía municipal.

Si se trata de un error de redacción o intencional, por lo mismo, los regidores del Morena decidieron esperar a analizar y corregir lo necesario, en  los términos de la propuesta de convenio junto al secretario municipal de Seguridad Pública, Jesús Pérez Abarca.

En este contexto, la información publicada en la página virtual de la revista Proceso, sobre una supuesta investigación que realizan en el gobierno del estado de Morelos sobre un presunto desvío de 27 millones de pesos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad Pública (Fortaseg), en el que se involucra al entonces Comisionado de Seguridad Pública de ese Estado y hoy Coordinador del Mando Único en Quintana Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra, recursos que su actual gobernador Cuauhtémoc Blanco asegura estaban destinados a la capacitación de 400 elementos de la policía de Seguridad que fueron acreditados con documentos apócrifos y que en varias ocasiones había advertido al gobernador Carlos Joaquín González sobre la actuación de su hoy coordinador, generó dudas sobre la honestidad del Coordinador y la información corrió como reguero de pólvora.

Inquietante para todos, el tema deberá aclararse porque no únicamente lastima el deteriorado prestigio del gobierno del estado sino también compromete el del novato gobierno municipal de Benito Juárez, que, de aceptar los términos del Mando Único como fue presentado, pagaría con su desprestigio la aprobación de someterse a los términos del convenio de Capella Ibarra, por los antecedentes que destaca tan delicada información.

Lo cierto es que el Estado está que arde, con un alcalde de Othón P. Blanco que, a pocos días de asumido el poder, pidió permiso temporal para separarse del cargo por motivos de salud y al frente quedó como interino un joven inexperto en un municipio donde los problemas municipales se multiplican, y no parece haber alguien que logre imponer orden.

Lo malo es que los focos rojos de la delincuencia ya abarcan hasta la capital del Estado, Chetumal, donde se asientan los tres poderes. Atraviesa por una ola de violencia que debería atenderse de inmediato si se analizan los síntomas de descomposición social en la zona sur, vinculados a la actividad delictiva que va en aumento.

No se trata de algo simple si se considera el arribo de un avión semanas antes, cargado de cocaína detenido en el aeropuerto de Chetumal, pero sobre el avance delictivo hay mucho más, como el descubrimiento de una avioneta quemada en un paraje de Calderitas y carros de particulares incendiados en la ciudad. 

La delincuencia común tampoco descansa. Asombra el intento de asalto con lujo de violencia al reconocido empresario local Juan Xacur, en su domicilio particular en Chetumal, donde fue herido con un arma punzocortante.