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En Quintana Roo, el que la hace ¿la paga?

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Miryam Gomezcésar.

La carrera por las candidaturas a las diputaciones locales en Quintana Roo, está a todo lo que da. En el camino se buscan los asuntos más atractivos que atraigan el morbo de la comunidad. La astucia de los aspirantes y partidos es pareja, el estado de derecho pasa a segundo término.

Esta semana, como es lógico, los temas dominantes fueron los tratados en las conferencias de prensa matutinas del Presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional, con un ritmo de trabajo tan acelerado que hasta el más joven se cansa (a las 7 de la mañana ya instalados en el salón destinado para esos eventos).

Cuando se observa la agresividad con que se trata al mandatario, se entiende también el tamaño de intereses que está tocando para solventar los compromisos hechos en el marco de las urgencias que se han multiplicado o mal atendido y han derivado en el avance de la delincuencia.

Si como presidente electo, en defensa de su proyecto AMLO aseguró que no sería florero de los empresarios, ya como Constitucional y con relación al asesinato de periodistas reafirmó: “Tengo las riendas del poder en las manos. Hay gobierno para darle seguridad y protección a los mexicanos”.

A cada paso un obstáculo y varios desde su cercanía jalan para otro lado. La situación lo amerita, es momento de reunir a los integrantes de su equipo más cercano para hacer un primer balance. Es necesario porque se trata de un grupo sólido que no puede permitirse el lujo de fallar y menos, por un asunto comunicacional.

La crisis de inseguridad en el país es heredada de los malos gobiernos y las peores causas ligadas a las mismas prácticas de corrupción, tráfico de influencias y la impunidad garantizada. Esquema que se repite en la mayoría de los rincones del país.

Es urgente poner un alto, no únicamente por el avance del crimen organizado sino por los nuevos gobiernos que, al asumir como distintos, se han convertido en lo mismo rápidamente creando  desconcierto y decepción porque repiten aquellas cosas que en campaña aseguraron repudiar.

El tejido social tan deteriorado requiere atenderse con seriedad, prontitud y disciplina. La justicia se debe aplicar donde sea y a como dé lugar,  por tratarse de una circunstancia que se pudo frenar y nadie quiso atender a fondo. Hoy se trata de una  causa urgente porque la agresividad en la convivencia social es tal que cualquiera se siente capaz de violentar a los demás con facilidad basados en las llamadas ‘palancas’ que tienen en los gobiernos, que permiten el tráfico de influencias y garantizan impunidad.

En este contexto, cuando el país está inmerso en un mar de anomalías administrativas, la reunión de los gobernadores con el presidente para limitar el servicio de los llamados superdelegados, no hizo sino demostrar que, ante la gravedad del asunto, resulta complejo generar acuerdos.

Por un lado la economía, por otro el jaloneo por la moderación de los ingresos en el Poder Judicial, cada asunto de interés nacional es un jalón que tensa más la liga y para colmo, tener que lidiar con mandatarios que exigen mucho sin garantizar mejores resultados.

En este sentido, un ejemplo en los cientos que hay en el estado, es el violento episodio sucedido el domingo anterior en Chetumal, por la brutal paliza (no encuentro un adjetivo más adecuado) propinada a Addisabel Pupo Núñez, víctima del barbaján Noel Jesús Castro Santelis, quien ya cuenta con una orden de aprehensión y se supo que huyó con destino desconocido, es considerado prófugo de la justicia.

Hasta que fue escándalo intervino la Fiscalía General de Quintana Roo para dar su versión y explicar sobre todos los protocolos de Atención Médica, Psicológica y Jurídica a Mujeres, Niñas y Niños, víctimas de violencia aplicados a la víctima.

El tema que nos ocupa es la impunidad y el tráfico de influencias que permitió un hecho tan lamentable. Los elementos de la policía estatal que atraparon al victimario, los retuvieron -según los datos oficiales- un par de horas antes de presentarlo ante el juez calificador a rendir declaraciones para levantarle cargos por “alteración del orden por estar en estado de ebriedad” por lo que pagó una sanción administrativa mínima y lo dejaron en libertad, como Pedro por su casa.

Cuando el problema escaló, se generó una secuencia de movimientos de organizaciones civiles que se manifestaron para exigir justicia y que se incluya la Alerta de Género en el municipio de Othón P. Blanco como ya sucede en Cozumel, Solidaridad y Benito Juárez.

Las prontas autoridades del Mando Único y del Instituto Quintanarroense de la Mujer convocaron a conferencia de prensa para informar que ya se había separado de su cargo a los elementos que liberaron al agresor. Los partícipes en el desaseo procesal, son la parte más delgada del hilo. El tráfico de influencias existe desde el momento en que ellos simplemente obedecieron órdenes de  algún mando superior al que no se ha tocado ¿Qué habría de por medio?

Aunque este caso no es aislado y posteriormente otros dos más pero fatales sucedieron en Playa del Carmen, donde fueron encontrados cuerpos asesinados de las mujeres con señal de violación.

La presión del escándalo hizo que, desde el congreso local al federal, los legisladores alzaran la voz, pero más allá de las recomendaciones al gobernador y la petición del establecimiento de la Alerta de Género,  el tema es mucho más profundo y tiene un antecedente inmediato igualmente violento que ningún legislador tuvo tiempo de atender como es el caso del habitante de Playa del Carmen que sufrió agresiones de un vecino cuando le reclamó porque su perro se metió a su casa.

Tras mucho peregrinar, un grupo de personas se presentó a la casa de transición en la calle de Chihuahua de la colonia Roma, con la víctima en camilla porque por esa agresión el ciudadano Roberto González quedó cuadripléjico en febrero del 2017, sin recibir el apoyo necesario. Es el difícil tema de la convivencia social, cada vez más sensible.

Pero todo se politiza, y aunque Carlos Joaquín desde su campaña por la gubernatura dijo que “El que la hace la paga”, los yerros del equipo de Seguridad Pública y de la Fiscalía han hecho de éste un punto de inflexión muy delicado.

Así, por entrar a partir de enero en el proceso local electoral intermedio, lo que suceda en la comunidad será utilizado o se intentará utilizar con ese único fin, de ahí que si no hay suficiente presión, una vez ocurrida la jornada electoral, para los políticos y en los gobiernos, los asuntos perderán importancia.

Para contextualizar, bastará con recordar que Carlos Joaquín González logró triunfar con la alianza PAN/PRD/MC, pero, en la reciente presidencial, esa alianza fue insuficiente para arrasar como lo hizo el Morena.

Carlos Joaquín y su grupo no lograron consolidarse. El triunfo de AMLO diluyó el propósito del gobernador de controlar la elección, por ende, si perdió su voto duro que se suponía tener en Solidaridad, donde el triunfo de la Morenista Laura Beristain terminó con su sueño de continuidad.

Es la única en rechazar al Mando Único en el control de la Seguridad Pública. Su as bajo la manga son todos los expedientes correspondientes a la gestión de la ex alcaldesa Cristina Torres, por cierto, muy útil información para negociar con el mandatario que le ha puesto todas las trabas sin lograr doblegarla.