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La respuesta inesperada al intento golpista

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Miryam Gomezcésar.

En la antesala del año nuevo, cuando el accidente aéreo que segó la vida de los ex mandatarios de Puebla, favoreció el intento de linchamiento al nuevo gobierno federal al que el sectarismo de sus opositores, se desahogó llamándolo “¡Asesino!”.

La irracionalidad de los interesados en generar el caos político en el país, llámese priísmo, panismo, prianismo, iniciativa privada o de otros grupos sectoriales (usted decida los nombres y apellidos, todos son conocidos), se observa en las contradicciones de origen: entre el radicalismo criticado duramente a la oposición y la actitud asumida en la actualidad ¿existe una verdadera diferencia?

Tal vez sólo en teoría. En la práctica es similar y no propone algo distinto, aunque representa diferentes intereses y visiones, comparte el mismo comportamiento en sus procedimientos como está demostrado.

El problema es la capacidad del Estado para contener los roces sociales e impedir que la tensión se convierta en agresión constante de los grupos de choque, y que su violencia se extienda y replique en los estados más vulnerables.  

La situación posterior al lamentable accidente de los exmandatarios poblanos, Rafael Moreno Valle y Martha Érika Alonso, terminó por mostrar la rudeza excesiva a la que son capaces, tras el agresivo recibimiento de la Secretaría de Gobernación, ex magistrada en retiro, Dra. Olga Sánchez Cordero, durante la ceremonia oficial a los cinco tripulantes fallecidos en el accidente, pero también visibilizó la capacidad de respuesta del sector que apoya al presidente.

Aunque el país no puede quedar varado por la obstaculización a cualquier intento de avance del proyecto del gobierno, sus detractores insisten en frenarlo ante una comunidad que observa la frialdad de quienes no se inmutan con las posibles consecuencias de una crisis política mayor, tan evidentemente forzada.

Los efectos en la violencia pueden ser desproporcionados si se considera la facilidad con que se azuza a los grupos que responden de manera inmediata a sus orquestadores (como se vio en el video donde da la señal Javier Lozano para que inicien los gritos contra la funcionaria responsable de la política interna), y la facilidad de cualquiera para adquirir armamento.

En este sentido cabe destacar que el séptimo país del mundo con más armas en manos de civiles es México, según los datos obtenidos de Small Arms Survey, que pueden consultarse en línea en (http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/T-Briefing-Papers/SAS-BP-Civilian-Firearms-Numbers.pdf).

Este dato es relevante si se considera el tipo de pertrechos, sobre todo cuando se habla de la delincuencia desatada. Si a esto se agrega la efervescencia política y la alteración por los intereses afectados, resulta inevitable pensar que los grupos de choque conocen la información y en consecuencia cabe preguntar si la apuesta de los opositores acaso es a este tipo de supuestas “soluciones”.

Los sucesos tienen un aire de acciones cuidadosamente concertadas. Encontrar el momento adecuado para pulsar fuerzas no fue difícil, la ocasión se dio no se sabe aún si planificada o no, sin embargo, la presentación oficial de la situación que guarda la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), que revela el sistemático robo de hidrocarburos desde sus ductos con huellas indiscutibles de los beneficiados, pese a las consecuencias ingratas para la economía, causó nerviosismo en la política.

Sin dar nombres, el simple pronunciamiento de que en el resultado de las indagatorias están involucrados altos mandos directivos del sector a los que ya siguen la pista, alteró los planes de muchos, entre ellos, evidentemente algunos interesados en derrocar al gobierno presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Enviar operativos militares a las entidades desde donde se extraen clandestinamente más energéticos de las tuberías de PEMEX y la detención en el municipio de Otumba del Estado de México, de Erik Gabriel Coronel, uno de los líderes huachicoleros más importantes y poderosos del círculo rojo, parece un freno al despropósito.

Así, el ¡estate quieto! es un seco mensaje directo a los envalentonados. La detención del huachicolero, aunque atiza al avispero, también supone que en la declaración del mexiquense a las autoridades judiciales saldrán a relucir algunos nombres esperados, y el escándalo pasará a formar parte de un vergonzoso episodio que empaña aún más a los gobiernos que lo facilitaron.

No es casualidad que AMLO en su última conferencia matutina de prensa dijera que aunque él no le apuesta a empantanarse en perseguirlos, al modificarse el artículo 35 de la Carta Magna, serán los ciudadanos quienes decidan si se enjuicia a los exmandatarios y que serán las instituciones respectivas las que procedan en consecuencia.

Cerrar la fuente de financiamiento clandestino-electoral a los atrevidos, causa temor a los ciudadanos por la noción que se tiene de los límites de violencia con que los involucrados están acostumbrados a reaccionar cuando se trata de mantener sus intereses, acostumbrados como han estado a ejercer discrecionalmente esos recursos.

Ya con los ductos sellados y resguardados por las Fuerzas Armadas, el resultado pronto se verá reflejado en el proceso electoral que va a realizarse en el reinado del huachicoleo o sea, en el Estado de Puebla, donde no reina precisamente la paz.

Para el gobierno de Quintana Roo, es una situación sin duda complicada porque el Gobernador morenovallista Carlos Joaquín González estaba tranquilo, en su intervención en la Conago, ya había manifestado su disposición a trabajar en absoluta coordinación y armonía con el Gobierno Federal.

Sin embargo, a punto de realizar su elección intermedia -en junio próximo- y, tras el anuncio del robo del siglo en PEMEX, el panorama ¿cambió?… un dilema complicado cuando ser prianista, panista, perredista o emecista, significa ser oposición de la Federación y convertirse al morenismo es una decisión muy delicada.

La gestión estatal ha sufrido varios descalabros en materia de transparencia, corrupción, seguridad y justicia; desafortunada por donde se mire y con poco tiempo para fortalecerla, su decisión de mantener intocados al conjunto de altos funcionarios con magros resultados lo deja mal parado para enfrentar una elección bajo las circunstancias del desplome del perredismo, el debilitamiento visible del panismo y un partido de reciente creación que pocos conocen.

Sin embargo, el tema principal que es un inconveniente relevante de su gobierno es el aumento criminal que se niega a reconocer, y que ubica a la entidad con una cifra récord en el 2018, aunque, dicho sea de paso, es fenómeno destructivo del grado de inseguridad ha sido reconocido a nivel nacional e inclusive internacional.

En este contexto, los gobiernos no sólo han publicado estadísticas en diversos medios masivos, sino también países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Holanda, entre otros, han generado alertas para sus viajeros.

La incidencia del fenómeno mantiene a Quintana Roo y  Guanajuato en los primeros sitios de la estadística general según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Su crecimiento mayor al 100 por ciento es considerado alarmante.  

Por lo anterior surge la duda sobre la verdadera capacidad del llamado Mando Único, cuyos resultados a meses de asumirse ni son los planteados por el gobernador y mucho menos los deseables para un estado que depende del turismo, donde se han arraigado bandas criminales más violentas y despiadadas, que no se arredran con simples advertencias.

La afirmación de que los gobiernos municipales se someterán a este control a través de un decreto legal, ha sido tomada con reservas por los ayuntamientos de Solidaridad y Benito Juárez, donde se encuentra el grosor poblacional.

Los regidores del Cabildo del Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) externaron su rechazo a los términos de la propuesta de convenio presentado por el gobierno estatal para avalar la coordinación del Mando Único, aseguraron que ésta será discutida en los primeros días del 2019.

“Lo estaremos votando en la primera sesión de cabildo del año entrante”, explicó Humberto Aldana tras asegurar que los regidores del Morena en el Cabildo de Benito Juárez, no están convencidos de aceptar los términos del convenio por considerar que el documento propone sumisión o sometimiento al poder estatal, cuando inicialmente se habló de un esquema de coordinación sin subordinación.

En Solidaridad, su alcaldesa Laura Beristain se mantiene firme en rechazar al Mando Único y preferir a la Policía Turística en ese municipio vacacional donde sus visitantes llegan a divertirse, ha dicho que cuando se encuentren en estado de embriaguez o drogados, es necesario que los agentes ayuden a conducir a los turistas a su centro de hospedaje, sin riesgo.

En este sentido y con un proceso electoral a punto de iniciar, tener el control operativo policíaco es claro que no representa una garantía de seguridad y sí representa un lastre para el gobernador, los alcaldes y el panismo.